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Confidencial Noticias 2025

Etiqueta: Corte Penal Internacional

La Corte Penal Internacional, un tribunal desbordado (II)

Israel tiene derecho esencial a la defensa. Israel se ha defendido de sus enemigos, como siempre lo ha hecho ¿Es ilegítimo que Israel defienda a sus familias cuando 1.200 personas son asesinadas durante los actos demenciales del 07-10/2023 y 251 secuestradas? decenas de ellas luego de 400 días aún permanecen secuestradas. La Corte Penal Internacional, La CPI, con la absurda orden de captura emitida contra ciudadanos israelíes, socava la confianza legítima internacional, el principio de legalidad y las normas del derecho de los tratados. La CPI se arroga funciones jurisdiccionales que no le competen y envía al mundo un mensaje soberbio: No hay límites para un tribunal que desconoce absolutamente los derechos a la soberanía, a la defensa y a la autonomía estatal para abstenerse de suscribir tratados.

La CPI pareciera estar al servicio de la agenda globalista 2030, no en vano, las grandes potencias no aceptaron la suscripción del Estatuto de Roma, verbi gratia, China que participó y fue promotor de su creación, una vez a punto de suscribirlo, decidió recular y abstenerse. La decisión de La CPI contra Netanyahu (1949), líder del pueblo de Israel, es tan ilegal como la orden de detención que La CPI emitiera contra Vladimir Putin (1952) en marzo de 2023, La Federación Rusa tampoco es signataria del Estatuto de Roma.

En cuanto a Colombia, La CPI es un caso particular. Colombia suscribió el Estatuto de Roma bajo la presión de la comunidad internacional, en un contexto de gravísimas violaciones de derechos humanos por parte de diferentes actores estatales y paraestatales como grupos guerrilleros y narcotraficantes con ejércitos privados, otrosí de la ayuda económica internacional que recibiría a cambio, manifiesta en los famosos planes certificados, renovables anualmente.

Desde hace algunos gobiernos, El Estado colombiano es un dislate en materia de derecho internacional y en especial en asuntos de tribunales supranacionales; caso célebre acontecido con la Corte Internacional de Justicia, La CIJ, con sede también en La Haya, encargada de dirimir conflictos entre los Estados, para el caso concreto, la disputa territorial entre Colombia y Nicaragua por las plataformas marinas y submarinas en el Caribe. En 2012 La CIJ emitió fallo adverso a Colombia, como resorte, el Gobierno Colombiano denunció El Pacto de Bogotá y cínicamente, desconoció el fallo de la CIJ, cual tahúr mañoso que termina por incinerar la baraja al ver perdida la partida. Colombia no es un propiamente un Estado modelo a seguir de buenas maneras en el derecho internacional, entre otras prácticas.

La línea del denominado Gobierno del cambio conserva las mismas maneras, absoluta desorganización en materia de relaciones internacionales. Calla frente a las acciones rusas en Ucrania, hace mutis por el foro frente a la orden de detención emitida por La CPI contra Putin, silente frente a cubanos y venezolanos, empero, rápido para agitar las banderas del odio y antisionismo, dice mucho pero no dice nada. Defrauda los principios básicos del derecho internacional. Gobierno para el que, Netanyahu es criminal de lesa humanidad, pero no los terroristas que asaltaron El Palacio de Justicia, los que destruyeron Bojayá (Chocó) y Caldono (Cauca), ni “el gestor de paz”, violador de niñas que, pretendía crear un ejército con sus más de 60 hijos.

La CPI ha perdido su rumbo. Se ha erigido Tribunal de Tribunales, atentando contra la soberanía e independencia estatales. Claro es, no tiene jurisdicción sobre los ciudadanos de Israel, tampoco sobre los ciudadanos de los Estados que no han suscrito el Estatuto de Roma. Los Estados deben preservar no sólo su soberanía territorial, también su soberanía judicial, legislativa y administrativa. Con temor se observa que La CPI se ha convertido en un tribunal desbordado, amparado por manipulación mediática hacia el público. El Estado colombiano debería denunciar el Estatuto de Roma y otros tantos tratados de la agenda globalista. Hay un hecho diáfano: Israel tiene derecho a la defensa y a existir. El derecho a la defensa es un derecho fundamental de los ciudadanos y de los Estados.

