En la reciente Comisión Nacional de Seguimiento Electoral para las Elecciones de Autoridades Locales 2023, la Misión de Observación Electoral pidió a las autoridades nacionales prestar atención a las problemáticas observadas al funcionamiento de las herramientas tecnológicas empleadas para las elecciones. 

La MOE se refiere a las distintos sistemas, como el de sorteo de jurados de votación, y la falta de información sobre cómo operaron los software para la inscripción de ciudadanos y grupos significativos de ciudadanos, entre otras, y presentó algunas recomendaciones a la Registraduría Nacional del Estado Civil -RNEC, entre las que se destacan la necesidad de socializar los resultados de las pruebas y simulacros, y los correspondientes planes de mejora que se deriven de estos.

Destacó además la importancia de que se socialicen sus resultados y hallazgos, a fin de contar con explicaciones técnicas de las problemáticas que han presentado en los distintos sistemas, así como las medidas que los contratistas adoptarán para atender las recomendaciones que surjan.

Camilo Mancera, coordinador de Justicia Electoral de la MOE, señaló que: “un ejemplo a destacar es que para el sorteo de jurados de votación no fue posible utilizar el software desarrollado por el contratista, por lo que se activó el plan de contingencia, empleando una herramienta tecnológica diferente, la cual no cuenta con los mecanismos necesarios para el ejercicio de controles preventivos efectivos por parte de la Procuraduría General de la Nación y de veeduría por parte de las organizaciones políticas y la observación electoral.”

La MOE también presentó un balance de las irregularidades electorales reportadas por la ciudadanía en la plataforma www.pilasconelvoto.com, con corte al 9 de octubre. Esta organización consolidó un total de 1.194 reportes, de los cuales 370 (31%) fueron por: i) el uso del cargo para participar en las actividades de los partidos y movimientos políticos y en las controversias políticas y ii) hacer uso del empleo para presionar a particulares o subalternos a respaldar una causa o campaña política o influir en procesos electorales de carácter político partidista. Seguido de estas, se presentaron 288 reportes por ‘Irregularidades en publicidad y medios de comunicación; y 172 por ‘Irregularidades en el voto libre’.