Los condenados que Andrés Felipe Arias podría liberar

La Corte Constitucional se dará a la tarea de estudiar este miércoles una tutela del exministro de agricultura Andrés Felipe Arias, condenado a 17 años de prisión por la Corte Suprema de Justicia por el caso de corrupción de Agro Ingreso Seguro (AIS).

Con esta tutela, Arias está pidiendo que le den una segunda instancia, lo que ha motivado un debate nacional, porque su condena en el 2014 fue proferida por la Sala Penal en única instancia, ya que eran las reglas de juego que se aplicaban para ese momento y una decisión a su favor, podría generar una cascada de tutelas de personas que al igual que el exministro, fueron emitidas por el alto tribunal.

Alrededor de 300 sentencias consideradas como “cosa juzgada”, cobrarían la posibilidad de resucitar, porque la ponencia de la magistrada Diana Fajardo, podría tener un efecto mucho más amplio, pues cobijaría no solo a los aforados que son de competencia del máximo tribunal penal, sino a todos aquellos ciudadanos que hayan resultado condenados, sin la posibilidad de la revisión de su sentencia.

Para llegar a este punto, la magistrada Fajardo pide que se dé aplicación del artículo 31 de la Constitución que señala que, “todo colombiano puede impugnar su primera sentencia condenatoria, privilegiando la favorabilidad penal frente a la existencia de un fallo en firme”. Además, propone que mientras se tramita la apelación, la sentencia de primera instancia tenga un efecto devolutivo. Esto significa que la pena se seguirá ejecutando sin posibilidad de suspensión.

Si la Corte Constitucional acepta que el caso del exministro Arias tenga una nueva instancia, podría, además, darse la posibilidad de que salga libre, mientras se da el fallo, esto porque de inmediato se congelaría cualquier sentencia en su contra, lo que, según el excongresita Amilkar Acosta “podría habilitarle los derechos políticos que perdió en el momento en que se dictó su condena y la inhabilitación para ejercer cargos públicos de parte de la Procuraduría”.

El exsenador considera que esto le podría dar argumentos a su defensa, no solo para solicitar ante el Consejo de Estado la anulación del fallo del Ministerio Público que lo inhabilitó, sino además para acudir ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Con todo esto a su favor, Arias podría habilitarse para una nueva aspiración presidencial, porque no es claro, cuanto tiempo podría tomar la revisión del caso y su posterior fallo.

Como consecuencia de este posible escenario, más de 300 personas que fueron condenados en fallos de única instancia podrían seguir el mismo camino. Confidencial Colombia hace un repaso de los casos que ya fueron juzgados en única instancia por la CSJ, y que podrían pedir su revisión y posterior impugnación:

Proceso 8.000

Es el nombre con que se conoce a la investigación judicial que se inició contra el expresidente de la república de Colombia Ernesto Samper, al ser señalado de recibir financiación de parte del narcotráfico para su campaña presidencial. Se le denomina de esta manera al ser el número que le asigna la Fiscalía General de la Nación para dar con la verdad de los hechos.

Aunque el entonces primer mandatario fue absuelto por la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, algunos congresistas y funcionarios de alto nivel si fueron condenados. Entre estos se encuentran: Fernando Botero Zea, ex gerente general de la Campaña Samper Presidente , quien tuvo una condena de 42 meses ; Santiago Medina Serna, ex tesorero de la campaña, condenado a 64 meses; Juan Manuel Avella, ex gerente administrativo de la campaña, condenado a 78 meses; Alberto Santofimio Botero, ex senador liberal del Tolima, condenado a 54 meses; Jaime Lara Arjona, ex representante liberal de Córdoba, condenado a 60 meses; Rodrigo Garavito, representante liberal de Caldas, condenado a 7 años; Gustavo Espinosa, ex senador liberal del Valle, condenado a 50 meses; Álvaro Benedetti, ex representante liberal de Bolívar, condenado a 60 meses; Orlando Vásquez, ex procurador general de la Nación, condenado a 8 meses; Carlos Herney Abadía, ex senador liberal del Valle, condenado a 56 meses yManuel Francisco Becerra, ex contralor general de la República, condenado a 70 meses.

Pomaricazo:

Se conoce como el “Pomaricazo” al proceso por el cual se dio condena al expresidente de la Cámara de Representantes Armando Pomárico por utilizar recursos del Fondo Interministerial creado para solventar gastos de la Nación que no estaban incluidos en el Presupuesto General de la Nación, para pago de favores políticos con el propósito de que las iniciativas legislativas del Ejecutivo fueran aprobadas en el legislativo.

