El gobierno de los Estados Unidos destacó el trabajo de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia. En su informe anual sobre derechos humanos, el primero publicado en la administración de Joe Biden, ese país se refirió al trabajo de la JEP para acabar con la impunidad en medio de las crecientes denuncias de abusos a los derechos humanos.
“La JEP, el componente de justicia previsto en el acuerdo de paz de 2016 continuó tomando medidas efectivas para sancionar a los perpetradores de graves violaciones de derechos humanos de una manera compatible con el derecho internacional. Esto incluyó actividades para adelantar el Caso 03, centrado en ejecuciones extrajudiciales o ‘falsos positivos’ cometidos por las Divisiones Primera, Segunda, Cuarta y Séptima del Ejército”, advierte el documento.
En su informe anual, Estados Unidos celebró los avances encaminados a sancionar a los máximos responsables del conflicto armado acatando las normas internacionales. “Al 31 de agosto, la JEP había recibido 250 ‘versiones voluntarias’ de los presuntos perpetradores que relatan en sus versiones los hechos ocurridos durante el conflicto (caso 03). Dichos testimonios llevaron a los investigadores a descubrir una fosa común de presuntas víctimas de falsos positivos en el departamento de Antioquia”, destaca.
Así mismo, el gobierno del presidente Joe Biden remarcó que, si bien la Fiscalía General de la Nación es la entidad colombiana llamada a investigar las denuncias de abusos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad del Estado en Colombia, la JEP es la entidad que tiene la competencia para resolver y sancionar los crímenes cometidos en relación con el conflicto armado antes del 1 de diciembre de 2016 tal y como lo estableció el Acuerdo Fina de Paz.
Así mismo, Estados Unidos detalló que, si bien en agosto de 2019 un pequeño grupo de disidentes de las Farc-EP regresó al conflicto armado, “alegando que el gobierno no había cumplido con sus obligaciones en virtud del acuerdo de paz esto no resultó en una respuesta significativa de los excombatientes de las Farc-EP que han estado participando en el proceso” y que siguen comprometidos con los tres mecanismos creados fruto del Acuerdo Final de Paz: la JEP, la Comisión de la Verdad y la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas.
Finalmente, el informe anual destaca que la JEP “continúa investigando sus siete macro casos priorizados con el objetivo de identificar patrones y establecer vínculos entre los perpetradores, con el objetivo final de identificar a los más responsables criminalmente por los abusos más graves durante el conflicto”.
Por otra parte, el informe no deja bien parado al Gobierno de Iván Duque y en siete apartados, se centra en las responsabilidades directas que tuvieron agentes del Estado en violaciones a derechos humanos el año pasado. Así mismo, llama la atención sobre la crítica situación humanitaria en las regiones y condiciones alarmantes en las cárceles del país.
