Lo que ha sucedido esta semana en Venezuela requiere la atención de todo el mundo. Sin embargo, se debe tener mucho cuidado en las formas en las que se reacciona a la situación interna del vecino país, especialmente cuando se trata de relaciones diplomáticas entre naciones, porque una declaración bien intencionada pero tramitada de la manera incorrecta puede terminar convirtiéndose en gasolina para una escalada de violencia que nadie desea.
Lo primero que se debe dejar claro es que se deben revelar las actas de votación. Este es un punto que no admite discusión, puesto que la única manera posible de reconocer un resultado electoral es si existen las garantías para la verificación del proceso de votación. La democracia se garantiza a través de la transparencia, de poder dar las garantías necesarias a todos los sectores políticos así como a la comunidad internacional de que los resultados electorales publicados son legítimos, cosa que no ha sucedido hasta ahora y que se le debe exigir a la institucionalidad venezolana.
Esta ha sido desde un primer momento la postura clara del Gobierno colombiano, expresada a través del Canciller Luis Gilberto Murillo y el Presidente Gustavo Petro. No se puede afirmar de manera alguna que desde el gobierno se ha obviado la evidente situación irregular o se ha legitimado de forma alguna el resultado anunciado el día viernes por el CNE venezolano. Las declaraciones de los ministros y del Presidente han ido siempre en la línea de que no hay manera de reconocer la elección sin que no haya antes un proceso transparente de conteo de votos, de que este es el primer requisito para validar la elección.
Ahora bien, las razones por las cuales Colombia no vota la resolución de la OEA tienen que ver con el manejo de las formas, asunto casi tan vital como el contenido de una acción cuando se habla de relaciones diplomáticas. Venezuela decidió en el 2019 retirarse de la OEA de manera unilateral, es decir, el país tomó la decisión de no seguir haciendo parte del organismo internacional por lo que la resolución que se pretendía emitir tendría un efecto meramente simbólico, que no funciona como mecanismo con medidas efectivas de presión.
No se puede olvidar que Colombia cumple un rol como mediador en los diálogos que se sostienen entre la oposición y el Gobierno. Cualquiera que conozca sobre resolución de conflictos sabe que quién asume el rol de mediador debe ser especialmente cuidadoso en la manera en la que transmite sus mensajes, so pena de que las partes ya no lo reconozcan como un interlocutor válido y se pierda el trabajo realizado en pro de llegar a un acuerdo. Votar a favor de la resolución de la OEA hubiese significado renunciar a la posición de mediador, posición desde la que se puede lograr mejores resultados en favor de la ciudadanía venezolana.
Colombia, México y Brasil emitieron un comunicado conjunto en el cual queda claro el pedido de que se den a conocer de manera pública los datos sobre la votación, mostrando de nuevo que la postura ha sido una sola: se exige la transparencia. Pero, el pedido de transparencia no se puede convertir en un llamado a la violencia, que es lo que algunos sectores políticos parecieran desear para el vecino país con descabellados que ruegan por una intervención militar que sólo traería más violencia y dolor.