León Sandoval

La Corte Penal Internacional, un tribunal desbordado

La Corte Penal Internacional, La CPI, surge en el marco del Estatuto de Roma, resultado de la Conferencia de las Naciones Unidas celebrada el 17 de julio de 1998, en la Ciudad de Roma, Italia. La CPI tiene por propósito ser un tribunal de justicia complementaria encargada de juzgar a quienes cometen crímenes de guerra y genocidio, entre otros delitos de lesa humanidad. Tiene jurisdicción para juzgar a ciudadanos de los estados firmantes que hayan cometido esta clase de crímenes. En otras palabras, si un Estado no suscribió el Estatuto de Roma, La CPI carece de jurisdicción para juzgar a sus ciudadanos.

La CPI se rige por las normas y principios de derecho internacional, en lo que atañe a tratados, existe la Convención de Viena suscrita en el año de 1969, que regula las normas aplicables a los tratados internacionales. El Estatuto de Roma es un tratado de derecho internacional y le son aplicables las normas de la Convención de Viena.  Es de anotar, que ambos forman parte de la legislación interna colombiana, mediante las leyes 32 de 1985 y 742 de 2002, respectivamente.

En el derecho internacional, los tratados sólo aplican para los Estados que los suscriben y los ratifican por los mecanismos internos que cada Constitución establece, de tal forma que un convenio de derecho internacional obliga única y exclusivamente a los Estados que son firmantes. Así las cosas, lo dispuesto en el Estatuto de Roma en cuanto a jurisdicción y competencia de La CPI, solo son mandatorios para los Estados que lo han suscrito y ratificado, caso en concreto: Colombia.

No todos los Estados miembros de la Organización de Naciones Unidas han suscrito el Estatuto de Roma, son partes del acuerdo: 33 estados africanos, 19 de Asía y el Pacífico, 45 europeos y 28 latinoamericanos y caribeños. Vale anotar también que, hay Estados que no han suscrito el Estatuto de Roma y por lo tanto no son partes, como, Estados Unidos, China, Rusia, Turquía, Catar, Ucrania, India, Cuba, Irak e Israel. Lo que técnicamente significa que, La CPI carece de jurisdicción y competencia para juzgar a ciudadanos de éstos Estados.

La CPI emitió orden de arresto contra Benjamín Netanyahu (1949) Primer ministro de Israel, Yoav Gallant (1958) exministro de Defensa de Israel, Mohammed Deif (1955-2024), líder terrorista palestino de Hamás y otros individuos, el pasado 21 de noviembre. En el sentir de los honorables jueces de La CPI, hay serias evidencias para considerar que cometieron crímenes de guerra y de lesa humanidad contra la población gazatí. Decisión cuyo único fundamento legal es una interpretación de La CPI del año 2021, según la cual, Palestina, miembro del Estatuto de Roma, le da jurisdicción a La CPI sobre los territorios de Cisjordania y Gaza. La CPI eliminó de tajo los fundamentos del derecho internacional y del derecho de los tratados. El Estado de Israel no es signatario del Estatuto de Roma, por lo tanto, La CPI no tiene jurisdicción, ni facultades para juzgar a los ciudadanos israelíes. Decisión absurda por demás, porque el palestino Deif que, sí estaría bajo la competencia de este órgano jurisdiccional transnacional, fue abatido por las Fuerzas de Defensa de Israel el pasado 13 de julio. En suma, La CPI emitió la orden de arresto contra un cadáver.

