Al final no se sabe dónde termina tanta reforma tributaria, aunque siempre se dice lo mismo: inversión social, tapar el hueco fiscal, pagar deuda pública, funcionamiento del estado, cerrar diques a la evasión, contentar a las calificadoras de riesgo de la banca privada internacional, satisfacer al FMI, o por cualquier razón de la economía internacional. Colombia se la pasa tapando rezagos o imprevistos que ocasionan más rezagos. Al final, poco para la nación salvo para aquellos que reciben beneficios tributarios que invierten en otros países y no en Colombia, dónde han construido su riqueza.
Se le miente a la ciudadanía en cada campaña presidencial cuando los candidatos dicen que no harán ninguna reforma. Es tarea permanente de los tecnócratas hacer reformas como respuesta a los acuerdos entre políticos y empresarios, a través de los cuales estos últimos financian las campañas electorales de aquellos que luego legislarán a favor de los empresarios. A su vez, los políticos logran libertad para succionar recursos públicos, donde una tajada grande va a sus bolsillos para financiar la siguiente elección. Además, capturan entidades desde las cuales aumentan exponencialmente su patrimonio por el expediente de la corrupción. Es decir, el estado es del 1% y de los políticos.
De esta manera, hay ineficiencia y cortoplacismo en el funcionamiento del estado y en las políticas de los gobiernos, y acuerdos no transparentes entre poderes. Las reformas tributarias se dividen en tres canastas: incentivos para el 1%, corrupción por evasión, y lo que sobra para inversión. Como diría alguien: así no hay plata que alcance, por eso las tributarias son bianuales.
Por el susto a perder electores, las reformas son pequeñas en cuanto a nuevos recaudos, aunque grandes en incentivos ociosos y costosos, sobre todo desde el primer gobierno de Uribe con las zonas francas y otros beneficios escondidos o de evasión, que son corrupción, pero que hacían parte de la “confianza inversionista”
¿Por qué tanta reforma?
Ya hablé de ineficiencia, cortoplacismo, y de favores de doble vía entre poderes, pero eso no explica la razón de fondo. Siempre se ha dicho de la necesidad de disponer de políticas de largo plazo dentro de un proyecto nacional de desarrollo. Esta es la razón de fondo.
Como no se tiene lo anterior para suscitar el cambio estructural (política de desarrollo productivo o de transformación productiva) para salir de la dependencia de los bienes primarios y de unas pocas industrias livianas de consumo; impulsar el cambio tecnológico desarrollando la ciencia, la tecnología, la innovación y la educación con el fin de elevar la productividad, mejorar la competitividad y diversificar las exportaciones con nuevas industrias y servicios de alta tecnología; abatir la inequidad y de paso la informalidad; priorizar el desarrollo sostenible y apostarle a la paz, las necesidades de los gobiernos son para la caja de sus cuatro años. Entonces, le dejan el problema del día siguiente al gobierno que viene, el cual repetirá el ejercicio, y así seguirá trascurriendo la vida económica de esta nación: día a día, con pocos sueños y pocas esperanzas para el 95% de la población.
Hacer políticas inteligentes de largo alcance conduciría a la prometida reforma tributaria estructural, a través de la cual se establecerían objetivos medibles en materia de empleo, inversión social, nuevas exportaciones, inversión en innovación, pago de más impuestos por parte de los más ricos, y a cambio el estado percibiría más recursos para alcanzar la tasa promedio de tributación de América Latina, algún día el promedio de la OCDE, y poner la productividad en verde, ahora en rojo, y así crecer más rápido y sostenidamente.
Entonces, si desaparecen pactos indeseables se supera la barrera mental del beneficio inmediato y de las políticas de cuatro años, se dejarían de lado tantas mentiras, excusas, y chambonerías en las políticas y en los pactos, porque se daría paso a nuevos desarrollos que abrirían ventanas de oportunidades, de inversiones y nuevos emprendimientos, que desplazarían las prácticas indeseables de corrupción y de tanta economía ilegal.
¿Qué debe contener la reforma?
