Una denuncia del empresario Jorge Méndez envuelve al Ejército Nacional a quien se le señala de favorecer a algunos contratistas a través del Central Administrativa y Contable de Puente Aranda.
El caso es investigado por la Fiscalía General de la Nación bajo la bajo la noticia criminal 8742. De acuerdo con el denunciante, a través de una licitación se buscaba proveer de materias primas las diversas plantas del Batallón de Intendencia del Ejército, proceso en el que la empresa de Méndez no pudo participar porque según él, “se le habría inhabilitado de manera injustificada con el fin de permitir que contratistas específicos ganaran”.
En una publicación de la Revista Semana, Méndez culpa a la coronel Jenny Patricia Rubiano Dávila, y su equipo de trabajo de sacarlo del camino y dejar en la puja de una millonaria licitación de más de 29.000 millones de pesos a oferentes de su preferencia.
A través de un comunicado, el Ejército Nacional no solo defiende a la coronel Rubiano sino que además deja claro que estos hechos fueron puestos en conocimiento de los entes de control por la misma institución militar.
“Las acusaciones del señor Jorge Méndez, hacen referencia a unos procesos de Subasta Inversa Electrónica adelantados en la plataforma pública del SECOP II de Colombia Compra Eficiente por la CENAC de Puente Aranda, en los que, durante la etapa de evaluación de las propuestas, evidenciaron la concurrencia de dos sanciones por incumplimiento parcial pero definitivo de la empresa JEM SUPPLIES, dando lugar a una presunta inhabilidad para contratar con el Estado, que, de ser adjudicatario de los procesos, para la CENAC Puente Aranda implicaría la realización de una conducta ilegal, que en cualquier caso no puede obligar a la entidad estatal. Revisado el Registro Único de Proponentes de la empresa en comento, se evidencia de forma explícita que JEM SUPPLIES, se encuentra inhabilitado para contratar con el Estado Colombiano por un periodo de 3 años“, señala el texto.
En lo que respecta a la coronel Rubiano, el Ejército señala: “Las imputaciones deshonrosas que afectan gravemente la integridad, moral y buen nombre de la Oficial, atentando contra su seguridad personal, familiar y laboral, fueron denunciadas por la misma funcionaria ante la Fiscalía General de la Nación, la cual cuenta con su respectivo Número Único de Noticia Criminal (NUNC).
En el comunicado dice además que las acusaciones de posibles sobrecostos del 400% no corresponden a la realidad y que el proceso contó con la revisión de un equipo que asesora a los distintos Ordenadores del Gasto y competentes contractuales, conformado por gerentes de proyecto, comités técnicos, jurídicos y económicos que participan en la estructuración de los pliegos de condiciones y en la evaluación de las propuestas, con el fin de propender por la selección objetiva de los contratistas.
