El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, y la presidenta del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, Diana Atamaint, han acordado este lunes el envío de una Misión de Observación Electoral (MOE) a las elecciones presidenciales, legislativas y consultas del próximo 20 de agosto.
Almagro ha asegurado que la celebración de unas elecciones anticipadas son “un proceso electoral nuevo en Ecuador, que pondrá a prueba una vez más la fortaleza de las instituciones electorales ecuatorianas”, y ha llamado a la población “a estar unidos y a participar y defender en paz su democracia”.
“El proceso electoral se realizará en un tiempo récord de 90 días. Hemos puesto toda nuestra experiencia para organizar este proceso inédito e histórico y nuestro trabajo eficiente y compromiso con la democracia en Ecuador que debe garantizar transparencia. Nos honra que la OEA acepte la invitación para el despliegue de su misión”, ha asegurado Atamaint, según un comunicado de la OEA.
La MOE estará liderada por la ex vicepresidenta y exministra de Panamá Isabel de Saint Malo.
En las elecciones se elegirán al presidente, al vicepresidente y a los representantes de la Asamblea Nacional, además de presentar dos consultas populares.
Una de ellas es sobre mantener de forma indefinida y bajo el suelo el crudo de la iniciativa Yasuní-ITT, un compromiso del país para mantener indefinidamente preservado las reservas de 920 millones de barriles de petróleo bajo la Amazonía ecuatoriana.
La otra consulta decidirá si se aprueba la explotación de la Mancomunidad del Chocó Andino por parte de Minería Metálica.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, recurrió a mediados de mayo a la conocida como ‘muerte cruzada’, un mecanismo constitucional que implica la disolución de la Asamblea Nacional y la convocatoria de elecciones legislativas y presidenciales, argumentando una “grave crisis política” en el país derivada del juicio político en su contra.
El juicio se basaba en una acusación por blanqueo de capitales que deriva de un acuerdo firmado por la empresa pública Flopec y que, según la Contraloría, causó al país un perjuicio de unos 6,1 millones de dólares.
