“La adjudicación de este proyecto fue un proceso serio y transparente que se desarrolló en estricto apego a la contratación estatal”, ministra K. Abudinen (El Tiempo, 9 de diciembre de 2020). Los hechos dicen todo lo contrario: ni serio ni trasparente, completamente fallido y con la pérdida de la enorme cifra de 70 mil millones de pesos hasta el momento. ¿Cuál es la verdad? ¿Se le puede creer a la ministra en su inocencia?
Esta ministra fue puesta por el presidente sin esgrimir unos logros indiscutibles para el trabajo. Sus méritos son los de conocer bien a la familia del jefe del jefe que la nombra y ser su familiar, de conocer muy bien al jefe político regional, y ser amiga de los amigotes de todos ellos que han ido saliendo salpicados de la financiación ilícita de la campaña, y quien sabe de qué otras cosas terribles, ilícitas y corruptas.
La mitad de la licitación enorme, billonaria, fue entregada a un consorcio de firmas que algunas no tenían más de 500 mil pesos de capital al iniciar este gobierno, vinculados a antiguos casos de corrupción en contratación estatal incluyendo al emprendedor de los mercenarios de Haití. Con experiencia prácticamente nula (el ministerio estaba advertido desde hace meses) se ganaron el contrato prometiendo más cantidad de colegios, más velocidad y más tiempo, todo con el mismo monto (regalos) por encima de firmas enormes que compiten en el mundo y Colombia. La práctica de incluir regalos en los pliegos para licitación del ministerio como fuente de mayor puntaje es de por sí sospechosa. Esa firma presentó una póliza falsa que generó dudas para los funcionarios del ministerio, quienes pidieron una certificación del banco emisor, que también resultó falsa pero que fue aceptada en su momento, contando además con una firma asesora del ministerio especializada en la revisión de la documentación presentada por los proponentes y la verificación de riesgos, garantías y seguros, a la que también se le pasó el detallito de la póliza para garantizar un contrato de más de un billón de pesos. Parece un cuento de ficción.
Pero no para ahí. La fiduciaria, que había recibido una enorme cantidad de dinero (los 70 mil millones del anticipo a nombre del contratista) se la giró a unos intermediarios y no a proveedores como hubiera sido lo prudente, seguro y usual en estos casos, y mucho más con semejante monto. Para que esto pudiera suceder, el contrato fiduciario, en el que necesariamente participó y aprobó el ministerio para garantizar la inversión en el objeto del contrato, tuvo que haber dejado esta brecha, es decir botando a la basura el mecanismo de control del destino del dinero. Además, aprobado por el Interventor que podría tener conflictos de interés. Una ficción aún más sofisticada.
¿Qué supone uno? Es natural que uno suponga que la ministra fue puesta ahí para hacer este mandado y hacerse la boba. Papel que no estaría haciendo nada mal. Su cinismo podría ser difícil de igualar. Es fácil pensar que se trata de un caso enorme de corrupción a los que ya nos estamos acostumbrando. No porque no estuviéramos acostumbrados a casos de corrupción por todo lado, sino que ahora los montos no caben en la cabeza. Y por razones demasiado obvias supone uno que la tranquilidad que les asiste es que el sistema de justicia está debidamente amordazado habiendo tomado la fiscalía, la contraloría y la procuraduría. No habrá justicia, el montón de plata se perderá, será usada en parte para pagar toda esta compleja cadena de corrupción, que quiérase o no, involucra al presidente que fue quien puso la ministra sin tener cómo serlo y al jefe del presidente cuya relación con la ministra, supone uno también, fue uno de los dos méritos para el alto cargo. El otro era que iba a ser juiciosa, leal y que haría la tarea tal cual como se le ordenara. Tal cual estaría haciendo.
Pero también podría ser que la ministra abogada tenga unos dones y experiencias que el presidente sí conocía muy bien y que daban para encargarle todo ese ministerio con todas esas enormes responsabilidades e inversiones, y que ella sí haya sido asaltada en su buena fe y que lo que ha pasado es una cadena de errores que deslucen totalmente su trabajo pero que ella no tenga nada que ver. Pese a su suficiente experiencia en trabajar y como abogada descollante creyó en los asesores disponibles en contratación estatal y de licitaciones que cometieron los errores imperdonables. Ella sale a poner la cara con sinceridad que, como el arrepentimiento de Epa, produce enternecimiento de la opinión. Ella sí cree que no se perderá la plata y que con la ayuda del presidente la recuperarán, y que los contratistas a quienes caducó se merecen que nunca vuelvan a tener un contrato con el Estado y no tendrá ninguna reacción grave posterior. Ella de verdad cree que no necesita ser investigada porque ha obrado pensando en que lo estaba haciendo bien. Ojalá este sea el escenario que resulte cuando sepamos algún día la verdad.
Este es el drama del ciudadano normal. No saber a qué y a quién creerle. Con la información disponible no se sabe cuál es la verdad, pese a que no es poca en este caso porque los periodistas están compitiendo por cuál “se baja” a la ministra (pero que ojalá no pierdan el foco y sepan que la ministra es la ficha sacrificable en este pérfido juego y que puede ser el señuelo para que nos olvidemos de la corrupción y de la plata, como es usual). Es un caso más en que la verdad no emerge de la información que se observa en los medios, y que se queda en un limbo del que únicamente sabemos salir echándonos lamentaciones insulsas como que “esa platica se perdió”, que estamos acostumbrados a que no hay justicia y que la impunidad es rampante, que la impotencia es total y que no hay nada que hacer. Es un caso más de una enorme crisis de la verdad en la que ya nos han vacunado repetidamente a todos para que no reaccionemos.
Por lo menos sí sabemos que la ministra no tiene el concepto de honor en su vida. Ella es la cabeza de un ministerio, que en el primero de los escenarios, estaría participando en una corrupción enorme y descarada traicionando a todo el pueblo colombiano. O, en el segundo escenario, ella es la cabeza inepta de un ministerio que cometió todos los errores en un contrato de la mayor envergadura que demandaba extremo cuidado. De todas maneras ella es la primera responsable y eso no se puede quitar de la realidad, aun cuando ella se esfuerce con su cándida fachada a que nos olvidemos de ese pedacito.
En un país normal, no sucedería tal descalabro. Pero si llegara a suceder, tendríamos que estar cuidando que la exministra no se quitara la vida a causa de tanta vergüenza por haber perdido su honor y el de toda su familia por varias generaciones; tal como ella ofreció y quedó televisado en Noticias Caracol el 8 de abril de 2021. Aquí ya ni existe la palabra honor. Eso es para los pendejos que aún creen que hay personas buenas y honestas entre quienes manejan la política en el país.
La crisis de la verdad genera en automático la crisis de la confianza. Se perdió la confianza de los colombianos por sus instituciones hace ya tiempo, y se refunde cada vez más con estos episodios tan significativos de crisis de la verdad. Una realidad que intuimos como muy grave sin que sepamos hasta dónde es más profunda e impresionante. Sobre todo, no sabemos desde cuándo sobrepasamos el punto de no retorno y perdimos la capacidad de corregirla.
* @refonsecaz – Ingeniero, Consultor en Competitividad
