Puerto Resistencia se ha convertido en el corazón de las protestas de Cali. Decenas de jóvenes se mantienen activos, entre barricadas rudimentarias, en una de las intersecciones del lugar, reclamando mejores condiciones de vida.
“Quiero un futuro para mi hijo y los demás niños. Que tengan oportunidades de salir adelante. Lo que yo no tengo en estos momentos, que lo tengan ellos. Una mejor vida”, reclama uno de los jóvenes que se mantienen, encapuchados, en una de las entradas.
Los manifestantes han rebautizado el barrio, conocido como Puerto Rellena, debido a las populares morcillas que se vendían en el lugar.
No ha sido el único cambio. Una pequeña comisaría de Policía local, que fue pasto de las llamas durante las protestas, ha sido transformada en una librería.
Lleva el nombre de Marcelo Agredo, un joven de 17 años abatido por la Policía, en el barrio, el 28 de abril, cuando se iniciaron las protestas. Ese día, otro agente mató también a Jeirson García, de 13 años. Fue entonces cuando los jóvenes del barrio levantaron las barricadas, elaboradas con piedras de la calle y barreras naranjas utilizadas para señalizar obras.
“La Policía nos cogió como objetivo militar porque sabe que si le tumbamos al presidente, Iván Duque, y al expresidente Álvaro Uribe se les acaban muchos beneficios. Nos están matando”, denuncia otro joven, ataviado con capucha y pañuelo en la cara. “Esos crímenes no pueden quedar impunes”, añade, mientras llega un olor a basura quemada, la única manera de eliminar los desperdicios en un lugar donde no llegan los camiones de recogida.
La Defensoría del pueblo informó el 11 de mayo de 42 muertos durante las protestas. Uno de ellos es un agente de Policía fallecido durante un saqueo en un suburbio de Bogotá.
En busca de mejores condiciones
La mayoría de quienes están en las barricadas de Puerto Resistencia dicen estar allí para conseguir mejores condiciones de vida. Muchos, provenientes de entornos muy marginales, aseguran que no entienden de política y no apoyan a ningún partido.
Se quejan, especialmente, de una educación cara, precaria y excluyente, sobre todo para jóvenes de escasos recursos, que no pueden compaginar sus estudios con la tarea de tener que llevar, cada día, comida a su casa.
“Yo busqué estudiar muchas veces y no pude porque, lamentablemente, acá el estudio ha de ser pagado y, si tú no cuentas con dinero, si no tienes plata, no estudias”, lamenta un muchacho de ojos nerviosos escondidos bajo un sombrero de ala ancha.
“Aquí hay falta de oportunidades. No hay interés porque los jóvenes accedan a la educación. Hay muy pocas instituciones públicas, que sufren el flagelo de que les reducen sus presupuestos cada vez que hay reformas”, expone otro joven, voluntario en uno de los puestos de atención médica de la zona, abastecido con donaciones de los ciudadanos.
“Por otro lado, la educación privada es muy costosa. Quienes pueden acceder a ello son privilegiados porque, de una u otra manera, el esfuerzo de una familia en llevar a un chico a ser profesional garantizará un cambio sustancial en su vida. Esto es muy triste, porque todos tenemos derecho a educarnos. Falta empleabilidad. No hay un acompañamiento”, añade.
El escenario de post pandemia
La situación de los jóvenes de barrios marginales, ha empeorado con una pandemia que ha arrojado a 3,5 millones de personas por debajo de la línea de la pobreza. El 43 por ciento de la población gana menos de lo que necesita para satisfacer sus necesidades básicas, según la ONG International Crisis Group. Esa situación, en los barrios marginales de Cali, genera aún más violencia.
“La delincuencia surge de la necesidad de comer. Nosotros lo único que estamos haciendo es luchar por un cambio por Colombia. Un cambio real. No pañitos de agua tibia de que venga, modifico una cosita y ya, nos fuimos. No. Necesitamos un cambio real. El problema de los jóvenes es que se dejan endulzar el oído con la poquita ayuda que el Gobierno quiere dar”, asegura otro joven, cubierto con una máscara antigás.
Representantes de los sectores que mantienen barricadas en Cali se reunieron este jueves con el alcalde de la ciudad y otros altos funcionarios. La cita fue interrumpida abruptamente cuando los jóvenes recibieron noticias, que resultaron ser falsas, de un ataque en uno de los puntos de bloqueo. Quienes acudieron a la reunión reclamaron garantías de seguridad.
“A mí me da miedo que me maten o me detengan. Como a todos los colombianos. Tenemos miedo de que nos desaparezcan. De que salgamos a la calle y el Estado no garantice nuestra tranquilidad, y la posibilidad de regresar a casa”, asegura el voluntario en el puesto médico.
“Nosotros estamos dispuestos a luchar hasta que el pueblo lo diga. No vamos a dar reversa ni a parar”, dice el joven del sombrero, mientras espera su plato de comida elaborado en una de las varias cocinas comunitarias que se han establecido en el lugar.
