“Hacemos un llamado al Departamento de Estado y al Congreso de Estados Unidos ordenar una moratoria a la venta de armamento antidisturbios a Colombia hasta que el ESMAD haya sido remplazado por una nueva fuerza”.
La petición está consignada en un informe de Wola, oficina de Washington para los asuntos Latinoamericanos, una ONG que opera en la capital estadounidense.
Concretamente, “Wola es una organización líder en investigación e incidencia que promueve los derechos humanos en las Américas. Nuestra visión es lograr un continente en el cual las políticas públicas protejan los derechos humanos y reconozcan la dignidad humana, y en donde la justicia prevalezca sobre la violencia”, según su descripción en la página de Internet.
El informe de Wola
El 9 de diciembre marco el 18vo día de protestas pacíficas nacionales por parte de sindicatos, estudiantes, activistas de paz, afrocolombianos, indígenas, victimas, mujeres, campesinos afectados por tratados de libre comercio, y una multitud de colombianos.
Al comienzo de las demostraciones, organizaciones y activistas estadounidenses apoyaron las protestas pacíficas en un comunicado público.
En los días antes de las protestas, la administración Duque implemento medidas de seguridad innecesarias que enviaban el mensaje de que querían aplastar las demostraciones.
El 19 de noviembre, la policía llevo a cabo allanamientos y redadas a 37 casas de activistas, artistas, y medios alternativos. 21 redadas fueron declaradas ilegales por las cortes colombianas.
Intentando justificar la represión, el presidente y miembros del Partido Centro Democrático públicamente estigmatizaron la protesta, criminalizando el derecho a protestar e incorrectamente afirmando que existía una influencia extranjera fomentando la protesta con el fin de desestabilizar el gobierno.
Después de esta respuesta inicial de parte del estado, nos vimos con la necesidad de pronunciarnos sobre posibles ataques y abusos en contra de los manifestantes.
Cuestionamientos al Esmad
Dos semanas después, tristemente hemos visto que nuestras preocupaciones estaban justificadas. Aunque la mayoría de los cientos de miles de colombianos protestaron pacíficamente, la policía y el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD), una fuerza antidisturbios de 3300 miembros, respondió con brutal represión.
El 22 de noviembre, fue declarado un toque de queda en Bogotá y Cali después de que se esparcieran por medios sociales falsos rumores de que ladronesalgunos de origen venezolanoaprovecharían que la policía estuviera ocupada para atacar las casas de los ciudadanos.
Estos rumores causaron pánico y llevaron a la formación de grupos para-policiales patrullando las calles y fomentando la zozobra y el caos. El gobierno nutrió la xenofobia en contra de los venezolanos al deportar 60 venezolanos sin el debido proceso.
Al siguiente día, el sábado 23, el ESMAD trabajo metódica y violentamente para despejar cualquier congregación de manifestantes, aparentemente bajo la orden de “dispersar cualquier demostración que bloquee el tráfico”.
Miembros del ESMAD dispararon a Dilan Cruz de 18 años en la parte de atrás de la cabeza con munición ‘no letal’ tipo “bean bag”, cuyo propósito, según las Naciones Unidas, es el de “ser usado en fuego directo con el fin de apuntar al abdomen bajo o a las piernas de un individuo violento y solo con el propósito de solucionar un riego de afectación inminente a una fuerza policial o a un miembro del público”.
Múltiples manifestantes captaron el incidente en video. Dilan murió por sus heridas el 25 de noviembre. Medicina legal declaro su muerte como un homicidio.
Según la coalición Defendemos la Libertad, compuesta por más de 60 organizaciones trabajando juntas para hacer observación a las protestas sociales, más de 400 casos de abuso por parte del ESMAD y la policía fueron presentados solo entre el 21 y el 27 de noviembre.
Incluyendo 16 afectaciones a los ojos causado por munición de gas lacrimógenos y otros proyectiles, los cuales están prohibidos por protocolos de la policía colombiana y la ley internacional de ser disparados a la cara de los manifestantes.
Esta no es la primera vez que las acciones del ESMAD han resultado en muertos y heridos. Desde su creación en 1999, la unidad ha causado la muerte de 34 personas. Su desproporcionado uso de la fuerza y ataques brutales en contra de civiles desarmados en protestas rurales, especialmente las lideradas por comunidades indígenas, han sido denunciadas a las autoridades en numerosas ocasiones.
La petición
Según el informe, “por lo que sabemos, fondos públicos de E.E.U.U. no financian al ESMAD directamente. Sin embargo, muchas de las armas usadas por el ESMAD, incluyendo las municiones de gases lacrimógenos y tipo “bean bag”, son compradas con fondos propios del gobierno colombiano por medio de programas de venta de armas de los Estados Unidos.
Gran parte de su material proviene de la compañía basada en Pennsylvania, Combined Systems, Inc., que vende la municion de gas lacrimógeno y granadas de aturdimiento a Colombia.
“Hacemos un llamado al Departamento de Estado y al Congreso de E.E.U.U. de ordenar una moratoria a la venta de armamento antidisturbios a Colombia hasta que el ESMAD haya sido remplazado por una nueva fuerza o haya sido reformado para ser una entidad dramáticamente diferente, con una cultura de respeto a los derechos, una doctrina de des-intensificación, respeto a la protesta pacífica, y el uso mínimo de la fuerza.
La embajada de E.E.U.U. y el Departamento de Estado deben apoyar a la sociedad civil en sus demandas por la paz, derechos laborales, seguridad para los defensores de derechos humanos, y protección ambiental.
La reiteración del Secretario de estado sobre los rumores de que las propagadas protestas latinoamericanas sean motivadas por intervención de Venezuela y Cuba en vez de frustraciones reales de la ciudadanía de cada país que los han llevado a manifestarse, son nocivas.
“Por último, hacemos un llamado al gobierno Duque a que resuelva las protestas pacíficamente por medio de la negociación, incluyendo el amplio liderazgo de los múltiples sectores involucrados en las protestas que lleven a una resolución más profunda de los problemas que motivan este descontento social”.
Una investigación minuciosa sobre la muerte de Dilan Cruz y otros abusos ocurridos durante las protestas debe ser llevado a cabo por la justicia ordinaria.
La Procuraduría General de la Nación y le Defensoría del Pueblos deben ser fomentados y permitidos a llevar acabo su crucial papel en determinar medidas disciplinarias para oficiales públicos y en documentar quejas ciudadanas.
“Finalmente, el gobierno Duque debe asegurarse de que el protocolo existente para tratar las protestas sociales (Resolución 1190 del 2018 del Ministerio del Interior) se aplique en todo momento en vez de ser completamente ignorado”, concluye el informe.
