La Procuraduría General de la Nación solicitó a la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, revocar el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, que fue concedido al exoficial del Ejército Nacional, Bayron Carvajal Osorio, ante la gravedad de los hechos que motivaron su investigación y condena por la ‘masacre de Jamundí’, y al no considerar este caso como competencia de la JEP.
Para el Ministerio Público es indispensable que se tenga en cuenta que los sucesos ocurridos el 22 de mayo de 2006, en los que hombres del Pelotón Especial Lince del Batallón de Alta Montaña No. 3, de la Tercera Brigada del Ejército, bajo el mando del teniente coronel Carvajal Osorio, deben ser considerados como actos ajenos a la actividad militar o a las acciones propias del conflicto armado.
La operación militar tuvo fuertes cuestionamientos frente al procedimiento ya que se solicitó la suspensión del ataque por un superior y no fue atendida. La escena fue alterada y miembros del Ejército impidieron el ingreso de las autoridades correspondientes para que adelantaran las acciones de reconocimiento y evaluación de los hechos, y se pudo comprobar que la orden de operaciones fue presentada con información falsa.
Para el ente de control, estos elementos permiten evidenciar que los hechos liderados por el exoficial corresponden a actividades irregulares, contrarias al ejercicio de sus funciones, y dan respuesta a acciones ilegales cometidas al servicio de una red delincuencial organizada con ánimo de lucro, y no pueden ser catalogados actividades dentro del marco de una operación de guerra contra otro grupo armado.
El órgano de control le recordó a la JEP que no todos los delitos que se cometieron simulando un combate o una operación militar, tienen necesariamente una relación con el conflicto armado, por lo que deben ser analizados y tratados en procura de la garantía de los derechos de las víctimas y la prevalencia del orden jurídico.
Así mismo reiteró que la conducta del exoficial del Ejército Nacional corresponde a una acción ilegal cometida al servicio de intereses del narcotráfico, y no puede ser confundida con actos cometidos ocasión del conflicto armado.
La polémica se desató tras la decisión de la Sección de Apelaciones de la Jurisdicción Especial para la Paz – JEP, de otorgarle al militar retirado el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada, que además fue rechazada también por los familiares de las víctimas de la masacre de policiales en Jamundí en el Valle del Cauca, y por el senador y presidente de la Comisión de Paz del senado, Roy Barreras.
El Teniente Coronel Byron Carvajal fue condenado junto a 11 soldados tras ser responsables de la muerte de 10 miembros de la DIJIN y un informante, según lo dictaminó el juez cuarto especializado de Cali, Edmundo López.
