Lo más probable es que la “independiente” junta de Ecopetrol “tomó” la decisión de comprar ISA, no por razones de oportunidad y conveniencia estratégica analizadas desde años atrás, sino obedeciendo a la orden del Ministerio de Hacienda, que funge como dueño mayoritario de la empresa, que necesitaba tal operación para cubrir los gastos de la pandemia y el apetito imparable de un Gobierno que prometía ser austero, pero que como todos, una cosa es lo que prometen en campaña y otra muy diferente es la realidad cuando se encuentran en el poder. El juicioso análisis que recojo ha sido hecho por el ingeniero Julián García, experto en el sector de hidrocarburos, quien plantea una problemática de fondo en la joya de la corona, que debe mantenernos con las alarmas prendidas recordando un pasado reciente con grandes fracasos y escándalos de corrupción que nos debe seguir preocupando a todos los colombianos.
A raíz de la presentación en 2013 de Colombia en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico – OCDE – y adhesión en 2020, y en cumplimiento del compromiso de tener buenas prácticas en el gobierno corporativo de las empresas estatales, y en el sector energético en particular, debieron salir de la junta directiva de Ecopetrol los representantes directos del Gobierno Nacional (MinHacienda, MinMinas y DNP) para ser reemplazados por miembros independientes, y así lograr una gestión “independiente” de la empresa, alejándola del manejo político y preferencias del gobierno de turno, para que tomara sus propias decisiones y no fuera una dependencia adscrita a la cartera de hacienda, léase el Gobierno Nacional, como propietario mayoritario a nombre de los colombianos.
Es necesario recordar que en cabeza de Ecopetrol se encuentra entre el 70% a 80% de la producción de petróleo y de gas del país, el 100% de la refinación y el 90% del transporte de petróleo, lo que representa del 35% al 40% de los ingresos del Gobierno Nacional y el 80% de las regalías en el país. Es cuando menos curioso que semejante relevancia vaya a estar desconectada, aún más de lo que ya estaba, de los responsables del manejo fiscal del país. En la historia reciente se puede afirmar que Ecopetrol siempre había sido una rueda medio suelta. Recuérdense el caso más abultado de corrupción en el país como fue Reficar, que aún no se resuelve, o el tremendo fracaso de Bioenergy, Savia en Perú, que sumados representan miles de millones de dólares perdidos, en donde al parecer, a los ministros no les hacían caso; queda para la memoria la manoteada del exministro Echeverry, que en su momento era el presidente de la junta, reclamando airadamente por el descalabro de Reficar.
No hay mucha coherencia en pretender que los altos funcionarios que manejan la economía y la energía del Gobierno y que representan al dueño de la empresa de la cual depende tan alto porcentaje de las finanzas del país, se encuentren alejados de la minucia y del control que solo podrían tener estando en la junta. En los negocios se conoce bien y se sigue el proverbio que el “ojo del amo engorda al caballo”. El “amo” aquí se puede alejar porque es dinero público y solo es doliente y se hace sentir cuando necesita muchos recursos monetarios para cuadrar sus finanzas, con el peligro que no tenga en cuenta, o no le importe, las consecuencias de sus drenajes a la empresa.
Por una parte, la desconexión es evidente con la nueva gobernanza: mientras Ecopetrol está invirtiendo USD 1.300 millones en E&P (Exploración y Producción) de gas natural en los próximos 2 años para abastecer al país (según anuncio de su presidente Felipe Bayón), una inversión que se le puede asignar al MinHacienda como dueño de la empresa estatal, y a la par el MinMinas está pretendiendo, invertir a nombre de los usuarios otros USD 1.000 millones para construir una nueva infraestructura para importar gas por el Pacífico, con el argumento de que no hay ni gas ni infraestructura. O sea, MinMinas apuesta a que los USD 1.300 millones de inversión de Ecopetrol (o sea de MinHacienda) se tiren a la basura. Al menos, antes de la nueva gobernanza, cuando se encontraban en la junta de Ecopetrol ambos ministros tenían que hablar sobre la política de hidrocarburos; ahora todo indica que hay una enorme incoherencia en las entrañas del Gobierno con unas cifras demasiado grandes en juego. Hoy Ecopetrol paga montos considerables a TGI por el uso del gasoducto desde La Guajira hasta Barrancabermeja, que está casi desocupado y que se podría usar para la importación de gas natural por el Atlántico, mientras que MinMinas pretende hacer otros nuevos gasoductos para importar por el Pacífico y que los usuarios lo paguemos con el aumento correspondiente en la tarifa. Cada uno por su lado, como si no tuvieran que concertar la política sectorial. El problema es que los errores de esa descoordinación, y los muchos más que surgirán si seguimos así, los vamos a pagar todos mediante las tarifas o más impuestos. Una verdadera irresponsabilidad, cuando menos, al más alto nivel.