La orden de La CPI no sólo es antijurídica por contradecir los principios inmateriales del derecho internacional, es también una decisión política, porque el Fiscal jefe de La CPI, Karim Khan (1970), es un británico que no ve con buenos ojos al pueblo judío. Olvida el señor Khan que el 07 de octubre de 2023, el grupo terrorista Hamás asesinó a cerca de 1.100 personas y secuestró a otras 253 mientras participaban de un festival musical en Reim al suroeste de Israel. Entre las víctimas hay niños, mujeres y ancianos, lo que legitima a Israel para ejercer su derecho esencial a la defensa. (Continuará…)

León SandovalFerreira

Estados Unidos rechaza orden de arresto contra Netanyahu

La Casa Blanca ha mostrado este jueves su rechazo a la decisión del Tribunal Penal Internacional (TPI) de emitir órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y su antiguo titular de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en el marco de la ofensiva lanzada hace más de un año sobre la Franja de Gaza.

«Rechazamos de pleno la decisión del tribunal de emitir órdenes de arresto contra altos funcionarios israelíes», ha subrayado en una rueda de prensa la portavoz de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, agregando que siguen «profundamente preocupados» ante la prisa del fiscal, así como por los «errores inquietantes en el proceso».

En este sentido, Jean-Pierre ha vuelto a recordar que el TPI «no tiene jurisdicción» sobre la ofensiva militar lanzada por Israel sobre la Franja de Gaza. «Estamos consultando con nuestros socios, entre los que se incluye Israel, sobre nuestros próximos pasos (a seguir)», ha resaltado.

Israel no es firmante del Estatuto de Roma y por tanto no es parte del TPI ni reconoce su jurisdicción, pero Palestina está admitida como miembro desde 2015. Por su parte, Estados Unidos tampoco es miembro de la corte.

La corte de La Haya, que ha rechazado los recursos presentados por Israel y ha dictaminado que tiene jurisdicción en el caso, cree que hay evidencias de que tanto Netanyahu como Gallant buscaron a sabiendas dejar a la población gazatí sin elementos «indispensables para su supervivencia» y de bloquear la entrada de ayuda, obstaculizando además la labor de las organizaciones humanitarias.

Los jueces creen que Netanyahu y Gallant pueden ser «penalmente responsables» por utilizar el hambre como método de guerra, así como de asesinatos, otros actos inhumanos y persecución que entrarían dentro de la categoría de crimen contra la humanidad. Les recrimina, además, que bajo su mando puedan haberse cometido ataques indiscriminados contra la población civil.

La corte ha ordenado también la detención del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’, después de que otros dirigentes del grupo islamista señalados previamente, Yahya Sinwar e Ismail Haniye, hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes. Israel le ha dado por muerto, si bien el grupo no lo ha confirmado oficialmente.

Corte Penal Internacional dicta orden de captura contra Netanyahu

La Corte Penal Internacional (CPI) ha dictado sendas órdenes de arresto contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y el anterior responsable de Defensa, Yoav Gallant, por los presuntos crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados en la ofensiva militar sobre la Franja de Gaza.

La corte ha ordenado también la detención del jefe del ala militar de Hamás, Mohamed Diab al Masri, conocido como ‘Abú Deif’, después de que otros dirigentes islamistas señalados previamente, entre ellos Yahya Sinwar e Ismail Haniye hayan perdido la vida en los últimos meses en operaciones israelíes.

La Fiscalía del CPI había solicitado el arresto de todos ellos el pasado mes de mayo, por lo que el ámbito de los crímenes investigados irá desde el 8 de octubre de 2024 hasta el 20 de mayo de 2024, ha explicado el tribunal de La Haya en un comunicado.

OEA solicitará a la Corte Penal Internacional la captura a Nicolás Maduro

El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pedirá ante la Corte Penal Internacional (CPI) una orden de captura contra Nicolás Maduro por las detenciones arbitrarias que se han presentado en Venezuela contra manifestantes.

