Desde nuestro punto de vista de independencia, la reforma tributaria ni es tan buena como dice el gobierno y sus más cercanos aliados, pero tampoco es tan mala como lo dice la oposición, ni tan vacía en materia de determinaciones.
Trae algunas cosas positivas, como la derogatoria de la Ley 2010 de 2019 que, concedía enormes beneficios tributarios y descuentos a los ricos de Colombia y al gran empresariado nacional e internacional y, por esa cuenta el país había perdido doce billones de ingresos.
Entonces, ahora deroga esa ley y se redireccionan esos millonarios recursos para dedicarlos a planes y programas sociales, especialmente los que existían antes de la pandemia y que se agudizaron durante la misma, como el ingreso solidario que esta vez va a beneficiar a 4,1 millones de hogares con una renta mensual de $160 mil hasta el 2022, la extensión hasta diciembre de éste año del subsidio a la nómina, mejor conocido como programa de apoyo al empleo formal, y los anteriores como el del programa al adulto mayor, familias en acción, y el programa de Matrícula Cero que le permitirá a jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 acceder gratuitamente a la educación superior pública, entre otros. Se requería eso y me parece positivo y por consiguiente lo apoyamos.
Se hace justicia también con los deudores del Estado a través de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal, que siempre tuvieron el mismo tratamiento tratándose de amnistías, plazos o renegociación de impuestos de los deudores tributarios, lo tenían los deudores de la UGPP, que también tienen derecho a acceder a esos beneficios. Que deben incluso multas superiores a sus patrimonios.
Pero en otros aspectos, le restó mucha regulación, por ejemplo, que se cree el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto a la riqueza para los colombianos que tengan más de cinco mil millones de pesos en patrimonio líquido que son cinco mil colombianos no más, para financiar programas sociales importantes como la Renta Básica Mensual, le faltó eso a la reforma tributaria. Hubiera sido una buena oportunidad el impuesto a la riqueza que, lo utilizó el gobierno de Uribe para la seguridad democrática y Santos para atender la emergencia invernal de los años 2013 y 2014.
Serán 15,2 billones la meta de recaudo. Recursos que hoy requiere el país de forma urgente para atender la grave crisis generada por la pandemia y que afectó de manera contundente al aparato productivo y por ende la empleabilidad nacional.
Esta versión 2.0 de la reforma tributaria recogió en gran parte las inquietudes que causó las manifestaciones del paro nacional de abril pasado. Por lo menos, tuvo un mayor consenso entre las diversas bancadas y no fue un texto impuesto por el gobierno como sí lo hizo en su momento el entonces, no tan celebre ministro de Hacienda de la época, Alberto Carrasquilla.
Esta reforma por ejemplo no tocó la canasta familiar, no aumentó la base gravable del IVA para algunos productos básicos de primera necesidad y tampoco a las personas naturales, las declaraciones de renta no tuvieron modificaciones, que era la gran preocupación de empleados y quienes devengan salarios no tan altos, aspectos que sí estaban priorizados en el anterior texto.
Lo que podemos concluir entonces, es que las movilizaciones sociales y la protesta pacífica que generan presión a las decisiones del gobierno, sí sirven, en la medida en que la ciudadanía se una y se haga fuerte se hace también invencible, porque como bien dice el adagio popular ¡el pueblo unido, jamás será vencido! Y el resultado de esta reforma es una victoria de las justas reclamaciones sociales, aún queda mucho para lograr las grandes transformaciones que requiere el país, pero por algo se inicia, así que no hay que desfallecer.
