Diversas organizaciones de personas consumidoras de nicotina han instado al Gobierno de Colombia para que a través del Ministerio de Salud, escuchen sus recomendaciones en la reglamentación de productos asociados a este químico.
La invitación también fue dirigida a los gobiernos de Chile y Argentina en una misiva donde solicitan tener en cuenta la voz y los derechos de las personas consumidoras y la evidencia científica sobre los sistemas electrónicos de administración de nicotina, de administración sin nicotina y los productos de tabaco calentado cuando se esté debatiendo sobre su regulación.
Sin embargo, las organizaciones indican que si bien la carta a dichos gobierno fue enviada el pasado mes de enero, hasta el día de hoy, no han recibido ninguna respuesta por parte de las instituciones a quienes iba dirigida la carta, es decir, ningún ministro o viceministro de salud de Colombia, Chile o Argentina dieron respuesta o mostraron interés por el tema expuesto en la misiva.
“Las asociaciones enviamos dicho documento debido a que se llevaría a cabo la 148va reunión del consejo ejecutivo de la OMS y se trataría un tema de gran interés para nosotros: Regulación de productos de tabaco y nicotina. Propusimos regular de manera diferenciada, balanceada y proporcional al riesgo de cada producto, solicitamos la inclusión del enfoque de reducción de riesgos y daños, el reconocimiento del derecho de participación de las personas consumidoras de nicotina, así como la inclusión de innovaciones tecnológicas para mejorar la calidad de vida de las personas consumidoras, los terceros afectados y la sociedad en general”, precisan.
Así mismo, dichas organizaciones precisan que con su petición buscan que los Estados tengan un control sobre los productos asociados a la nicotina y “generar un beneficio en la salud pública de los fumadores que en este momento no tienen otras opciones diferentes a los cigarrillos para consumir nicotina y recaudar impuestos que puedan ayudar a mejorar los ingresos de las arcas públicas”.
En la carta enviada en enero a los gobierno de Colombia, Argentina y Chile las organizaciones hicieron una detallada mención a diferente evidencia científica que según su criterio, “demuestra cómo estos productos de administración de nicotina y calentamiento de tabaco tienen un impacto favorable en salud pública y la calidad de vida de las personas que antes eran fumadoras y a sus círculos más cercanos. Además, estos productos se han convertido en una alternativa que permite reducir los riesgos y daños en las personas fumadoras, y en países como Japón han ayudado a disminuir las ventas de tabaco combustible de manera exponencial”.
¿Cuáles son los derechos de las personas consumidoras de nicotina?
Las organizaciones de personas consumidoras de nicotina manifiestan que tienen derecho a participar en la planeación, implementación y evaluación de cualquier regulación o política pública relacionada con este consumo.
“Deberíamos ser incluidos en la revisión de las regulaciones o prohibiciones que puedan tener impactos adversos en los usuarios de nicotina y su toma de decisiones. Es por esto que no consideramos conveniente que las instituciones públicas de cada país rechacen un documento en el que expresamos nuestro punto de vista y nuestros argumentos como consumidores”, apuntan.
Así mismo, precisan que tienen derecho a servicios en salud integral, disponible, accesible y diferencial dependiendo de las necesidades y las elecciones de cada usuario de nicotina.
“Estos servicios deben tener como centro de las estrategias al individuo y deben considerar la prevención, la cesación y la reducción de daño como enfoques de salud pública complementarios. Este derecho también significa brindar a las personas usuarias de nicotina, mayores de edad, la oportunidad de reemplazar los productos de tabaco combustibles por dispositivos de riesgo reducido como cigarrillos electrónicos, productos de tabaco calentado, snus, entre otros, ya que éstos pueden representar mejoras en su salud y su calidad de vida”, manifiestan.
De igual manera, dichas organizaciones señalan que tienen el derecho a la información objetiva y basada en evidencia, que permita la toma de decisiones e incluso el empoderamiento de las personas usuarias de nicotina frente al manejo, exigencia y distribución de esta información. Este derecho también está relacionado con la regulación diferenciada, debido a las acciones de políticas públicas que generen difusión de información. Finalmente, hacen referencia a los derechos del libre desarrollo de la personalidad ampliamente reconocido y protegido; y la protección contra la discriminación y el estigma por el uso de nicotina.
“Conocemos los riesgos del consumo de tabaco (cáncer, enfermedades pulmonares, enfermedades cardiovasculares, entre otros), pero también sabemos que millones de personas no pueden o no desean dejar de consumir nicotina y están en todo el derecho de hacerlo. Es por esto que debemos desarrollar, implementar y ofrecer alternativas de menor riesgo para lograr una verdadera disminución de esas enfermedades”, precisan.