“Maduro prometió un baño de sangre, y nos indignó oírlo y más nos indigna ahora que lo está haciendo. Hay premeditación, alevosía, impulso brutal ferocidad, ventaja superior. Es el momento de presentar cargos de imputación y orden de captura por parte del Tribunal Penal Internacional contra los principales responsables, incluido Maduro. Es hora de la justicia”, ha expresado Almagro en su cuenta de la red social X.

Durante su intervención en medio de la celebración del Consejo Permanente de la OEA, Almagro prometió que la OEA se hará cargo de hacer la solicitud de estos cargos.

CIJ no tomará acciones contra Ecuador

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) ha rechazado la adopción de medidas provisionales contra Ecuador por el asalto a la Embajada mexicana en Quito, por no entender que no es necesario adoptar ninguna orden de urgencia antes de pronunciarse sobre el fondo del caso iniciado por México.

Las fuerzas de seguridad ecuatorianas irrumpieron el 5 de abril en la Embajada mexicana para detener al exvicepresidente Jorge Glass, implicado en varias causas de corrupción. Este asalto llevó al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a romper relaciones diplomáticas y presentar una denuncia ante la CIJ.

La parte mexicana solicitó al tribunal de La Haya la adopción de medidas provisionales, para que Ecuador dé pasos «apropiados e inmediatos» para garantizar la plena protección de la Embajada y de su personal y se abstenga de cualquier acción que pueda «agravar o ampliar» la disputa, en la que la práctica totalidad de los países de América Latina se han puesto del lado de México.

La CIJ ha determinado que no existe la urgencia alegada por México, tal como ha expuesto en una resolución anunciada este jueves, pese a que sí recuerda que la «inviolabilidad» de las instalaciones y el personal diplomático es de «importancia fundamental» en materia de relaciones internacionales.

Fiscal de la Corte Penal Internacional en Colombia

Por: Juan Camilo Castellanos M.

La C.P.I. desde su creación con el estatuto de Roma en 1998, ha sido y es una respuesta esperanzadora para miles de ciudadanos del mundo de que exista un ente supranacional capaz de hacer justicia, aun cuando sea una jurisdicción con competencia subsidiaria y/o complementaria, sigue siendo una herramienta poderosa de poner límites a la impunidad campante en escenarios de violación de derechos humanos fundamentales.

Pero entonces por que vino el Fiscal Karim Kham, se preguntan muchos, sobre todo cuando en nuestro país algunos intentan hacer ver que vino por invitación del Fiscal o del presidente Petro, pues bien, no vino por invitación de nadie, sino en atención a las facultades que le da el tratado de Roma.

En virtud de esto, tiene la facultad de verificar y hacer seguimiento a que el tratado en materia de protección y cumplimiento de los derechos humanos fundamentales se cumplan y por ello había iniciado, ya en tiempos del gobierno de Duque, una verificación preliminar.

Esta verificación preliminar, consiste básicamente en que el despacho del Fiscal, indaga de manera previa si hay merito o pudiere existir merito para abrir casos como tal, en especial aquellos que son de competencia de este ente, como son  los casos que tengan que ver con Genocidio del articulo 6, crímenes de lesa humanidad del articulo 7, de guerra del articulo 8, e incluso de agresión según el art. 8 bis, planteado en la Resolución 6 del 11/06/2010 de la Asamblea de Estados Parte del Estatuto de Roma.

Por lo que se puede ver entonces, según este limitado menú, nuestro país tristemente puede tener toda la variedad y peor aún, tenerlos todos a la vez, sin embargo hay algo que nos ha mantenido exentos de ocupar un lugar en el rincón de la vergüenza, lo que significa en el contexto de las naciones civilizadas, tener que ser un país donde asuma competencia la C.P.I., porque ello significaría que somos un Estado inoperante, ya que al no poder investigar, juzgar y sancionar de manera efectiva el ramillete de delitos antes enunciados, seriamos como tal un Estado fallido.