Primero, retirar o evaluar los beneficios sectoriales, luego de que las políticas de desarrollo productivo y de ciencia, tecnología e innovación, definan sectores y/o actividades estratégicas para desarrollar la economía y la investigación. Hasta tanto esto no ocurra deben eliminarse o mantener unos pocos beneficios ligados a elevar la productividad para exportar o sustituir importaciones con el fin de fortalecer las complementariedades de las cadenas de producción que liderarán la reestructuración económica.
Segundo, los beneficios deben ser temporales, porque los sectores se transforman, llegan nuevas tecnologías, nuevas industrias y servicios. Nunca un beneficio sectorial es eterno o demasiado prolongado porque afecta los sectores, estanca la economía, y perpetúa pactos indeseables.
Tercero, establecer que todos los beneficios son temporales y sujetos a evaluación periódica para eliminar unos, mantener otros un tiempo más según nuevas necesidades y oportunidades de sectores clave, y sobre todo para crear nuevos incentivos en nuevos sectores y actividades avanzadas.
Cuarto, deben derogarse inmediatamente beneficios y facilidades para crear zonas francas, porque ahora no cumplen con la generación de empleos calificados, diversificar la producción y aumentar las exportaciones, crear, impulsar y atraer pymes y grandes empresas innovadoras, sobre todo industrias, aumentar la productividad con base en ciencia y tecnología, y estimular el surgimiento de una ola de nuevos emprendimientos inteligentes basados en I+D+i. Mientras un próximo gobierno diseña políticas correctas, las empresas ubicadas en las zonas francas deben pagar IVA, y parar la creación de nuevas zonas francas hasta tanto no respondan a las necesidades de transformación de la economía.
Quinto, para ilustrar con un ejemplo cómo funcionan los incentivos tributarios dentro de políticas correctas, miremos como incentivar y construir un sistema de industrias y servicios de salud.
Se dan incentivos temporales pero suficientes durante un tiempo determinado para crear industrias y servicios de salud de alta complejidad, hacer investigación básica y aplicada para elevar el grado de innovación y de complejidad, impulsar pymes y grandes empresas especializadas en el sector, dinamizar el surgimiento de nuevas empresas innovadoras vía incubadoras, aceleradoras de empresas, centros de innovación, fondos de capital de riesgo, parques tecnológicos, y consolidar y crear distritos de salud de alta tecnología. Los incentivos de nuevos sectores de elevada complejidad tecnológica no son los mismos que para sectores comunes y ya maduros cuya demanda viene declinando.
Sexto, En su reciente columna en el El Tiempo, José Antonio Ocampo, dice: “…. en el impuesto de renta las personas naturales pagan el equivalente al 1,2 por ciento del PIB, contra 8,1 por ciento en la OCDE, con el agravante de que la tasa efectiva de tributación tiende a disminuir para el 5 por ciento y aún más en el 1 por ciento más rico de la población. Por este motivo, la reforma tributaria debe prestar especial atención al impuesto de renta a las personas naturales de altos ingresos, especialmente los beneficios que reciben las rentas de capital (o no laborales en general) y ganancias de capital. Esas rentas deben ser gravadas, también el impuesto a los dividendos (incluso cuando se pagan entre sociedades). Así como frenar otras prácticas de evasión de los grandes dueños y de los altos ejecutivos con gastos de consumo,…..” Las prácticas mencionadas succionan inmensos recursos públicos, pero no generan nuevas actividades promisorias e innovadoras para modernizar y transformar la producción y la innovación, y llevarle nuevos ingresos al estado. Los beneficiados de tanta magia tributaria y de tanta libertad indebida, viven en una zona de confort sin necesidad de preocuparse de políticas que los pongan a pensar y a trabajar para la nación.
Séptimo, gravar las pensiones que estén por encima de los once o más millones de pesos mensuales, porque la idea de Duque y de Carrasquilla es que paguen un impuesto las de siete millones y de ahí para arriba, lo cual es irracional e inhumano porque siete millones corresponden a la golpeada clase media. En un país donde el 70% de la población no tiene pensión, a estos pensionados les toca asumir o apoyar muchas veces a familiares que no lograron jubilarse. Además, se afectaría aún más la demanda y se castigaría la reactivación, y sin saber a qué hueco perdido iría el recaudo del impuesto, como ha ocurrido con las privatizaciones y anteriores reformas.
