La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa contra funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF-, por presuntas irregularidades en el registro de familias vulnerables atendidas por el Programa Mi Familia, en el departamento de Nariño.
El Ministerio Público investiga si se registraron datos falsos respecto al número de hogares atendidos en desarrollo del contrato firmado con la Unión Temporal Mi Familia por 8.399 millones de pesos, con el objeto de visitar periódicamente a 3.930 familias en 16 municipios para prevenir el maltrato infantil.
El órgano de control busca identificar a los posibles autores del hecho y determinar si es procedente iniciar investigación disciplinaria por una aparente apropiación de dineros del departamento.
