En un acto de protesta por la falta de atención a los posibles casos de acoso contra las mujeres al interior del Congreso de la República, un grupo de asesoras de oficinas de la Cámara de Representantes y del Senado, pintaron letreros en los espejos de los baños y dieron a conocer una carta, manifestando estar cansadas de un supuesto acoso por parte de funcionarios del Legislativo con determinado grado de poder.

Las firmantes de la carta aseguran que depositaron sus esperanzas que las Mesas Directivas del Senado y la Cámara, junto con la Comisión Legal para la Equidad de la Mujer, presentaron un protocolo bicameral con el objetivo de prevenir y atender la violencia de género en el Congreso, pero que, en el último período, cuando se debió implementar no se ha hecho nada al respecto.

«Esta ruta de atención se ha convertido en letra muerta. Según el «Informe Final del Protocolo», hasta julio de 2023 se reportaron nueve denuncias de agresiones (siete mujeres y dos hombres), y en 2024 sólo se registró un caso», dice el texto.

Estas funcionarias recuerdan el caso Tania Acero, quien denunció a un fotógrafo de la Cámara de Representantes por agresión sexual, asegurando que, a pesar de la denuncia pública, se vio obligada a renunciar por la presión psicológica de seguir compartiendo su entorno laboral con su agresor.

“La ruta de atención se quedó en el papel. Desde que denuncié en diciembre de 2024, sólo recibí una llamada y un correo sin indicaciones claras, y no he tenido ningún acompañamiento psicológico. Se supone que deben brindarme protección, pero en la realidad aún falta mucho para que cumpla su propósito”, afirma la denunciante Tania Acero.

El protocolo establece una ruta de atención con varios pasos que incluyen reconocimiento del hecho, contacto con los canales de denuncia, activación de una ruta de orientación psicológica y legal, y garantías de protección para la víctima. No obstante, la experiencia de las denunciantes demuestra que en la práctica este sistema no funciona.

De acuerdo con las firmantes de la carta documento presenta fallas estructurales como la ausencia de un mecanismo autónomo de investigación y sanción, la falta de medidas efectivas para garantizar el cumplimiento de órdenes judiciales y la carencia de un enfoque diferencial para poblaciones diversas. Además, no define con claridad las competencias institucionales. Por otro lado, las capacitaciones en violencia de género no son obligatorias ni evaluadas, y no cuentan con indicadores ni herramientas para medir su impacto o la reincidencia de casos.

Al respecto, la senadora María José Pizarro, quien participó en la elaboración de la ruta de atención para este tipo de casos cuando presidió la Comisión de la Mujer en el Senado, lamentó que no se haya implementado, ni se haya hecho nada al respecto.

«El Congreso se rehúsa a enfrentar y acabar con el acoso y abuso sexual y sigue siendo un espacio inseguro para las mujeres. Los mecanismos que dejamos instalados cuando fui presidenta de la
Comisión de la Mujer para atender y erradicar estas violencias, no han sido desarrollados», escribió Pizarro en su cuenta de X.

Las funcionarias del Congreso de la República que firman el texto son: Tania Acero, Sandra Vega, Paulina Beltrán, Mónica Acosta, Estefanía Villamizar, y Mónica Acosta,