Óscar Sevillano
Si es cierto que las Farc participaron en el crimen del excandidato presidencial conservador Álvaro Gómez Hurtado, el trabajo y credibilidad de la Fiscalía General de la Nación, quedaría por el piso.
De ser cierta la confesión de la extinta guerrilla, las investigaciones que hasta el momento ha realizado la Fiscalía sobre el caso de Álvaro Gómez, pierden toda confianza. Recordemos que este es un caso donde ya hay personas que han sido condenadas como Héctor Paul Flórez, quien estuvo durante 18 años y 8 meses en prisión y en estos momentos, pide que se reconozca la injusticia cometida al haberle sentenciado a 40 años de cárcel, a pesar de que demostró con pruebas, que ese 2 de noviembre de 1995, día en que el político conservador fue asesinado, él se encontraba en Sincelejo en un sepelio.
¿Cómo pudo llegar la justicia en Colombia a cometer tamaño error?; ¿Así de mal se abordan las investigaciones judiciales en este país?; ¿corresponde este caso a una especie de falso positivo judicial?; ¿tanto afán existía de mostrar resultados que fue necesario buscar a alguien para inculparlo a sabiendas de que nada tenía que ver?
Por el cargo de Fiscal General de la Nación han pasado varias personas, algunas de ella son: Alfonso Valdivieso, Alfonso Gómez Méndez, Luis Camilo Osorio, Mario Iguarán, Eduardo Montealegre, Néstor Humberto Martínez y Viviane Morales. Hasta dónde recuerdo, ninguno de estos mencionó a las Farc como posibles autoras, para colmo la presión de la familia Gómez y sus amigos más cercanos, terminaron por convertirse en un elemento perturbador que no permitió ampliar el panorama de posibles determinadores del crimen, más allá de quienes ellos estimaban podrían ser los culpables.
En casos como estos, quien queda mal parada es la investigación judicial que estaría llevando a juzgamientos equivocados, producto de la presión mediática que puede tener un caso como el de Gómez Hurtado, que aún se encuentra sin resolverse del todo, por lo que no se puede descartar que otros actores, aparte de los que ya se tenían en la mira, pudieron estar tras los hechos.
No está de más considerar las acciones de la extinta guerrilla dentro de la investigación que aun cursa sobre el caso, así terminen por echar al traste lo que hasta el momento se había avanzado y obligue a partir de cero. Así de paso se puede establecer también, hasta donde han llegado las alianzas entre las mafias del narcotráfico con los grupos ilegales, tanto de extrema de derecha como de la extrema izquierda.
Para esto es necesario que el Estado reconozca que se pudieron cometer errores en la investigación y juzgamientos que hasta el momento se han dado. Ya veremos si el gran ego que ha demostrado tener el Fiscal General de la Nación, Francisco Barbosa, lo permite.
Sin embargo, vale la pena destacar que los miembros de la extinta guerrilla comiencen a confesar su participación en crímenes y acciones violentas. Corroborar si es o no es cierto, le corresponde al Estado. El tiempo dirá si se cumplió con esta tarea como es debido.
