El pasado 10 de febrero en fallo de única instancia el Consejo de Estado anuló la elección de Luis Alejandro Motta Martínez como representante de las Entidades sin Ánimo de Lucro (ONG) ante el Consejo Directivo de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR), por haber sido postulado por una ONG que “no cumplía con los requisitos para participar en el proceso de elección de sus representantes ante el Consejo Directivo de la CAR y, por tanto, no tenía derecho de presentar candidaturas, en los términos del artículo 2 de la Resolución 606 de 2006”.
El señor Luis Alejandro Motta ha sido representante de las ONG ante el Consejo Directivo de la CAR desde el año 2000. Como lo denunciamos públicamente a finales de 2020 y en marzo de 2021 ante la Fiscalía General de la Nación, al parecer, Luis Alejandro Motta y Andrés Iván Garzón, quien también ha estado en el consejo directivo de la CAR hace más de 20 años, fueron reelegidos para el periodo 2019-2023 de manera irregular a través de un carrusel de ONG.
Para confirmar este presunto “carrusel”, revisamos cada una de las ONG que votaron por Motta y Garzón y encontramos que, además de las 14 ONG de Pacho que denunciamos en noviembre de 2020 que se encuentran registradas en el mismo barrio, el mismo patrón se replica en otras ONG que votaron por estos señores. De las 112 ESAL que votaron por Garzón y Motta, 40 ONG, una tercera parte (35.7%) siguen el mismo patrón. Esto sucede en los municipios de Pacho (25), Bogotá (7), Fusagasugá (5) y Girardot (3).
Además del domicilio registrado, nos llamó poderosamente la atención los siguientes patrones que siguieron las ONG que votaron. De las 112, 42 ONG (37,5%) fueron registradas en el año 2000 y, de esas, 34 fueron registradas en el mes de septiembre del año 2000. Es decir: una de cada tres ONG registradas se creó de un momento a otro antes de las elecciones del 2000, época en la cual no debían cumplir con el requisito de 4 años de antigüedad. Incluso se encontraron coincidencias en el día de registro ¡Curiosamente coincide con el tiempo que llevan los consejeros en la CAR!
Por otro lado, analizando la/os presentantes legales de las 112 ONG, encontramos que 39 (34,8%) tienen concentrada su representación en 18 personas (es decir, que hay personas que son representantes legales de dos o más ONG). También, se encontró una correspondencia entre las personas que aparecen como representantes legales de múltiples ONG, pero además participan en las juntas directivas de otras. Evidenciamos que 33 representantes legales ocupan cargos en las juntas directivas de 53 ONG (47.32%). Tanto la ONG que postuló al señor Motta como la que postuló a Garzón hacen parte de esas ONG que comparten redes de representantes y miembros de juntas directivas.
Asimismo, encontramos que, de las 112 ONG, al menos 59 presentaron al Comité Evaluador, el cual habilitaba su participación en la elección, informes de actividades ambientales con un contenido similar. En algunos casos los informes eran idénticos y en otros se presentó el mismo contenido, pero alterando el orden de las palabras.
La decisión que tomó el Consejo de Estado es el primer paso para develar con claridad todas las conductas y personas que han girado alrededor de estas elecciones. Además, es un precedente que impone un cambio en las dinámicas de corrupción en la CAR. Esperamos que esta decisión impulse la denuncia que radicamos ante la Fiscalía General de la Nación, así como nuevas decisiones en otras instancias.
Como lo advierten diversas organizaciones ambientales, es posible que se vuelva a presentar esta dinámica fraudulenta en los procesos de elección ante el Consejo Directo de la CAR. Por ello, hacemos un llamado para que se verifique y se haga veeduría al próximo proceso de elección. No podemos permitir que se sigan avalando estas prácticas, ni que las ONG sean representadas por personas que no tienen ningún interés en salvaguardar y proteger el ambiente en todas sus dimensiones.
No más atajos y mucho menos con los recursos públicos que deben cuidar los recursos ambientales.
