El Congreso de Perú ha aprobado este miércoles una denuncia constitucional contra la ex primera ministra Betssy Chávez por los presuntos delitos de rebelión y conspiración.
El pleno del Congreso ha decidido, con 66 votos a favor y 11 en contra, suspender a la congresista “mientras dure el proceso penal”, tal y como ha informado la Cámara Baja.
Betssy, durante el debate, ha criticado el trabajo del Poder Legislativo, al declarar que “es una arbitrariedad que el Congreso elija presidentes de la República por encima de la voluntad popular, infringiendo los procedimientos para la vacancia presidencial del propio reglamento del Congreso”.
Asimismo, se ha defendido de las acusaciones sobre su participación en el presunto golpe de Estado, explicando que “no hay ninguna acción ni elemento objetivo alguno que se vincule a lanzar en armas o conspirar con algún alto mando para tales fines”, recoge la emisora RPP.
DOS EXMINISTROS ACUSADOS
Además, los parlamentarios –con 57 votos a favor, 18 en contra y 10 abstenciones– han decidido admitir la acusación constitucional contra el que fuera ministro del Interior Willy Huerta, por presunta coautoría en el supuesto golpe de Estado de Pedro Castillo.
En tercer lugar, los legisladores también han tramitado la denuncia constitucional contra el exministro de Comercio Roberto Sánchez. Sin embargo, no le han suspendido de sus labores en el Congreso, ya que la votación ha registrado 21 votos a favor, 39 en contra y 18 abstenciones.
A principios de marzo, la diputada opositora Patricia Chirinos, de la bancada de Avanza País, presentó una denuncia constitucional tras difundir una grabación en la que presuntamente aparece Chávez en connivencia con el expresidente Pedro Castillo en los instantes previos al discurso formulado el 7 de diciembre en el que el mandatario anunciaba la disolución del Parlamento y un gobierno de excepción.
Aquel intento de Castillo por arrogarse más poder derivó no solo en su destitución, sino también en su ingreso en prisión. La llegada de Boluarte a la Presidencia ha estado marcada desde entonces por intensas protestas en las calles del país, que además han sido fuertemente reprimidas por la Policía, dejando un saldo de más de 60 muertos.
Entre las principales demandas de los manifestantes destaca no solo la salida de Boluarte de la Jefatura de Estado, sino también la disolución del Parlamento y la convocatoria de nuevas elecciones. El Congreso ha rechazado en varias ocasiones esta posibilidad, si bien la propia Boluarte se ha mostrado a favor de que se adelanten los comicios.