Ese algo es la J.E.P., esa jurisdicción novedosa que tanto vituperan algunos sectores radicales de este país, la que según muchos, en sus vociferantes expresiones cargadas de amarillismo politiquero y populista, sería un tribunal de impunidad para ciertos sectores y actores del conflicto, o bueno, de una parte del conflicto que hemos vivido los Colombianos durante los últimos 60 años.

En buena hora, la J.E.P. viene avanzando, pese a los ataques políticos, pese a los recortes presupuestales y la inquina de sectores reaccionarios, su triunfo es incuestionable, pues si tan solo hubiese un indicio de impunidad, de falta de entereza, imparcialidad o connivencia con algún actor sometido a su jurisdicción, la Fiscalía Internacional podría haber asumido la competencia.

De manera tal que nos alegra que la reforma constitucional que se realizó producto del acuerdo de paz del Colón impulsado por el Gobierno Santos, nos entregó esta nueva jurisdicción que viene trabajando bien según los estándares internacionales, y al ser un tribunal para consolidar la Paz, significa ello que vamos avanzando hacia ese anhelo, ojala el ELN y las disidencias lo entendieran, pues son estas el obstáculo real hacia ese propósito nacional.

 

 

Petro dijo que los delitos confesados por Mancuso deben ir a la CPI

Durante el acto de posesión de los nuevos magistrados del Tribunal Superior Militar y Policial, el presidente de la república, Gustavo Petro, afirmó que es necesario combatir la impunidad en todos los frentes.

“No se puede hablar de un cambio, como rezan las consignas y la voluntad política de este Gobierno, si la impunidad continua”, dijo.

Y añadió: “La impunidad nace con un sistema; no es una simple ineficiencia del Estado. No es porque el Estado no sea capaz sino porque ella se ha construido como una política implícita en el que los grandes hechos de corrupción permiten que no se llegue ni a procesos judiciales ni a resultados”.

El Mandatario también se refirió a las recientes declaraciones que el exjefe paramilitar Salvatore Mancuso entregó a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) en las que admitió, entre otras, una alianza en el pasado entre dichos grupos ilegales de ultraderecha con miembros de la Fuerzas Armadas y la Policía.

“El contenido de este tipo de declaración es espeluznante, si uno las evalúa (…) Llama la atención la falta de sensibilidad de la sociedad. Esas declaraciones en cualquier otro país hubiesen provocado que millones de personas hubiesen salido a las calles a protestar”, exclamó.

El presidente agregó que,  «dado la importancia que le corresponde,  si la justicia colombiana no toma en cuenta este caso podría ser evaluado por la Corte Penal Internacional«.

Petro hizo un llamado a la sociedad a ejercer una veeduría ciudadana sobre el trabajo de la Fuerza Pública para evitar, según el, que esta termine ejerciendo actos de violencia.

Corte Penal Internacional rechaza solicitud del estado venezolano

La Sala de Cuestiones Preliminares de la Corte Penal Internacional (CPI) rechazó una solicitud del gobierno de Nicolás Maduro para responder a los testimonios de más de 8.000 víctimas que habían presentado denuncias y apoyaron la continuidad de la investigación contra Miraflores.

Los jueces de la Sala sostuvieron que «los alegatos del Estado venezolano no son lo suficientemente precisos como para permitir a los Jueces determinar la procedencia de conceder una autorización para responder», explicó la ONG Provea.

También dijeron que las solicitudes realizadas «son de naturaleza amplia y no identifican de manera persuasiva cualquier aspecto específico del Informe VPRS que requiera una respuesta de Venezuela. Además, el Informe VPRS transmite las opiniones y preocupaciones de las posibles víctimas».

Señalan en sus declaraciones que «en esta etapa, ninguna víctima ha sido admitida a participar en el proceso, por lo que el nivel de respuesta previsto por Venezuela no es garantizado en la etapa actual».

