Mucho hemos escuchado los colombianos en los últimos días sobre la grave crisis que afronta hoy Bucaramanga, especialmente Floridablanca y otros 16 municipios de Santander, por cuenta del cierre de El Carrasco, el relleno sanitario que hasta el 13 de agosto pasado venía operando como sitio final de disposición de las basuras de estos municipios, pero que debido a una orden judicial fue cerrado.
Esto ha causado una enorme crisis sanitaria que al día de hoy está afectando al 65% de los municipios más poblados de Santander, salvo Barrancabermeja. Incluso se habla ya de un problema que se puede convertir en amenaza a la salud pública de la región.
El caso más crítico es lo que sucede con Floridablanca que hace parte del área metropolitana. Según lo denunció su alcalde, hoy en las calles de ese municipio hay más de mil toneladas de basuras esperando para ser evacuadas a departamentos cercanos.
Toda esta situación ha generado una dura controversia, pues trasladar toneladas de basuras de 16 municipios de Santander a una región diferente como Aguachica en el Cesar o incluso hasta Medellín, ha derivado el rechazo, especialmente de las gentes del sur del Cesar, pues a nadie le gustaría que le lleven las basuras del vecino a su propia casa.
Además del malestar ciudadano, esto también implica enormes dificultades, no solo por los múltiples gastos que esto representa para un ente territorial, sino también que se podría ocasionar un aumento en las tarifas, perjudicando al usuario final que nada tiene que ver en este problema.
Disponer las basuras de Floridablanca en El Carrasco, por ejemplo, cuesta $107.000 por tonelada, en Aguachica costaría $258.000 por tonelada y llevarlas a Medellín valdría $568.000 por tonelada. Según el alcalde de Floridablanca, Miguel Moreno, subsidiando el excedente de los $107.000 se gastaría 2 mil 700 millones de pesos en un mes, una cifra sin duda exorbitante. Y algo similar con el resto de municipios.
Este tema de El Carrasco, al igual que Santurbán, no sólo se ha convertido en un problema local o regional, sino que esto tiene una trascendencia nacional. En buena hora la ANLA ha asumido el control, pero hace falta llegar al punto final para superar esta difícil situación que afecta a miles y miles de santandereanos.
No nos digamos mentiras, aquí fallo el Estado colombiano en temas de planificación, regulación, los documentos CONPES que no han funcionado ni en Bucaramanga, ni en ninguna parte de Colombia por la bendita gana de las privatizaciones, donde los privados quieren máximo lucro al menor costo; importándole poco el servicio público y el servicio de los usuarios en Colombia y un ejemplo claro de eso son la crisis de los acueductos. Es decir, no hay una política pública que garantice subsanar en el tiempo este tipo de fallas de forma definitiva.
El Estado ha fallado en regulaciones, además de las propias responsabilidades regionales. Entonces, aquí tienen que emplearse muy a fondo las entidades del gobierno nacional, hay un fallo judicial de por medio y sobre ello no hay discusión, porque las decisiones judiciales se respetan.
Pero creemos, que al más alto nivel del Estado colombiano, promovido por el gobierno, con el poder judicial, se deben buscar unas modulaciones de estas circunstancias muy graves por cierto que vive Santander y el país, porque no es solo Bucaramanga, es Medellín, es Aguachica, incluso se habla también de Cúcuta y Norte de Santander. Son temas estructurales y debemos ayudar a solucionarlos.
Aquí lo que se debe hacer es aplicarse la Ley 2056 del nuevo Sistema General de Regalías, donde se estructuran los programas regionales de inversión de regalías en Colombia y ninguna región lo ha utilizado, pues tomémoslo aquí, hoy el 60 o 70% de Santander de las áreas más pobladas está inmerso en una grave crisis sanitaria y hay que resolver de forma casi que inmediata, antes de que el problema crezca.
Pero esto tiene que ser un trabajo articulado de todos, desde el gobernador con el OCAD del Centro Oriente tiene que proponerle a Planeación Nacional, al Ministerio de Ambiente, que pongamos como ejemplo de aplicación de esas regalías, de los proyectos de inversión en este tema. Hoy no se han utilizado esos recursos.
El Carrasco lleva 40 años de crisis, diez años de fallos judiciales, y hoy vemos muchos alcaldes en camino a la cárcel por defender la salud pública de la gente, entonces empecemos a buscar prontamente la solución al problema, más allá de El Carrasco y ahí están los recursos del Sistema General de Regalías, donde tiene tres soportes, el DNP, Ministerio de Ambiente, gobernadores y alcaldes.
Propongan esto en una mesa técnica, ahí están los recursos, apliquémoslos, ¡PERO YA!, sin más demoras, ni trabas legales, porque aquí lo que está en riesgo es la salud pública de la gente de toda una región. La crisis sanitaria no da espera.
