Los presidentes de Senado y Cámara, Roy Barreras y David Racero, fueron denunciados penalmente por un posible cambio en la lista de personas elegibles aspirantes al cargo de contralor general.
Ambos líderes en el Congreso de la República tomaron la decisión de conformar una nueva comisión accidental en el legislativo para estudiar nuevamente los nombres de los 20 finalistas para la elección del jefe de este organismo de control y de esta manera conformar un nuevo listado final de 10 de candidatos.
El argumento para llegar a esta decisión se fundamenta en los fallos judiciales que ordenaron respetar los criterios de equidad de género e idoneidad para ocupar ese cargo.
El demandante considera que Barreras y Racero podrían estar incurriendo en posible “extralimitación de funciones”.
En la denuncia se pide iniciar un proceso para determinar si hay “responsabilidades penales respectó del delito de prevaricato por acción, concusión, tráfico de influencias, concierto para delinquir y que consecuencialmente puede generar una pérdida de investidura”.
