El representante a la Cámara por La Guajira, Juan Loreto Gómez Soto, ha manifestado su profunda preocupación por la falta de cumplimiento del Gobierno Nacional respecto a los compromisos adquiridos con el pueblo Wayuu y la empresa Salinas Marítimas de Manaure (SAMA).
Hace un año, el entonces ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, presentó ante el Congreso un proyecto de ley para capitalizar y reactivar SAMA. Esta medida tenía como objetivo garantizar la operación de la empresa, considerada el motor económico de Manaure y una pieza clave para la estabilidad de cientos de familias indígenas que dependen de la producción de sal.
Nota recomendada: Jorge Enrique Ibáñez es el nuevo presidente de la Corte Constitucional
Sin embargo, el actual ministro de Comercio, Luis Carlos Reyes, no ha dado señales de compromiso con la continuidad del proyecto. «A pesar de las promesas gubernamentales, el Ministerio ha optado por el silencio y la dilación, postergando decisiones urgentes y dejando en la incertidumbre a una comunidad que necesita acciones concretas», comenta el congresista.
El pasado 4 de febrero de 2025, el viceministro de Desarrollo Empresarial, Lorenzo Castillo Barvo, anunció en un comunicado que la capitalización de SAMA, por 61.000 millones de pesos, se encuentra dentro del techo presupuestal del Ministerio. No obstante, la entidad cuenta con 161.682 millones de pesos destinados a inversión, lo que, de acuerdo don con Gómez Soto, «genera cuestionamientos sobre la falta de prioridad hacia La Guajira y la falta de asignación de recursos a un proyecto que genera empleo y estabilidad para una población históricamente olvidada».
“La postura del Gobierno Nacional deja en el aire el futuro de SAMA, condicionando su capitalización a un proyecto de ley estancado y restricciones presupuestales sin ofrecer alternativas viables. No podemos permitir que miles de familias Wayuu y guajiras dependan de trámites administrativos mientras la crisis avanza. Invertir en SAMA no es solo una necesidad económica, sino un acto de justicia con las comunidades que apoyaron el cambio”, expresó Andrés José Díaz Lindao, gerente de Cootrasoma y representante del gremio transportista.
“Se han prometido mesas técnicas: mesas para los transportistas de sal, mesas para la segunda ponencia del proyecto de ley, mesas con los distintos ministerios en busca de avanzar y nada de esto se ha dado. ¿Ministro, cuánto más hay que estudiar? ¿Cuántos meses más van a condenar a la incertidumbre a los trabajadores de SAMA y a las comunidades indígenas que dependen de esta empresa?”, afirmó el Representante Gómez Soto.
