El Senador Wilson Arias del Polo Democrático Alternativo, radicó hoy una solicitud ante el Presidente de la República, Iván Duque, para que responda si familiares suyos estarían implicados en un presunto caso de despojo de tierras y estafa, puesto a consideración de la Fiscalía en Yopal (Casanare) en mayo de 2018 sin que a la fecha presente avance alguno.
De acuerdo con la denuncia, los autores de la presunta estafa serían los señores Diego Duque Rivera y Alejandro Duque Henao, quienes mediante engaños se habrían apropiado de la finca Santa Paula, ubicada en el Municipio de Maní en Yopal Casanare (Matrícula Inmobiliaria 470-104537) de propiedad de Gloria Esperanza García y Teofano Giraldo y que cuenta con una extensión de 414 hectáreas.
“(…) Los adjudicatarios del predio, Gloria Esperanza García y Teofano Giraldo, informan que lo vendieron en 2017 mediante una promesa de compraventa. Afirman que los compradores no han cumplido con los compromisos del pago pactado, que asciende a trescientos millones de pesos $300.000.000. Adicionalmente, los esposos García Giraldo me informan que han sido amenazados por dichos compradores, valiéndose de su supuesta condición de primos del Presidente de la República. Los compradores del predio se identifican como Diego Duque Rivera y Alejandro Duque Henao (…)”, anota el Senador Arias.
De acuerdo con la comunicación los supuestos familiares del Presidente Duque, serían propietarios de los predios vecinos a la finca Santa Paula (en litigio) que se encuentran actualmente sembrados con palma de aceite.
Finalmente, el Senador Wilson Arias anota: “Debido a la gravedad de estas denuncias, le solicito formalmente aclarar si los señores Diego Duque Rivera y Alejandro Duque Henao son o no familiares suyos, tal como ellos habrían afirmado a los esposos García Giraldo. En caso afirmativo, le pido me allegue toda la información disponible sobre las inversiones agroindustriales de sus familiares en el Departamento del Casanare”.
El Senador del Polo Democrático Wilson Arias dijo además que urge que se garantice la seguridad para los denunciantes y su apoderada e instó a las autoridades e instituciones a dar celeridad al proceso penal que se adelanta para establecer las respectivas responsabilidades.
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