La Senadora Angélica Lozano y el Representante Mauricio Toro radicaron un proyecto de ley que busca establecer medidas que protejan y dignifiquen al contratista de prestación de servicios en el sector público, desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo la modalidad de contratación de prestación de servicios y reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado.
“Enmascarar contratos laborales mediante la figura de prestación de servicios resta beneficios y condiciones óptimas para los trabajadores. Es por eso que presentamos este proyecto para frenar tales abusos. Buscamos desincentivar y eliminar el encubrimiento de las relaciones laborales bajo esta modalidad de contratación y reforzar e incentivar la modernización de las plantas de personal del Estado”, explica Lozano.
“Los contratos de prestación de servicios en Colombia se han convertido en la manera de evadir el esquema de protección social de los trabajadores o en la forma de contratar sin unas garantías mínimas que atentan contra la dignidad humana. Esperamos que el Congreso, de una vez por todas, legisle a favor de los contratistas, pues ya es la tercera vez que lo radicamos”, señaló Mauricio Toro.
La iniciativa, propone una cláusula penal en favor del contratista en caso de que se le incumpla su contrato. “Se apoya el concepto de estabilidad ocupacional reforzada, desarrollado por la Corte Constitucional; no se puede terminar un contrato a un contratista que se encuentre en situación de debilidad manifiesta por su estado de salud, por ejemplo”, señala el proyecto.
Para su coautor, el Congresista Toro: “Con este proyecto no se modifica en absoluto la figura de prestación de servicios, lo que se busca es proteger y garantizar por parte del Estado beneficios que hoy no tienen como que el Fondo Nacional del Ahorro les abra una línea especial de crédito para vivienda y financiación y que ellos puedan ahorrar voluntariamente. Adicionalmente que puedan ejercer el derecho de asociación y no ser obligados a participar en actividades con fines electorales ni apoyar a ningún candidato”.
Asimismo, que las entidades del Estado definan “topes máximos para la contratación por prestación de servicios, la cual debe guardar coherencia con su nómina de trabajadores so pena de sanciones”.
La idea es que las entidades del Estado reduzcan estas vinculaciones de personas a través de la modalidad de prestación de servicios.
Según una investigación realizada por la Universidad de los Andes y publicada en noviembre del 2019 “en promedio, ser contratista disminuye 37 por ciento el salario bruto mensual devengado con respecto a tener un cargo de planta”.
Otros puntos clave de la iniciativa:
Los honorarios de los contratistas deberán ser equiparables a los salarios de funcionarios de planta.
- No podrán terminar anticipadamente a mujeres embarazadas, en licencia de maternidad/paternidad ni en enfermedad
- Se garantizará que los contratistas puedan tener incapacidades médicas en caso de enfermedad, así como un periodo de vacaciones, sin que sufran descuentos o sanciones de los honorarios.
- Se simplifica el proceso de radicación de cuentas de cobro. La entidad no podrá exigir documentos que sean expedidos por la misma entidad, o firmas de funcionarios internos.
- Si la prestación del servicio debe realizarse en las instalaciones de la entidad, estas deberán proveer los elementos personales como computador. No podrán exigir que el contratista lleve sus propios equipos
- Los contratistas podrán acceder a los beneficios y eventos ofrecidos a los empleados internos de la entidad.
