Rafael Fonseca Zárate
Hace unos 7 años, a partir del resultado de una tarea en un seminario sobre Contratación Estatal en las carreras de ingeniería civil y tecnología de obras civiles en la UDES – Universidad de Santander, que el ingeniero profesor puso a sus alumnos para que vieran cómo se comportaban los procesos licitatorios en las entidades territoriales y públicas, observó que la inmensa mayoría sólo tenía un único proponente, lo cual llamó su atención debido a que además de profesor era directivo del gremio de profesionales de ingeniería, la Sociedad Colombiana de Ingenieros SCI. A partir de ese momento se descubrió el mecanismo de corrupción generalizado, hoy conocido como los “pliegos sastre” que consiste en que quien escribe el pliego pone condiciones que solo puede cumplir el amigo corrupto que va a ganarse la licitación.
Por la misma época, el gremio de los constructores llamado Cámara Colombiana de Infraestructura CCI, había trabajado en un observatorio de contratación pública para averiguar por qué sus afiliados no se ganaban los procesos, descubriendo el mismo comportamiento. Con el tiempo ya se sabía bien que las licitaciones estaban dirigidas desde antes de salir el pliego, y ya nadie perdía el tiempo en presentarse a los procesos, a no ser que estuviera ya todo cuadrado con el superior de la entidad estatal.
Lamentablemente esto podría achacarse a un mal resultado de la Constitución del 91, que, digámoslo coloquialmente, popularizó la corrupción, que ya existía desde luego, pero con un mando centralizado. En cuestiones legislativas tenemos la mala práctica de redactar las normas como si viviéramos en un mundo sin corrupción y después nos sorprendemos que pase lo que pasa. Eso es lo que la sabiduría popular dice “hecha la ley, hecha la trampa” que en este caso podría decirse que no es producto de sabiduría sino de ignorancia popular porque tal vez debería decir “hecha la ley, hecha la trampa, mal hecha la ley para que quepa la trampa”.
El mecanismo conocido ampliamente y denunciado múltiples veces en variados foros y medios, se ha sofisticado de tal manera que ya no son los alcaldes los que escogen a los contratistas sino que los contratistas escogen a los que van a ser los alcaldes financiándoles las campañas y estableciendo en forma temprana el modus operandi corrupto para desangrar la platica de los colombianos por esta vía. Hay que decir que esto es una generalización y que como toda generalización tiene valerosas excepciones. Pero también hay que decir que no es solamente en alcaldías, sino en todo tipo de entidades. Así no habrá desarrollo nunca, pero a esos poquitos que pelechan del Estado sí les va muy bien, y por ello cuidan su “forma de trabajar” como una verdadera mafia. Todo esto es bien conocido.
Del trabajo de varios años de la SCI[1] y de la CCI con el ex ministro de transporte Jorge Rojas, con los directores de Colombia Compra Eficiente, entre otros, para buscarle solución a los “pliegos sastre” salieron los llamados “pliegos tipo” para el sector transporte como antídoto a la posibilidad de que las entidades pudieran poner las condiciones a la medida de sus prefavorecidos, no sin pasar por un proceso tortuoso de debates en el congreso con micos y todo. Es lógico que este procedimiento no sea la panacea y no pueda anular completamente la corrupción en los procesos de contratación de obras públicas y muchas otras compras que hace el Estado, pero han demostrado en sus primeros dos años que funcionan suficientemente, a juzgar por el número de proponentes en las licitaciones. Hay que decir también que somos expertos en corrupción y salen nuevas formas de “sacarles el quite”.
Colombia Compra Eficiente CCE, es la entidad del gobierno encargada de dictar la normativa para que este mecanismo anticorrupción funcione. Es como un ministerio de compras que “tira línea” en la política estatal para que el país compre bien, con unas repercusiones enormes porque sus resoluciones deben ser interpretadas y acogidas en más de un millar de entidades. Comprar bien no sólo significa comprar sin corrupción, sino que la calidad y la mejor oportunidad de precio se garanticen en los procesos. Pero esto último, aunque teóricamente cierto, en realidad resulta un verdadero sofisma cuando se está ahogando el país en corrupción. La tarea de CCE debe estar muy enfocada a comprar sin corrupción, porque de lograrlo habrá comprado muy bien; solo basta consultar los estimativos de 50 billones de pesos (Contraloría, 2018) en que se mide la corrupción en el país. Cuestión de lógica elemental.
Pero en cambio, CCE se ha dedicado a idear pequeñas fórmulas para que, supuestamente, el Estado reciba más por menos. Incluso algunas han resultado en contravía de lo dispuesto en el marco legal específico de la contratación estatal. Pero como una resolución tapa otra resolución, la prueba y error ha sido el mecanismo predominante, y no una seria concertación con las fuerzas vivas que en este caso son principalmente los ingenieros contratistas que sufren las consecuencias de un marco licitatorio mal hecho. Es cierto que las palabras “ingenieros contratistas” puedan cubrir también a los corruptos, pero es obvio que son la inmensa minoría que cayeron en esas prácticas que deben ser paradas, erradicadas y sancionadas ejemplarmente. Pero como vamos, tal vez no llegaremos a eso.
En sus últimas pruebas y errores, la CCE ha ideado asuntos que no tienen el rigor necesario, como pretender calificar el factor de calidad de la oferta con ofrecimientos gratuitos (mayor número de cuadrillas, más tiempo de mantenimiento) que no tienen que ver con la calidad, y que pone en desventaja a la pequeña y mediana ingeniería que no los puede hacer y abre la posibilidad que dineros mal habidos ingresen a ser lavados con este mecanismo. Es una contradicción en la lucha contra la corrupción.
Ahora, la CCE va a sacar la primera versión de pliegos tipo para consultoría, que entre sus defectos, por ejemplo, insiste en calificar la experiencia sin distingo de qué complejidad tenga el proyecto. Para que se entienda bien, el diseño de un andén necesita una pequeña experiencia, lo cual le da el chance a los jóvenes ingenieros para que puedan acceder a estos trabajos; pero siempre perderán si no se pone un mínimo de experiencia requerida, y que de ahí en adelante la experiencia del proponente no de más puntos. Una regla errada así podría dejar sin trabajo a un número enorme de ingenieros que van ganando experiencia poco a poco, como toca, en obras pequeñas y medianas, y no favorecer solo a grandes firmas, o incluso a firmas extranjeras que solo traigan nombre y certificados, y que como ya sabemos, también pueden traer enormes problemas de corrupción.
Es simple, pero hay que tener experiencia en estos asuntos para comprenderlos, o la capacidad de escuchar para aprender con la humildad que solo tienen los sabios. El mejor legado que cualquier colombiano le puede hacer a su patria es eliminar la corrupción en la medida en que su alcance e influencia pueda. No se debe desperdiciar ninguna oportunidad. Y el alcance de CCE es enorme y el país está esperando que los resultados de su trabajo sean proporcionales a semejante responsabilidad.
*@refonsecaz – Consultor en competitividad e ingeniero miembro de la SCI.
[1] Para ver la historia completa y detalles interesantes se puede consultar la revista Anales de Ingeniería, edición 936, “Así está el país en contratación”, y el artículo “La transparencia: si pega, paga, caso exitoso de Bucaramanga”, Rodrigo Fernández.