Provea explicó que «las normas de la Corte Penal Internacional no prevén que el Estado pueda hacer alegaciones exhaustivas, como pedía el Gobierno ‘responder en detalle a cada una de estas alegaciones’ de las víctimas», lo que define como un intento del gobierno de retrasar el proceso sin el permiso de la Sala de Cuestiones Preliminares.

Pedro Sánchez aplaude orden de arresto a Putin

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha mostrado su apoyo a la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

«Ningún crimen debe quedar impune, ningún crimen quedará impune», ha aseverado el también secretario general de PSOE durante su intervención en el Comité Federal que el partido ha celebrado este sábado en Madrid.

Sánchez ha lamentado que la guerra en Ucrania «es doblemente criminal». «Primero, por sus objetivos, que son los de aplastar la libertad y la soberanía de un país como Ucrania, pero también lo son por sus métodos, como acaba de proclamar el propio TPI», ha dicho, para reiterar la solidaridad de España con el pueblo de Ucrania.

El TPI emitió este viernes la orden contra Putin, así como contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por los mismos motivos.

Europa aplaude la orden de arresto contra Vladimir Putin

Distintos líderes de la Unión Europea se han pronunciado este viernes a favor de la orden de arresto emitida por el Tribunal Penal Internacional (TPI) contra el presidente ruso, Vladimir Putin, por la deportación forzada de menores ucranianos desde zonas ocupadas en el marco de la guerra de Ucrania.

La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, ha asegurado en su perfil oficial de Twitter que esta orden por parte del TPI es una señal «histórica» que resalta que «todas las atrocidades contra Ucrania provienen de la política criminal de los líderes rusos».

«(Este es un) recordatorio de que nadie es inmune, ni siquiera los jefes de Estado. El régimen ruso tendrá que rendir cuentas», ha precisado, agregando que, con esta medida, se da «un paso más» para el juicio de Putin.

También se ha pronunciado el presidente de Lituania, Gitanas Nauseda, quien ha afirmado, en los mismos términos que Kallas, que ello supone un «primer paso» para «iniciar el enjuiciamiento de Putin por el secuestro y deportación de niños ucranianos».

Asimismo, el primer ministro de República Checa, Petr Fiala, ha precisado en Twitter que, en estos momentos, es «importante» que la comunidad internacional apoye «firmemente» a los defensores de Ucrania, que luchan no solo por su patria, sino por la seguridad de toda Europa».

Francia, por su parte, se ha pronunciado a través de un comunicado del Ministerio de Exteriores en el que dice «tomar nota» de la decisión del TPI, a quien «da su pleno apoyo», así como a los tribunales ucranianos.

«Fiel a su compromiso de larga data de luchar contra la impunidad, Francia continuará apoyando el trabajo esencial de la justicia internacional para garantizar que los responsables de todos los crímenes cometidos en Ucrania rindan cuentas», ha indicado.

Desde Alemania se ha pronunciado también el ministro de Justicia, Marco Buschmann, quien ha indicado en una entrevista a la cadena RND que la orden es una «señal importante de determinación», ya que «cualquiera que haya instigado una guerra sangrienta como la de Putin debería responder por ello en los tribunales», ha informado DPA.

El TPI ha emitido una orden de arresto contra Putin, así como contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación de Rusia, Maria Alekseievna Lvova-Belova, por tener «motivos razonables» para creer que tienen «responsabilidad penal individual» por estos delitos.

Las órdenes de arresto de este viernes representan los primeros cargos internacionales presentados desde el comienzo del conflicto y llegan después de meses de trabajo de un equipo especial de investigación a las órdenes del fiscal jefe del TPI, Karim Khan. Para su emisión ha sido necesario que un panel preliminar de jueces aceptara la validez de las pruebas presentadas.

Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin

 

El Tribunal Penal Internacional (TPI) emitió orden de arresto contra el presidente de Rusia, Vladimir Putin, bajo la presunción de crimen de guerra por la deportación forzada de niños ucranianos desde zonas capturadas durante la guerra de Ucrania a territorio ruso.

