Los críticos de la COP26 en Glasgow dicen que los países expresaron solo buenas intenciones y promesas, pero pocas intenciones de cumplirlas. Ayer, “cerca de 200 países aprobaron en la COP26 acelerar la lucha contra el cambio climático y esbozar las bases de una futura financiación, sin garantizar el objetivo de limitar el aumento de la temperatura mundial a +1,5ºC” postergando nuevamente las decisiones fuertes que se deberían haber tomado (Red+, 2021).
También Colombia se cuenta entre los países que emitieron ese tipo de promesas para ayudar a frenar el cambio climático y que lo más probable es que no podrá cumplirlas: por ejemplo, el presidente prometió aumentar el área protegida (“bajo alguna figura de protección”) al 30% del todo el territorio nacional para 2022 (adelantando la meta mundial propuesta para 2030) pero difícil de lograr si se tiene en cuenta que hoy solo tenemos del 12% (El Espectador, 2021) y con problemas graves que hacen que no se tenga real gobierno del Estado sobre esas áreas y que presentan bosques arrasados para sembrar coca o usar en ganadería extensiva, ambos inmanejables en la práctica por nuestras pocas posibilidades de éxito militar en el primer caso y político en el segundo por la influencia del gremio ganadero.
La transición energética sí tiene ya el trazado de la política pública (ver en artículo anterior) y hay que ser optimistas de que se cumplan estas promesas, pero no resulta suficiente y es necesario que dejemos de esperar que las directrices nos lleguen del exterior, como siempre, y que empecemos a preguntarnos qué podemos hacer por combatir el cambio climático con nuestra propia iniciativa.
Debe darse por descontado que tenemos que comprometernos con las acciones personales, que son fundamentales, como disminuir el consumo en general (consumo de todo, lo cual indirectamente baja la generación de gases efecto invernadero), desechar las compras que involucren plásticos, en especial de un solo uso, privilegiar todos aquellos productos que han incluido el reciclaje, la reutilización o el reacondicionamiento, y en general, ser militantes de la economía circular (ver en artículo anterior).
Me refiero a ser propositivos y activos en proyectos que impulsen en nuestra sociedad comportamientos y actividades sociales y económicas que representen cambios importantes en la disminución del aumento del calentamiento global. Por pequeños que sean, aportan a la solución y eso ya es importante, puesto que multiplicado por muchos aportes de sendas personas contribuiremos a la solución general.
Expondré una primera propuesta basada en una observación cotidiana: los motores de dos tiempos que son altamente contaminantes, de uso extensivo en bicicletas con motor, máquinas podadoras (guadañadoras), sopladoras de hojas, plantas eléctricas, motores fuera de borda, cortadoras de césped y motosierras; simultáneamente son también altamente contaminantes de ruido (conocer sobre estos motores).
En 2009 se empezó la prohibición de motos de 2 tiempos en Bogotá y se implementó en 2011 gradualmente por zonas y franjas horarias dependiendo de los niveles de contaminación, basados en que “la defensa del medio ambiente es de carácter constitucional y las normas facultan a las autoridades a tomar medidas excepcionales cuando los niveles de contaminación amenazan la salud pública” y este es el caso puesto que estos motores contaminan entre 5 a 15 veces más que los de 4 tiempos (El Tiempo, 2011). Pero en 2012 se derogó este avance; inentendible resulta ahora. En 2015 la norme se enfocó a la sustitución gradual y la pedagogía al respecto. Y solo hasta la Ley 1972 de 2019 se tomaron medidas para este tipo de motores estableciendo que a partir de 2021 no se pueden matricular motocicletas que no cumplan la norma Euro 3 (en Europa van en Euro 7)(algunos motores actuales de 4 tiempos, que están circulando, no cumplen la norma Euro 3) y delegando en el MinTransporte y al MinAmbiente para que en 2030 ya no circule ninguna con este motor más contaminante (Secretaría Movilidad Bogotá, 2021).