Pero por otra parte y simultáneamente, la “independencia” de la junta parece solo de papel. Ecopetrol compró a ISA como medida urgente para arreglar las finanzas gubernamentales ante las necesidades de la pandemia y la negativa del Gobierno de apretarse el cinturón. Al presentarlo como una compra estratégica solo plantean una burla a la inteligencia de los colombianos; o a su ignorancia. Este negocio, el más grande en el país en muchos años, fue concebido, planeado, y ejecutado por el MinHacienda (el exministro Carrasquilla) y la junta “independiente” siguió sus instrucciones. Un endeudamiento público del Gobierno disfrazado de endeudamiento empresarial de Ecopetrol por USD 3.673 millones a través de esta nueva “jugadita”, de las que nos tienen ya acostumbrados en la temporada Duque.
Los conflictos de interés Ecopetrol-ISA que se crearon en la compra solo revelan lo poco estudiada que esta inversión “estratégica” se hizo en la junta y por supuesto, también en el alto Gobierno. Los gremios del sector eléctrico ya urgieron al presidente Duque que resuelva los conflictos de interés que no calcularon ni los independientes de la junta ni los dos ministros involucrados y desconectados. Para ilustrar el tema: Ecopetrol consume más de 1.000 MW de electricidad, de los 16.000 MW instalados en el país y de los 12.000 de consumo, o sea que esta empresa estatal consume poco menos que el 10% de toda la electricidad, siendo el mayor consumidor de energía de lejos; gran parte es autogenerada para su consumo podría vender los excedentes a la red, en la cual juega ahora como administrador del mercado por ser dueña de XM. Un franco, flagrante y gigante conflicto de intereses en el mercado eléctrico nacional que obviamente tenía que haber sido considerado por la junta “independiente” y resuelto antes de semejante inversión. Para empeorar las cosas, es también el mayor consumidor de gas, 25% del total, mientras que otro 25% del gas lo consumen las plantas térmicas que generan electricidad, y cuyo producto va al 100% por la red que maneja ISA.
ISA, por su parte, venía diversificándose, siguiendo su definición estratégica de jugador en negocios lineales como carreteras y cableados ópticos, en los cuales, por la definición estratégica en Ecopetrol de jugador en negocios de energía no cuadra en nada. Ecopetrol en Perú tuvo un descalabro llamado Savia, de importante monto que no ha salido a la luz pública y que pese a que involucra dineros públicos han mantenido de forma confidencial, el mismo por el que vetó a ese país para cualquier inversión en lo sucesivo. Al adquirir ISA, ahora es el dueño del 65% de la red de trasmisión eléctrica del Perú. Sería interesante conocer cuál fue el análisis estratégico de la junta al respecto y el plan trazado para resolver las incoherencias derivadas de la compra.
Sobre la junta de Ecopetrol, integrada por prestantes personas vinculadas a otros sectores de la economía, en su mayoría economistas y abogados reconocidos pero sin experiencia en el negocio petrolero, ni del de gas y ni en el eléctrico, que son intensivos en capital y de altísimo riesgo, quienes han sido nominados y nombrados en últimas por el Gobierno Nacional; es decir, los ministros no están pero a los miembros los pone el Gobierno, y a esto le llaman independencia. Los beneficios de la buena práctica que buscaba la independencia sugerida por la OCDE era que las decisiones privilegiaran los intereses de la propia empresa y no los de su dueño, ni obedeciendo a ninguna otra presión externa a la misma. No fue así en la compra de ISA. Así las cosas, lo bueno de tal independencia no estuvo presente en esta decisión del MinHacienda (y no de la junta), y lo malo, la desconexión de las políticas energéticas en el país que se está sintiendo en el medio. Como dice el usado refrán, con el pecado de no ser independiente y sin el género al producir más problemas de los que soluciona.
@refonsecaz – Ingeniero, Consultor en Competitividad.
