Con el dato oficial en mano sobre un disparo de la deuda pública colombiana a 65,6% del PIB por cuenta del coronavirus, el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, planteó que en 2021 se necesita una reforma tributaria que recaude 20 billones de pesos adicionales cada año, pero que, además, aumente el pago de impuestos por parte de las personas naturales.
De acuerdo con el documento que soporta el marco fiscal para el mediano plazo en Colombia, se estima que en 2020 la deuda crecerá 15,3pp frente a 2019, para cerrar en 65,6%, como resultado del choque de la pandemia del COVID-19.
Este crecimiento de la deuda responde tanto al mayor flujo de endeudamiento durante el año, como a efectos de valoración (por ejemplo, el tipo de cambio aportará 4,4pp), agrega ese informe.
Y, de acuerdo con el economista y exdirector de Planeación Nacional, el tipo de reforma tributaria que se adopte debe centrarse en aumentar la progresividad de personas naturales en el pago de gravámenes, lo cual solo será posible aumentando la base gravable y eliminando las exenciones que aplican a este segmento.
Igualmente, Mejía propone revisar exenciones tributarias a empresas al igual que las existentes para el IVA.
El Director de Fedesarrollo señaló que el proyecto tributario del 2021 debería ser la oportunidad para profundizar reforma tributaria 2016 en lo referente a impuestos verdes, pues, según él, hay espacio para generar recursos adicionales y al mismo tiempo dar señales de crecimiento económico sostenible con el medio ambiente.
Reforzar con inversiones
Pero el esfuerzo tributario sólo es una de las aristas hacia el equilibrio de las finanzas y la recuperación económica.
De hecho, Mejía explica que la inversión infraestructura jugará un rol esencial.
Por ello considera que el programa de infraestructura 5G y el proyecto metro de Bogotá, más un plan de choque en el segmento de pequeña infraestructura, como vías terciarias, mantenimiento de parques y carreteras, serán importantes para la reactivación del empleo.
En cuanto a la reducción de gastos del Estado, Mejía piensa que el espacio es limitado por la necesidad de cumplir con transferencias a territorios, así como con los salarios. Hay que optimizar pero no hay espacio fiscal, advierte.
Y sobre la venta de activos estratégicos, el experto insiste en que el estado solo debe tener propiedad en empresas que le generan rentabilidad.
Hay varios activos de los que la Nación debería deshacerse a través de la venta, pero eso toma tiempo y no es la solución de corto plazo, concluyó Mejía, en diálogo con El Economista.
