Un largo listado de delitos de lesa humanidad, presuntamente cometidos por unidades policiales y militares durante las manifestaciones públicas que se han mantenido desde el 28 de abril hasta la fecha, figuran en la extensa denuncia enviada este jueves a la fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) y al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.
La denuncia fue presentada por Iván Cepeda, senador de la República; Luis Carlos Montenegro, secretario técnico de la Campaña Defender la libertad un asunto de todas; Alejandro Lanz y Alejandro Rodríguez, codirector y coordinador de la plataforma GRITA de Temblores ONG; Alberto Yepes Palacio, coordinador de la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada de la Coordinación Colombia Europa Estados Unidos; Oscar Ramírez, vicepresidente del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos y César Santoyo Santos, director ejecutivo de la Corporación Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda -Colectivo OFB.
Denunciamos hoy ante la Corte Penal Internacional al presidente de la República, el ministro de Defensa, el exsenador Uribe, los generales Zapateiro y Vargas, por la presunta ejecución de crímenes de lesa humanidad contra participantes en las movilizaciones: pic.twitter.com/uAKOx5Nemg
— Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) May 13, 2021
La misiva pide que se active la competencia de la CPI para conocer estos crímenes, ya que el estado colombiano no tiene voluntad de adelantar las investigaciones en la comisión de acusaciones de la Cámara y demás organismos, debido al exceso de concentración de poder en cabeza del presidente Iván Duque, lo que ha quebrantado el principio de separación de poderes, el Estado Social y Democrático de Derecho y los derechos fundamentales de los colombianos.
El informe, contiene evidencias de delitos contra la población civil en la modalidad de homicidios, torturas, privaciones graves de la libertad física, violencia sexual y desapariciones forzadas. Da cuenta de al menos 1595 hechos, ocurridos en varios departamentos del país, que demuestran violaciones de DD.HH. De estos hechos se aportó la identidad de 315 personas. Se documentaron 24 casos de asesinato y 50 de víctimas de tentativa de asesinato; 16 víctimas de violencia sexual; 11 víctimas de desaparición forzada; 129 víctimas de tortura y 1365 víctimas de detención irregular.
Asimismo, se denuncia que, entre el 28 de abril y el 10 de mayo, 40 personas han perdido la vida durante procedimientos policiales de contención de la protesta social. Varias de ellas fallecieron por el uso indiscriminado de armas de fuego en las ciudades de Cali, Pereira e Ibagué. Adicionalmente, se alerta sobre 435 personas que han sido reportadas como desaparecidas.
La comunicación indica con especial preocupación que la ciudad de Cali ha sido escenario de los más graves hechos. De igual forma señala que las principales autoridades de gobierno y Estado no han condenado en forma enfática los crímenes y las graves violaciones de DD.HH. que presumiblemente implican a miembros de la fuerza pública.
Dichas acciones, según los firmantes, han ocurrido con carácter sistemático y se vienen cometiendo, en su mayoría, por unidades de Policía que constantemente minimizan o directamente ignoran la existencia de los crímenes cometidos. Aseguran que los altos responsables, no han sido investigados, procesados o sancionados por el sistema de justicia colombiano. Por el contrario, están siendo postulados para ascender en su cargo, como es el caso del director de la Policía Nacional, el mayor general, Jorge Luis Vargas.
“Pedimos a la Corte Penal Internacional que sea investigado este oficial, quien se ha visto implicado en una cadena de violaciones de DD.HH. El general Vargas debe ser investigado y no premiado ante una situación tan grave”, señaló Iván Cepeda.
Los denunciantes también advirtieron a la CPI que, aunque las protestas en Colombia surgieron como acción para reclamar al gobierno de Iván Duque, el aumento y la profundización de la violencia, la pobreza y la desigualdad, han estado plagadas de violaciones a los derechos humanos de los manifestantes.
Esto demostraría, la existencia de una política nacional para atacar a quienes participan en manifestaciones públicas en oposición al Gobierno Nacional, y contraviene el artículo 37 de la carta política de Colombia que consagra la protesta social como un derecho protegido y cobijado bajo los estándares internacionales de derechos humanos.
Los representantes de organizaciones sociales, defensores de DD.HH. y el congresista, aseguran que la prolongación de estas conductas le da el carácter sistemático a los actos ilegales de la Policía, con lo que estarían violando el artículo siete del Estatuto de Roma que tipifica los crímenes de lesa humanidad. En Colombia, dicho estatuto entró en vigor en agosto de 2009, por ello acuden al tribunal para revisar estas pruebas.
Por ello, solicitan a la CPI que analice la información suministrada a la luz del Estatuto de Roma para que “determine la existencia de fundamento razonable para incluir dentro del examen preliminar sobre el país esta situación”. Asimismo, solicitan a la fiscal, Fatou Bom Bensouda que realice una visita a Colombia y le pida al Estado información adicional para ampliar la lectura sobre estos hechos. En concreto, sobre la investigación, procesamiento y sanción judicial de los responsables materiales y máximos responsables involucrados en los presuntos delitos de lesa humanidad, ocurridos durante las recientes protestas sociales del país.
A su vez, en la comunicación dirigida al Secretario General de la ONU, António Guterres, solicitaron que remita el informe a la CPI, teniendo en cuenta que el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, puede pedir al fiscal que investigue una situación, cuando corresponda, a uno o varios de los crímenes señalados en el Estatuto de Roma, entre ellos, crímenes de lesa humanidad.
“Los incidentes documentados dan muestra de patrones claros de actuación de las autoridades, incluso dan cuenta del conocimiento que tuvieron los más altos responsables de la autoridad policial en la comisión de los crímenes internacionales (…) nos permite asegurar que se alcanza el umbral de prueba necesario en esta etapa”, concluye el informe.