El TPI también ha emitido una orden de arresto por el mismo motivo contra la comisaria presidencial de los derechos de la Infancia de la Federación Rusa, Maria Alekseievna Lvova-Belova, ha hecho saber la corte en un comunicado.

La corte entiende «motivos razonables» para creer que Putin «tiene responsabilidad penal individual» por estos delitos, bien por su comisión «directa» o por haber sido incapaz de «ejercer un control adecuado sobre los subordinados civiles y militares que cometieron los actos».

 

El fiscal Khan le debe una explicación al país

El 28 de octubre de 2021 el fiscal Karim Kahn anunció el cierre de la investigación preliminar de la Corte Penal Internacional, CPI, en Colombia argumentando que el progreso presentado por el gobierno, junto a las diferentes cortes, la sociedad civil, los tribunales de Justicia y Paz y la Jurisdicción Especial para la Paz -JEP-, mostraba que estaba funcionando el principio de la complementariedad. Según el fiscal las autoridades colombianas no son “ni inactivas ni reacias ni incapaces de investigar y juzgar genuinamente los crímenes estipulados en el Estatuto de Roma” y dijo complacido “me puedo retirar de la etapa de investigación preliminar. Esto no quiere decir que se esté poniendo fin al apoyo, el compromiso será una actividad continúa, pero este es un gran logro”.

El 27 de abril de 2022, la Federación Internacional por los Derechos Humanos, FIDH, y la Corporación Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, CAJAR, le pidieron a la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI, revisar y revertir la decisión del fiscal Karim Khan de cerrar el examen preliminar sobre la situación en Colombia, ya que no sirvió a los intereses de la justicia y de las víctimas.

En decisión del 22 de julio de 2022, la Sala determinó que, con base al artículo 15(6) del Estatuto de Roma y la Regla 49 de las Reglas de Procedimiento y Prueba, el Fiscal sí tiene una  “obligación de informar sin demora las razones de su decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia”, a víctimas, organizaciones u otros que hayan proporcionado información durante la duración del examen preliminar en Colombia, de junio de 2004 a octubre de 2021. La CPI había puesto a Colombia en la lista de países bajo observación por las graves situaciones de violencia que enfrentaba el país, por los crímenes de lesa humanidad y por al menos 5.763 ejecuciones extrajudiciales, mal conocidas en la opinión pública como “falsos positivos”, de civiles presentados ilegítimamente como bajas en combate.

Para la Sala, la información entregada por el Fiscal al cerrar el examen preliminar – mediante un comunicado de prensa y el Acuerdo de Cooperación con el gobierno de Colombia – no proveyó “información suficiente” sobre las razones del cierre del examen preliminar, en particular dada “la duración del examen preliminar y de las expectativas que puede haber suscitado en quienes proporcionaron información antes o durante el examen preliminar”.

En el comunicado conjunto del 26 de julio de 2022, FIDH y CAJAR reiteraron su compromiso “con la lucha contra la impunidad, por lo que urgen a la comunidad internacional seguir monitoreando que la aplicación de los mecanismos de justicia transicional en Colombia respeten estándares internacionales, garanticen la participación de las víctimas y permitan avanzar hacia la investigación y sanción de los máximos responsables de los crímenes cometidos”.

El expresidente Iván Duque buscó aprovecharse políticamente de la decisión de Khan. Dijo que espera mostrar que Colombia “ha fortalecido sus instituciones judiciales”. (….) que se cierra el examen preliminar reconociendo los esfuerzos de Colombia y (…) el principio de complementariedad con el cual fue fundada la Corte Penal Internacional”. Agregó  que con el cierre “se sella un acuerdo entre Colombia y la Corte Penal Internacional para estar compartiendo información, para tener reuniones periódicas y para seguir mostrando los avances de nuestro país en este proceso que es fundamental para darle tranquilidad a millones de víctimas de la violencia”.

