A la espalda de Buenaventura, el mayor puerto de Colombia en el Pacífico y polo clave de desarrollo para el país, se extiende una línea costera en la que se gesta una tormenta perfecta de narcotráfico, minería y conflicto que amenaza con extender la violencia por el resto del territorio.
Es el llamado Andén Pacífico que abarca parte de los departamentos de Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño, todos ellos con costas al océano, que se extiende desde la frontera con Panamá a la de Ecuador, y cuya superficie supone cerca del 7 % de Colombia.
Pero para tomar perspectiva de la magnitud que se extiende por el litoral es necesario elevarse unos metros y observar el tapete verde y denso de selva que va a lo largo de la línea costera en el que emergen unos pueblos a los que sólo se puede llegar navegando por los ríos.
Son ríos como el Naya, el Micay, el Timbiquí y el Iscuandé que, en ocasiones, dan nombre a los municipios que los vecinos se han atrevido a fundar y cuyo control por parte de las bandas que dominan el territorio marcan auténticas fronteras muy visibles.
“El Pacífico hace muchos años es una bomba de tiempo (…) Hace dos años por varios meses hubo la tan anhelada paz, pero nos demoramos en ocupar los espacios y quienes lo hicieron fueron los disidentes (de las FARC) y el ELN, razón por la cual lo que hicieron fue el control territorial pero además generar un control económico de la zona”, explica a Efe el defensor del Pueblo, Carlos Negret.
Esos dos meses son los que siguieron a la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y la hoy desmovilizada guerrilla FARC, que dominaba buena parte del territorio.
Con su salida, en ese tiempo de tregua la fuerza pública no llegó a una zona sembrada de coca y atraídos por ella se acercaron también los grupos herederos del paramilitarismo y los carteles mexicanos.
Los habitantes se acostaron soñando con la paz y se levantaron en medio de una pesadilla.
Y los monstruos no paran de crecer, bien lo dice Negret al afirmar que “ninguno de los grupos armados en Colombia son unas monjitas”, puesto que “están dedicados al comercio ilegal del oro y de la hoja de coca”.
Todos ellos luchan por controlar unos ríos por los que sacar la cocaína e introducir armas, claves para mantenerse vivos en una región a la que muchos llegan por el Naya y desembarcan en Puerto Merizalde, uno de los muchos caseríos que forman parte de Buenaventura.
El aspecto de Puerto Merizalde es el de la mayoría de las poblaciones desgranadas por el Pacífico.
Sin la más mínima infraestructura los cerca de 3.000 habitantes viven en casas palafíticas de madera que se asoman a una descomunal iglesia de 1938, ya dañada por la lluvia inclemente y el calor que asaetea a los visitante.
Este era el punto de llegada para muchos narcotraficantes y contrabandistas que ahora se internan más todavía en la selva para hacer sus contactos.
En la zona, tanto en Puerto Merizalde como los poblados que le siguen, la tensión es palpable.
Se percibe en miradas huidizas, paseantes que se alejan, sonrisas tímidas y sobre todo la absoluta negación a hablar frente a un micrófono o una grabadora encendida.
Es preciso ganarse la confianza de los vecinos para que confiesen que el comercio a duras penas puede sostenerse por las extorsiones.
Así lo explica un comerciante de Santa Bárbara de Iscuandé, que comenta a Efe que en ocasiones llega un grupo a exigir una cantidad, a continuación lo hace otro para pedir incluso más y, si no tienen suerte, la situación se puede reproducir con un tercero.
Por eso muchos se ven obligados a marcharse o a buscar ingresos adicionales.
Estos ingresos proceden de la minería ilegal, que envenena los ríos con cianuro, y sobre todo de la coca, que crece en este clima con facilidad.
El mejor ejemplo se percibe en Tumaco, fronterizo con Ecuador, el municipio con más hectáreas de coca sembradas de Colombia y donde el sanguinario Walter Patricio Arizala, alias “Guacho”, impone su ley al mando de uno de los grupos disidentes de las FARC que se hace llamar Frente Oliver Sinisterra.
La magnitud del negocio puede verse en su puerto, donde un puñado de semisumergibles artesanales permanecen anclados bajo el control de los militares que los incautaron.
La construcción de cada uno de ellos cuesta entre uno y dos millones de dólares y puede transportar hasta siete toneladas de cocaína. Todo un atractivo para quienes se quedan sin alternativas.
¿Y cuál es la solución? Para Negret es clara: “es muy importante” que la fuerza pública esté presente, “pero si no llega la inversión social va a ser imposible que haya paz“.
Cada minuto que esa inversión se demora los habitantes de este vergel a orillas del Pacífico siguen preguntándose cómo ganarse la vida. Y sus respuestas siguen enriqueciendo a las bandas criminales.
Publicado por nuestro portal aliado ElEconomistaAmerica.com
