Siguiendo la línea de pensamiento que he expuesto a los amables lectores que me han seguido desde hace más de un año en esta columna, tribuna periodística virtual en la que he manifestado mis inquietudes e insatisfacciones con lo que va ocurriendo en este convulsionado, caótico y desalentador mundo moderno.
Europa, lo he dicho varias veces, tiene aún reservas económicas, culturales, históricas y sociales para seguir siendo el modelo de vida más hermoso y menos estresante muy a pesar de los conflictos, actos de terrorismo y barbarie que la han aquejado en los últimos años.
Estados Unidos, no se recupera bien de su maltrecha economía y en cuanto a lo cultural su paradigma de vida cotidiano de los gringos está lejos de ser siquiera un pálido reflejo de lo que ha de ser una vida digna y satisfactoria de sus nacionales. Hace muchos años el cuento del sueño americano se convirtió en una pesadilla para los casi 300 millones que habitan este extenso territorio de América del norte.
La China posmaoísta, que se entregó lujuriosa y desbordadamente a las prácticas del capitalismo avasallador y ultra materialista, resultó ser una farsa o mentira que el mundo y los mismos chinos se creyeron por muchos años.
Latinoamérica, inmadura y dependiente como lo es de la potencia del norte, de Europa y de otros países asiáticos, anda a la deriva y sus instituciones nunca habían estado en su más grande grado de deterioro, como lo está en estos primigenios años del siglo XXI.
El panorama político e institucional de Latinoamérica es desolador: Venezuela y Brasil están en el despeñadero de sus instituciones. Colombia, que presume hace mucho tiempo de ser una democracia estable, ha devenido basurero institucional, aún cuando el timonel del barco que se hunde anda por el mundo diciendo lo contrario y celebrando desde ya un posconflicto cuando apenas se está llegando a un preacuerdo con el grupo de las Farc para dar por terminada una guerra civil de medio siglo de existencia.
Entre tanto, el único soporte viable de una democracia, la justicia, se encuentra en el abismo del caos de la burocracia, la corrupción y el desprestigio, lo que se refleja en las tesis expuestas por los altos dignatarios de los administradores de la ley frente al proceso de paz, cuyo aporte ha sido mínimo y quienes debieran ser los mentores jurídicos del mismo, más que servir de trabas, los presidentes de las cortes, argumentando conceptos jurídicos que lejos de aclarar el galimatías y embrollo legales del pacto gobernó-Farc, están creando confusión.
Capítulo aparte merece el análisis de un magistrado del Consejo de la Judicatura, el desprestigiado y poco creíble órgano rector y gestor del desempeño de la rama judicial, respecto de la justicia transicional y el órgano encargado de administrarla con motivos de los acuerdos finales de la mesa de La Habana.
Históricamente, las cortes han sido en los acuerdos de paz firmados en Colombia con otros grupos insurgentes, el soporte legal e institucional de los mismos. El que en estos años se lleva con las Farc, ni la Suprema, ni la Corte Constitucional, han hecho muchos aportes; contrario sensu, se han convertido en relegadas y marginadas a las que ni se les consulta, ni se les tiene en cuenta y la última no sabe qué rumbo tomar, pues su autoridad se haya profundamente lesionada por las pugnas internas y sindicaciones de corrupción que no deben solamente contraerse a un problema individual de Jorge Pretelt, sino corporativa, como parece evidenciarse de toda la información que ha arrojado el proceso contra el ex magistrado Rodrigo Escobar Gil y el abogado litigante Víctor Pacheco.
Y respecto de la fiscalía, es poco lo que hay que agregar luego de la triste y vergonzosa despedida del ex fiscal Montealegre, que dejó la institución sumida en el más deplorable estado de postración, en el que para tener un cargo de fiscal delegado se requiere mucho lobby, poca erudición jurídico-penal y demasiada intriga politiquera.
Cinco lustros después de creado el ente acusador por fin la sociedad colombiana pudo conocer la podredumbre, intrigas políticas y formas ilegales de promover imputaciones, retrasar sindicaciones o feriar solicitudes de preclusión o absolución al antojo del búnker del barrio La Esperanza de Bogotá D. C. Lo ocurrido en el ministerio acusador tiende a empeorar a juzgar por la vergonzosa forma en que se ha llevado el proceso de elección del fiscal general para el nuevo período, en la Suprema Corte.
Ni en los últimos tiempos del Frente Nacional se veía una rapiña por la burocracia judicial más deprimente que la que hemos visto en la cúpula de la justicia patria, fiscalía general incluída. Conservadores, liberales, dirigentes del Centro Democrático, de Cambio Radical y hasta de la izquierda se creen dueños del destino de los jueces instructores de Colombia y estos con las cortes ya han acordado amordazar la justicia y dejarla totalmente al servicio de los apetitos burocráticos de unos y otros, lo que va en detrimento del ciudadano común y de a pie que queda a merced de una administración de justicia completamente desnaturalizada y amordazada.
El heredero jurídico y moral del más grande de las luminarias del derecho y de la justicia de las últimas décadas, el hijo del gran cultor del derecho penal de Colombia en mucho tiempo, el maestro Alfonso Reyes Echandía, el también estudioso y reputado abogado Yesid Reyes Alvarado, grande entre los grandes como jurista, terminó subyugado a la descastada clase política colombiana el malogrado día que aceptó ser Ministro de Justicia del camaleón político que es nuestro presidente y está gastando parte importante de su bien logrado prestigio profesional en el área del derecho criminal, en su campaña de aspiración a ser elegido Fiscal General de la Nación, de la mano de politiqueros en decadencia.
No puedo, por ello, más que pensar que Colombia se ha convertido en un basurero institucional semejante al que percibimos en Bogotá D. C. durante el período del alcalde Gustavo Petro, que fue la premonición de lo que vendría para nuestra justicia.
Cada día la historia de Colombia le da la razón a Fernando Vallejo cuando ha renunciado a ser hijo de Colombia a causa del muladar social, político, económico e institucional en que se convirtió nuestra nación, quienes, como lo dijera recientemente Moisés Wasserman, cambiaron los argumentos por las etiquetas, tengan éstos títulos de presidentes, ministros, fiscales o magistrados.
