La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha abierto una nueva investigación contra Colombia en el marco de los ‘falsos positivos’ por tardar en emitir una sentencia contra los autores de las ejecuciones extrajudiciales de tres jóvenes en el país.
La CIDH ha informado de una investigación contra Colombia por la violación de los derechos de tres jóvenes: los hermanos Wiflredo Alarcon y Fernando Acevedo, y Darwin Riascos, quienes fueron presentados como “bajas en combate” con disparos a quemarropa, durante los llamados ‘falso positivos’ por parte del Ejército en la región del Yopal.
Así, la comisión ha denunciado que “no se ha declarado sentencia alguna contra los autores materiales o intelectuales” de la ejecución extrajudicial de los tres jóvenes.
“Los cadáveres fueron notificados por los soldados como si hubiesen sido los de tres delincuentes que se dirigían en ese momento a cometer el delito de secuestro contra el propietario de una finca de esa zona. Los militares reportaron y declararon formalmente que los tres sujetos fallecidos les habían disparado primero a ellos, y que entonces habían respondido con sus propios fusiles al ataque”, ha señalado CIDH.
La CIDH ha decidido iniciar la investigación porque, después de 17 años de estos hechos, “el proceso iniciado por sus muertes sigue inconcluso y suspendido, sin que se haya juzgado o determinado una justa sanción contra todos los responsables, ni mucho menos indagado sobre los posibles responsables intelectuales del crimen dentro de la cadena de mando militar y civil”.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia cifró en febrero en 6.402 los ‘falsos positivos’ –civiles asesinados por militares para ser presentados como guerrilleros abatidos– ocurridos en el país latinoamericano desde 1988, un recuento que excede en 4.154 los reconocidos por la Fiscalía.
Así se desprende de la investigación interna de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, conocido como Caso 03 y cuyo nombre técnico es ‘Muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado’.
El junio de 2018, la JEP recibió el expediente de la Fiscalía, donde se contabilizaban 2.248 víctimas de ‘falsos positivos’ entre 1988 y 2014. La investigación del tribunal de paz, que se ha extendido durante dos años, eleva esa cifra hasta los 6.402 y, además, las ejecuciones extrajudiciales habrían ocurrido en un período temporal más corto, entre 2002 y 2008 –los primeros seis años de mandato de Álvaro Uribe–, según los datos recogidos por la prensa colombiana.