La primera decisión que tomó Pomárico consistió en ordenar que se lavara la fachada del Capitolio y pintara la baranda de los aparcaderos del Congreso por un costo de cinco mil millones de pesos, determinación que provocó la ira del entonces presidente Andrés Pastrana, quien llegó a proponer un referendo con la idea de cerrar el legislativo, lo que terminó por desatar una tormenta política que durante unas semanas puso en jaque la economía y la gobernabilidad del primer mandatario.

Pomárico tuvo que renunciar y fue remplazado por Nancy Patricia Gutiérrez y la plenaria de senado y cámara estuvo a punto de estrenar la figura de Moción de Censura sobre la cabeza de Néstor Humberto Martínez, quien fungía como ministro del Interior y a quien se señalaba de tráfico de influencias y prácticas clientelistas.

Tras este escándalo fueron condenados junto con Armando Pomárico a quien se le impuso una pena de 12 años de prisión, el representantes conservador Juan Ignacio Castrillón; Octavio Carmona representante del Partido Liberal condenado a 7 años y dos meses de prisión; Miguel Ángel Flórez Rivera representante sentenciado a 6 años y 6 meses de prisión y Darío Saravia Gómez condenado a purgar 7 años y 8 meses de prisión.

Escándalo de Emilio Martínez:

Se recuerda también el episodio que causó profundo alboroto mediático cuando el entonces presidente de la cámara de representantes Emilio Martínez, otorgó becas a 30 congresistas y asesores de los mismos, por valor de 165 millones de pesos. El Consejo de Estado lo despojó de su investidura al comprobar que además de lo anterior, le otorgó un millonario contrato al tercero de su lista a la Cámara de Representantes. Adicionalmente, el Alto Tribunal le ordena pagar 40 salarios mínimos mensuales legales, es decir más de 18 millones de pesos, y lo condenó a la inhabilitación perpetua para el ejercicio de funciones públicas. Lo anterior como consecuencia de la conducta descuidada que tuvo como Presidente de la Cámara de Representantes en 1999, con respecto a dos contratos para la adquisición de papelería y formas continúas.

Parapolítica:

Es el nombre con el que se le conoce al escándalo político desatado en Colombia a partir de 2006 por la revelación de los vínculos de políticos con paramilitares, con posterioridad al proceso de desmovilización que adelantaron varios de los grupos que conformaban las Autodefensas Unidas de Colombia.

La Corte Suprema de Justicia condenó en única instancia a un grupo de congresistas la mayoría integrantes de la coalición del Gobierno del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. Algunos de estos son:

Yidispolítica:

Es el nombre que recibió el escándalo desatado en abril de 2008 a raíz de las declaraciones de la exrepresentante a la Cámara Yidis Medina en las que admitió haber recibido ofrecimientos por parte de funcionarios del Gobierno de aquel entonces a cambio de su voto favorable al proyecto de reforma constitucional que permitió que Álvaro Uribe Vélez aspirara a un segundo mandato presidencial.

Yidis Medina fue condenada por estos hechos, lo mismo que los exparlamentarios Teodolindo Avendaño y Ómar Díaz Matéus. La Corte Suprema de Justicia le condenó además a 80 meses (6 años y 8 meses) de prisión a los exministros Sabas Pretelt y Diego Palacio, y a 60 meses (5 años) al exsecretario Alberto Velásquez.

Escándalo de las Notarías:

Este escándalo se dio luego de que se conociera de la entrega de notarías a cambio de favorecer la reelección del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez. El hecho produjo las condenas en única instancia del exsuperintendente de Notariado y Registro, Manuel Cuello Baute y del senador Alirio Villamizar.

Todos estos fallos en contra de quienes fueron señalados por cada uno de estos escándalos, algunos de los cuales tienen a sus protagonistas vivos, podrían ser revisados para con la idea de que sean impugnados si la llamada “Ley Arias” sobrevive a los debates que aún le faltan en el legislativo.

Carrusel de la Contratación

El mayor escándalo de corrupción en Bogotá se presentó durante la Alcaldía de Samuel Moreno Rojas, en donde sus protagonistas fueron el burgomaestre de ese entonces y su hermano Iván Moreno Rojas quien fungía como senador de la república. La Corte Suprema de Justicia le condenó a 14 años de prisión, mientras que sobre el exmandatario de la capital pesan tres condenas de manos de tres jueces de la república.