La Procuraduría General de la Nación abrió indagación preliminar a funcionarios por determinar de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas –UARIV- y de la alcaldía de Puerto Carreño, Vichada, por presuntas irregularidades en la ejecución de programas de apoyo dirigidos a la población víctima del conflicto en ese departamento.
Entre las aparentes irregularidades objeto de la indagación, la Procuraduría Regional de Vichada investiga un convenio firmado entre la UARIV y tres municipios del departamento, que presentaría inconsistencias en la entrega de proyectos así como posibles sobrecostos y suministro de elementos en mal estado.
Ese convenio fue suscrito por la UARIV con las alcaldías de Puerto Carreño, La Primavera y Santa Rosalía.
También es objeto de la indagación el desarrollo de un contrato firmado por la alcaldía de Puerto Carreño con una entidad sin ánimo de lucro por $1.500 millones, por posibles irregularidades en su ejecución.
Ese contrato busca ejecutar iniciativas productivas y de apoyo psicosocial para el restablecimiento socioeconómico de las familias víctimas del conflicto en la capital de Vichada y el municipio La Primavera.