Pero, como bien se sabe, el expresidente Duque no le aportó a la paz, sino que la debilitó con su engañoso lema de “paz con legalidad”, lo que le valió críticas en el Consejo de Seguridad de la Organización Naciones Unidas. Tampoco le dio tranquilidad a las víctimas de la violencia, sino que las desprotegió, lo que se demuestra con el hecho de que 145 líderes sociales y defensores de Derechos Humanos fueron asesinados en 2021 y 52 durante el primer semestre de 2022. Duque utilizó con éxito el principio la complementariedad del Derecho Internacional Público para convencer al fiscal de la CPI,  quien se apresuró a retirar a Colombia  de la etapa de investigación preliminar.

El fiscal Karim Khan debe cumplir sin demora lo ordenado por la Sala de Cuestiones Preliminares de la CPI de explicar de manera detallada su decisión de cerrar la investigación del examen preliminar de la situación en Colombia. Para la FIDH y el CAJAR,  “su decisión de cerrar el examen preliminar no se ajusta a la realidad de los hechos y la necesidad de responder a las expectativas de justicia frente a crímenes internacionales que permanecen impunes en Colombia, algunos de los cuales no tienen perspectivas de ser debidamente procesados por la justicia colombiana”.

Ha entrado un nuevo gobierno del presidente  Gustavo Petro que da mucha esperanza de que se mejore la situación de derechos humanos en Colombia. Mientras tanto, la comunidad internacional debe seguir vigilando las graves situaciones de violencia que enfrenta el país, y presionando para que haya justicia para los crímenes de lesa humanidad y las ejecuciones extrajudiciales del pasado.

Duque saca pecho en La Haya con un tema al que le hace el feo en Colombia

El presidente de Colombia, Iván Duque, ha destacado este jueves la «enorme» experiencia del país en el campo de la justicia transicional durante una visita a la sede de la Corte Penal Internacional (CPI), en La Haya, Países Bajos.

Durante su visita, Duque ha reiterado el compromiso de Colombia con los principios rectores del Estatuto de Roma y ha manifestado al presidente, Piotr Hofmanski, y al secretario judicial, Peter Lewis, su «admiración por la CPI y el trabajo que viene realizando, particularmente en el contexto de la pandemia de COVID-19».

Además, ha expresado su agradecimiento por «los esfuerzos que está realizando para garantizar que las víctimas de los crímenes más atroces puedan obtener justicia, incluso en estas difíciles circunstancias».

Del mismo modo, ha querido recordar el acuerdo de cooperación firmado entre su Gobierno y la Fiscalía de la CPI que reconoce la voluntad de Colombia y de sus instituciones de «administrar genuinamente justicia». El documento destaca el compromiso del Gobierno de garantizar el buen funcionamiento de la justicia ordinaria y la transicional, producto del acuerdo de paz con las FARC.

A juicio de Duque, «marca un hito en la relación de Colombia con la CPI» y ha resaltado que su encuentro con el fiscal de la corte, Karim Khan, es una oportunidad para desarrollarlo más. «Abre nuevas vías para compartir ese saber hacer con la CPI y sus Estados partes, siempre mirando hacia el cumplimiento de los objetivos del mismo, el Estatuto de Roma», ha agregado.

Hofmanski ha agradecido a Duque por la visita al Alto Tribunal y ha afirmado que «el compromiso y la plena cooperación de los Estados es esencial para que la CPI pueda cumplir con su mandato de manera independiente y efectiva». «En este contexto, el apoyo continuo de Colombia a la Corte es de vital importancia y es muy apreciado», ha agregado.

Además de Hofmanski, Lewis y Khan, en la reunión han estado presentes la primera vicepresidenta de la CPI, la jueza Luz del Carmen Ibáñez Carranza, y el segundo vicepresidente, el juez Antoine Kesia-Mbe Mindua.