Varios cientos de miles de votos están en el aire después de las elecciones legislativas del 13 de marzo. Tras el anuncio en la noche del domingo, la polémica sobrevino cuando el escrutinio de los días posteriores no coincidía sustancialmente con los datos facilitados por el preconteo del domingo y hay varios curules que cambiarían de manos en base a un preconteo mal realizado. ¿Cómo es posible que unos resultados no coincidan con otros? ¿dónde estuvo el error en el proceso, que estuvo a cargo del Consorcio Disproel, del grupo Thomas Greg & Sons, quienes llevan haciendo el proceso por más de una década.
Este fue el minuto a minuto de aquella controversial noche electoral.
Una vez cerradas las urnas y concluida la jornada electoral, a las 4:00 pm, los jurados de cada mesa iniciaron el conteo de los votos depositados. Con esta información se dio inicio al preconteo que es el proceso de transmisión, consolidación y divulgación rápida de los resultados electorales el mismo día de la elección. Este proceso tiene un valor únicamente informativo, para que la ciudadanía conozca los resultados, pero no tiene valor jurídico ya que es durante el escrutinio que se realiza con base en los formularios E-14 suscritos por los jurados de votación que se determina cuántos votos obtuvo cada candidato.
Preconteo
Los boletines de preconteo emanados de la Registraduría Nacional del Estado Civil, se fueron minuto a minuto, fruto de la información que de los resultados parciales fueron llegando de los jurados de votación a las personas que la Entidad contrata para transmitirla. Esta información fue consolidada en los centros de procesamiento para luego ser divulgada.
Una vez el recolector tuvo el formulario en sus manos llamó al centro de procesamiento, miles de personas recibieron los datos suministrados y los anotaron en un formato preimpreso conocido como Formato de Transmisión de Resultados (FTR) igual al que tiene el recolector. Estos formatos tuvieron un código que representa el departamento, el municipio, la zona, el puesto, la mesa de donde se transmitieron los resultados.
Posteriormente, los formatos fueron ubicados en una bandeja, de donde otro recolector los cogió para proceder a escanearlos. El escáner está conectado a un computador que permite verificar e interpretar las imágenes. Cuando el equipo de cómputo no “entiende” alguno de los números emite una alerta, que obliga al funcionario a corregirlo y de no tener claridad en el número que se va a transmitir debió devolverlo al receptor para que escribiera bien el dato suministrado por el recolector. El objetivo con este fue asegurar que la digitalización de la información corresponde con la que contiene el documento físico en donde fue consignada.
Información a los colombianos
Superado este proceso, el computador conectado a un procesador generó los boletines con un parámetro de información, lo que indica que un boletín salió cuando se cumplía con un 5% de mesas o cada 5 minutos, para que de manera constante los colombianos obtuvieran los resultados parciales de los comicios.
Siempre que se emitió un boletín informativo se envió a la correspondiente sala de prensa , ubicada en esta ocasión en Corferias. Por diferentes canales la información fue enviada a tres servidores por varios canales distintos. Un canal llevó los datos al datacenter para ser divulgados al mundo en la web, el otro a la sala de prensa nacional ubicada en Corferias y uno más para la transmisión de archivos planos a los medios de comunicación, mediante VPN.
Errores de divulgación
Las diferencias entre los datos divulgados en el preconteo y los resultados del escrutinio obedecen en su gran mayoría a que el preconteo se realiza con base en transmisión de datos “voz a voz”, a través de teléfonos fijos, móviles o satelitales, con el fin de brindarle una información rápida a la opinión pública el día de la elección y en la mayoría de los casos se producen por errores humanos en la transmisión o recepción de la información. También se presentan casos en los que los jurados cuentan como “tarjetas no marcadas” las tarjetas no utilizadas, situación que se corrige durante el proceso de escrutinio.
Según las denuncias de casi todos los partidos políticos que llegaron en cascada después de que el Pacto Histórico reportara que en por lo menos 29.000 mesas de votación de todo el país no se registraba ningún voto por la coalición, hubo graves problemas en el proceso de registro de los votos en los formularios E-14 adelantado por los jurados de votación. Y no solo eso, además hubo problemas precisamente en el formulario E-14 por su disposición, pues precisamente los votos del Pacto Histórico estaban desaparecidos porque la casilla destinada a consignar el resultado de la coalición estaba marginada en el formulario. Este problema no solo le ocurrió al Pacto Histórico, sino a todos los partidos o movimientos que tenían una lista cerrada como el Nuevo Liberalismo, Estamos Listas o Salvación Nacional.
Este formulario también es responsabilidad de Disproel. “Aquí no se han perdido votos. En muchos casos, hubo errores humanos en el diligenciamiento del formulario E-14 y la posterior transmisión de la información”, aseguró el registrador Vega, reconociendo que el trabajo de Disproel y el de la Registraduría habían fallado.
Contrato con Thomas Greg & Sons
Este proceso electoral le costó al Gobierno, es decir a todos los colombianos, más de un billón de pesos, más concretamente “$ 1.239.918.339.645, según queda evidenciado en el el contrato público firmado en septiembre del año pasado con la “Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2021”, Disproel, del grupo Thomas Greg & Sons, familia Bautista, por cierto único proponente al mismo. El mismo que lleva operando esta parte del proceso electoral desde hace 15 años. En 2009 ganó por primera vez el contrato para la impresión de los tarjetones electorales y desde entonces se ha convertido en la contratista favorita de la Registraduría, que en cada nuevo proceso le ha entregado más dinero y más funciones propias de la entidad encargada de manejar las elecciones en el país.
Los ítems principales del contrato de estas elecciones de 2021 (Consejos de Juventud) y 2022 (legislativas y presidenciales) se discriminaron de la siguiente manera:
- Kit electoral, $ 330 mil millones;
- Biometría tipo B $ 225 mil millones (¡!)
- Preconteo, $ 483 mil millones, más escrutinio y digitalización;
- Comunicaciones, $ 50 mil millones;
- Inscripción de ciudadanos, $ 76 mil millones;
- Capacitación a Jurados, $ 14.432 millones.
Jurados sin formación
Otra de las polémicas sobrevino con la designación de los jurados de votación. En total, fueron seleccionados 727.823 personas, de las cuales, el propio registrador Alex Vega, reconoció que únicamente fueron capacitados 578.615. Es decir, casi 1 de cada 5 jurados de votación no recibieron instrucciones claras sobre el proceso electoral que debían ejercer el domingo 13 de marzo.
No es la primera vez que unas elecciones están envueltas en polémicas. En las elecciones de 2014 fue demandada por parte del Partido MIRA. Según el fallo del Consejo de Estado, el software de Thomas Greg & Sons fue alterado a tal punto que el partido cristiano perdió tres curules que solo pudo recuperar cuatro años después en los estrados judiciales.
