El Gobierno de Estados Unidos ha comenzado las consultas con el Congreso colombiano para abordar la previsible salida de las distintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) de la lista de grupos terroristas extranjeros elaborada por Washington, ha informado el Departamento de Estado.
En una rueda de prensa celebrada este martes, el portavoz del Departamento de Estado estadounidense, Ned Price, ha confirmado que han comenzado ya las primeras consultas sobre las próximas “acciones” que se tomarán con respecto a las FARC, aunque ha señalado que no habrá más detalles hasta “los próximos días”.
En las últimas horas, algunos medios de comunicación estadounidenses han adelantado que a lo largo de la semana, la Administración del presidente, Joe Biden, estaría preparada para sacar a las FARC de la lista de bandas terroristas, cuando se cumple cinco años de su disolución con la firma de los acuerdos de paz.
En noviembre de 2016, las FARC, en la lista negra de Estados Unidos desde 1997, firmaron con el Gobierno del entonces presidente, Juan Manuel Santos, unos acuerdos de paz de La Habana que contaron con el visto bueno del expresidente de Barack Obama.
Desde entonces, cerca de 300 antiguos guerrilleros de las FARC han sido asesinados. El partido surgido tras la disolución del grupo, Comunes, ha denunciado en numerosas ocasiones la indolencia de las autoridades del Gobierno para poner de manera práctica los puntos pactados en el acuerdo de La Habana.
Esta incapacidad del Gobierno provocó que algunos de los guerrilleros desmovilizados en un primer momento retomaran la lucha armada, formando las disidencias, operando en zonas aisladas con nula presencia del Estado, disputándose ahora los cuantiosos réditos del narcotráfico y la minería ilegal con otros grupos armados como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), o escuadrones paramilitares.
Todo ello ha provocado una nueva crisis de seguridad en varias zonas del país, en especial en aquellas zonas más inaccesibles del suroeste de Colombia, como Cauca, Nariño, o Valle del Cauca, donde, tal y como ha ratificado la ONU, se ha producido un “importante deterioro de la seguridad” de los antiguos guerrilleros.