Como se ve, a pesar de que el plan está trazado, es un plan que no tiene ningún afán. Muy lejos de los llamados de urgencia de los científicos que he citado en artículos anteriores.
Ahora hay que incluir las bicicletas a motor que empiezan a pulular con los servicios de los llamados “domiciliarios” y mensajería urbana. Pero si nos vamos a esperar hasta 2030 no estamos haciendo la tarea que nos reclama la situación mundial. Desde luego debe ser gradual, pero no demasiado despaciosa como se ve. Y menos, despaciosa para llegar a una meta (Euro 3) ya vieja, y completamente fuera de todo sentido cuando lleguemos al 2030.
La propuesta consiste en que el sujeto activo del cambio sean los empresarios de esos domiciliaros y mensajería. En la década de los 90 se puso fin definitivo a la sobre carga de camiones en las carreteras, que causaba caída de puentes por vehículos con el doble de la carga permitida, cuando la norma incluyó entre los responsables a quienes cargaban y despachaban los camiones (empresas y puertos, muy formales) y no sólo a las empresas de transporte y los propietarios de camiones (el control era inocuo, dada la informalidad y la corrupción en los agentes de policía), y “santo remedio” como decían las abuelas.
Siguiendo este buen y práctico ejemplo, deberían ser los empresarios de esos domiciliarios y mensajeros quienes deban preocuparse porque los muchachos en bicicletas con motor a gasolina de 2 tiempos los transformen a eléctricos antes de 1 año. Por el lado de las autoridades, deberían proveer un fondo de reposición que preste, no regale, la inversión y asegure el desmantelamiento y destrucción del motor y serían los empresarios los encargados de recaudar las cuotas a través de un incremento marginal en sus tarifas al público, conservando la responsabilidad del domiciliario o mensajero puesto que al terminar el plazo ya no podrían circular y también el empresario recibiría una multa. Un plan no tan complejo, relativamente fácil de operar.
Para quienes piensen que la subida de las tarifas está mal, deben recordar que la reducción de la mortalidad y morbilidad que induce esta contaminación es el beneficio que recibe la sociedad por ayudar en forma razonable a quienes emiten la contaminación, personas que generalmente pertenecen a grupos de bajos ingresos que están trabajando honestamente y sirviendo a la misma sociedad. Un nuevo costo pero por la reducción en otro costo. De paso, también nos quitaríamos el ruido que producen, que es contaminación auditiva.
Exactamente lo mismo para todas las demás máquinas y utensilios que usan esos motores contaminantes; las empresas de servicios de poda y mantenimiento de parques, por ejemplo, tendrían la posibilidad de actualizar sus equipos de la misma forma. Y así, hasta que borremos su existencia en el territorio nacional.
Hay que llamar la atención a los dos Ministerios para que aprieten el paso, y pongamos la meta Euro 7 para el 2025, para estar acompasados con Europa. “La norma Euro 7 no se centra en las emisiones de CO₂, sino en las emisiones de gases nocivos, como los NOx (óxidos de nitrógeno, que no son exclusivos de los diésel), el monóxido de carbono (CO) y los hidrocarburos no quemados, así como las partículas finas” (MotorPasión, 2021). ¿Por qué tenemos siempre que andar tan atrás de lo que va el mundo, hasta en estas normas?
Invito a que genere sus ideas y propuestas, apreciado lector, y que me las envíe ([email protected]) sin importar su alcance, ni que tan sencillas o complejas sean, para hacerlas visibles y trasmitírselas a los funcionarios del caso a ver si dejamos de ser espectadores pasivos de las promesas de los malos políticos y por el bien de la humanidad (incluidos nosotros mismos y nuestras familias actuales y futuras) ayudamos a empujar para que nos pasemos al lado de las acciones.
* @refonsecaz Ingeniero, Consultor en Competitividad
