La Constitución de 1991 consagró a Colombia como un país “pluriétnico” y “multicultural”, reconociendo la diversidad étnica y cultural como una riqueza fundamental para la nación. Este reconocimiento implica una responsabilidad del Estado para garantizar la igualdad, la inclusión y la protección de los derechos de todos sus habitantes, especialmente de aquellos que pertenecen a pueblos étnicos y comunidades históricamente marginadas. De acuerdo con datos del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), citados en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026, la población negra, afrocolombiana, raizal y palenquera alcanza los 4.671.160 individuos, la población indígena es de 1.905.617, y la comunidad Rom está compuesta por 2.649 personas.

A pesar de los avances legislativos, estas comunidades siguen enfrentando situaciones de violencia histórica vinculada al conflicto armado, el despojo de tierras y la exclusión social. La lucha por sus derechos territoriales, la preservación de sus culturas y su acceso a oportunidades de desarrollo continúa siendo una batalla difícil, pues las estructuras de poder y las dinámicas de discriminación siguen afectando su bienestar y su participación plena en la sociedad. La protección y garantía de sus derechos debe ser una prioridad en el camino hacia una Colombia más equitativa e inclusiva.

Las disparidades se evidencian, por ejemplo, en el índice de pobreza multidimensional (IPM). Para 2023, el IPM de los hogares con jefes de hogar indígenas alcanzó el 37,1%, mientras que en las comunidades negras y afrodescendientes fue de 21,8%.

Estas cifras superan el promedio nacional de 12,1% y son mayores en zonas rurales, reflejando la exclusión estructural que experimentan estos grupos. Por otro lado, el mercado laboral muestra brechas similares. Entre febrero de 2024 y enero de 2025, el DANE muestra que la tasa de desocupación en comunidades afrodescendientes y palenqueras alcanzó el 12,9%, superando el 7,7% de la población indígena y el 9,9% de quienes no se identifican con ningún grupo étnico-racial.

La ocupación laboral de las poblaciones étnicas en Colombia se presenta como un desafío frente a la de la población no étnica, con una notable desigualdad en las tasas de participación. En particular, las mujeres afrodescendientes enfrentan un índice de participación laboral significativamente más bajo que sus contrapartes no étnicas, lo que refleja una brecha de género y de acceso a oportunidades económicas.

Según los datos, las ocupaciones más comunes para quienes se identifican como parte de un grupo étnico fueron en sectores como la agricultura, ganadería y pesca, con un 24,4% de participación, seguidas por el comercio, con un 13,9%. En contraste, la población no étnica mostró una mayor presencia en el comercio (18,1%) y en la agricultura (12,9%).

Nota recomendada: Miguel Uribe insiste en el Día Sin Iva

Esta distribución desigual de ocupaciones revela las limitadas opciones laborales que enfrentan las comunidades étnicas, a menudo relacionadas con actividades informales o de baja remuneración. Las barreras estructurales que limitan el acceso a empleos bien remunerados y estables, sumadas a la falta de políticas públicas efectivas para promover la inclusión laboral, perpetúan las desigualdades económicas y sociales de estas poblaciones.

Ante esta realidad, la Corporación para el Desarrollo de la Seguridad Social (CODESS) hace un llamado urgente a renovar los esfuerzos para erradicar el racismo y asegurar un trato justo y equitativo para todas las personas, independientemente de su origen étnico. En línea con los principios del Sistema de Naciones Unidas sobre diversidad, participación e inclusión, CODESS trabaja activamente para impulsar un cambio significativo. A través de investigaciones de campo, que involucran a diversos actores y grupos vulnerables, la entidad busca visibilizar los obstáculos y retos que enfrentan las comunidades étnicas, con el objetivo de generar conciencia sobre sus realidades.

Este enfoque permite a CODESS contribuir de manera efectiva a la promoción de políticas públicas que aborden de forma integral y sostenible las problemáticas sociales, económicas y culturales de estas poblaciones. De esta manera, la organización apoya la creación de acciones concretas que fomenten la inclusión, la igualdad de oportunidades y el respeto por la diversidad, esenciales para lograr una sociedad más justa y equitativa.