De acuerdo con el informe de Futuros Urbanos “Panorama del sicariato 2021-2022” “Entre 2017 y 2021 el homicidio por sicariato se duplicó, al pasar de 4.080 a 8.161 casos respectivamente” y en lo que va de 2022 ya se registran 5.072 casos, que representan el 61% del total de los homicidios ocurridos en el país.

Este informe confirma que la mayoría de los homicidios en Colombia se deben a la violencia estructural, ejecutada por delincuentes, y no a problemas de convivencia, como siguen creyendo algunas autoridades. De acuerdo con las cifras presentadas en el estudio de Futuros Urbanos, si se suman los homicidios por sicariato y hurtos registrados entre 2017 y 2021, se tiene que el país pasó del 67,2% de los homicidios por violencia delincuencial en 2017 a 79,7% en 2021.

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Frente al incremento de los homicidios y en especial de la violencia estructural, además de contar con un plan para identificar, perseguir y desarticular las estructuras criminales que están actuando en el país, es necesario contar con un plan antihomicidios que apunte a:

1. Aumentar el nivel de esclarecimiento de los homicidios, que está en el 40%, es decir apenas se conoce a 4 de cada 10 homicidas. Para esto se requiere incrementar de manera sustancial el número de investigadores judiciales de la Policía y de la Fiscalía, así como de fiscales especializados en este delito.
2. Identificar, perseguir, detener y judicializar a los sicarios y demás asesinos. En el caso del sicariato, algunos de los asesinos son responsables de múltiples casos, sin que hasta ahora hayan sido detenidos y judicializados.
3. Trabajar de manera cercana y permanente con las comunidades afectadas. En los barrios no existe impunidad los vecinos saben quién mata, roba y comete otros delitos, y no denuncian por miedo a la retaliación de los delincuentes y porque no tienen confianza en las autoridades. En este campo debe darse una intervención integral del Estado en los territorios donde se concentra la violencia y la delincuencia, donde además de los organismos de seguridad y justicia, participen instituciones de desarrollo social.
4. Combatir el comercio ilegal de armas de fuego y ejercer control y decomisar armas ilegales y legales que portan los ciudadanos en los ciudades y territorios.
5. Fortalecer el sistema carcelario y penitenciario. El hacinamiento, el control delincuencial de las cárceles y la reproducción de la violencia y la delincuencia que se genera en estos establecimientos no se arregla solo con justicia restaurativa. Hay que acabar con la corrupción e ineficiencia del Inpec y la Uspec y mejorar las condiciones generales de reclusión en el país. Hoy, más del 60% de los establecimientos carcelarios no son adecuados y en la gran mayoría se violan los DD. HH.
6. Ejecutar acciones contundentes en contra de las estructuras criminales organizadas de uso legitimo de la fuerza, en el marco del Estado de derecho.
7. Frente a los homicidios y violencia por problemas de convivencia, hay que fortalecer y crear más organizaciones comunitarias, crear capital social, promover y capacitar a los ciudadanos en mecanismos alternativos de solución de conflictos y contar con programa de justicia cercana a los ciudadanos.