La Organización Internacional del Trabajo (OIT) y ONU Mujeres han instado este viernes a los países de América Latina y el Caribe a avanzar hacia la ratificación de un convenio sobre la violencia y el acoso laboral contra la mujer, que han tildado de “esencial” para construir un futuro del trabajo “más digno, seguro y saludable”.
El convenio, el Convenio 190 sobre Violencia y el Acoso, que ha entrado en vigor este mismo viernes, sólo ha sido ratificado por seis países, tres de ellos latinoamericanos: Uruguay, Argentina y Ecuador.
“La región tiene la oportunidad de mantener su liderazgo en la ratificación de convenios del sistema normativo de la OIT”, han señalado las máximas autoridades regionales de la OIT y ONU Mujeres.
El Convenio 190 introduce una serie de “importantes” innovaciones, según la OIT y ONU Mujeres. Por primera vez se aclara lo que debe entenderse por violencia y acoso en el mundo del trabajo y se precisan las medidas que deben tomarse para prevenirla y abordarla y quién debe hacerlo.
Su alcance es, además, amplio. Aplica a todas las personas en el mundo laboral, el entorno y también a todos los demás trabajadores y trabajadoras, independientemente de su situación contractual, así como a aprendices, quienes hacen trabajo voluntario o buscan un empleo, entre otros. También las personas que ejercen la autoridad, las funciones y las responsabilidades del empleador caen bajo la tutela del convenio.
Asimismo, es aplicable a todos los sectores de la economía, incluyendo el sector público y el privado y la economía informal, tanto en el ámbito urbano como en el rural. Los países que han ratificado se comprometen a establecer mecanismos de prevención y protección, control de su aplicación, vías de recurso y reparación, así como orientación y difusión.
El convenio afirma que la violencia y el acoso “pueden constituir una violación o un abuso de los Derechos Humanos, una amenaza para la igualdad de oportunidades y que son inaceptables e incompatibles con el trabajo decente”, reconociendo que la violencia por razón de género afecta de manera desproporcionada a las mujeres y a las niñas.
“La violencia y el acoso son inaceptables en cualquier lugar y en cualquier momento, pero ahora debemos estar más alertas que nunca, pues el riesgo de violencia mayor en tiempos de crisis: el brote del COVID-19 ha sido un triste recordatorio de que eso puede suceder”, ha explicado el director de la OIT para América Latina y el Caribe, Vinícius Pinheiro.
“La frustración, la presión económica, el estrés pueden ser detonadores de violencia, con más riesgos para las mujeres trabajadoras. Además de una ser una grave violación de derechos, la violencia tiene impactos negativos sobre el empleo, condiciones de trabajo y productividad”, ha agregado.
La directora regional de ONU Mujeres para las Américas y el Caribe, María Noel Vaeza, ha recordado que “una de las primeras cosas que desapareció a consecuencia de la pandemia fue el empleo femenino, por el impacto que tuvo en áreas que suelen emplear principalmente mujeres, como el comercio, la hostelería y los servicios”.
Así, mantuvieron el empleo algunas de las que están expuestas a “violencias laborales” que “suelen ser invisibilizadas”, como el trabajo doméstico o el personal sanitario, con una mayor proporción de presencia femenina.
“El Convenio 190 no solo promueve espacios seguros en el trabajo, sino también reconoce que la violencia domestica afecta la participación de las mujeres en el mundo del trabajo, su productividad, su acceso al empleo y su salud”, ha sostenido Vaeza.
El ejemplo de Argentina
Los países cuentan con un año después de la ratificación para su entrada en vigor a nivel nacional. Esto les permite abrir un diálogo tripartito donde el Estado, los empleadores y trabajadores pueden examinar la legislación y la practica nacional y trazar una ‘hoja de ruta’ para llevar a cabo los cambios normativos, identificar los retos de aplicación y, sobre todo, fomentar los cambios culturales para un entorno de “tolerancia cero” a la violencia y el acoso en el lugar de trabajo.
Argentina, por ejemplo, ya ha iniciado este proceso. El Gobierno lanzó una Mesa interministerial, liderada por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, integrada por múltiples ministerios e institutos, y ha desarrollado un Plan de Acción para la aplicación del C190 que incluye consultas tripartitas, la elaboración de un anteproyecto para la aplicación del convenio, formación, sensibilización y generación de herramientas.
“Espero que los gobiernos se comprometan con el convenio, que más países lo ratifiquen y que se generen los mecanismos concretos para acabar con la violencia y el acoso en el trabajo, que, como sabemos, afectan de forma desproporcionada a las mujeres”, ha remachado Vaeza.
