En 1998, siendo responsable de los diálogos sociales y los programas de convivencia y paz de Norte de Santander, tuve la grata responsabilidad de ayudar a instalar y construir, de manera participativa, los acuerdos con los campesinos del Catatumbo dedicados al cultivo de coca, acampados en el municipio de El Zulia.
El apoyo al desarrollo de infraestructura vial y de servicios básicos, el respaldo a la siembra y comercialización de cultivos tradicionales, y las garantías a la vida y la permanencia en el territorio, entre otros aspectos, fueron colocados sobre la mesa de diálogo por los marchantes, e hicieron parte del acuerdo logrado. Luego vino la arremetida paramilitar en complicidad con el Estado, y este sueño de construir un territorio de paz se fue al traste, como muchos otros sueños y vidas humanas de la región.
La erradicación de cultivos de coca con fines ilícitos ha sido uno de los mayores desafíos en Colombia, donde las economías locales, los conflictos armados y el narcotráfico están profundamente entrelazados. La historia demuestra que un enfoque exclusivamente represivo no es suficiente. Para alcanzar soluciones sostenibles, es esencial una política integral que contemple la participación comunitaria, la compra estatal de las cosechas de coca, la sustitución gradual por cultivos legales y la recuperación forestal, todo ello alineado con los compromisos ambientales y climáticos establecidos internacionalmente, así como con los esfuerzos para superar la violencia armada.
Uno de los principios fundamentales en la elaboración de un programa de erradicación sostenible es la participación activa de las comunidades locales, quienes a menudo dependen del cultivo de coca para su subsistencia. Un componente clave en estos programas es la propuesta de compra estatal de las cosechas de coca, lo que puede ayudar a evitar que los agricultores vendan su producción al narcotráfico. Esta propuesta, que guarda similitud con el modelo aplicado en Bolivia, donde se permitió el cultivo regulado de coca para usos tradicionales, ofrece a los campesinos una fuente de ingresos mientras se implementan procesos de sustitución gradual.
En Bolivia, la política del “Cato de Coca” permitía a los agricultores cultivar una cantidad limitada para usos culturales y medicinales, evitando el conflicto directo con el Estado y creando un ambiente de mayor colaboración. Este modelo puede servir de inspiración para programas en Colombia, donde la compra estatal garantizaría un mercado legal para la coca con fines de producción de concentrados, suplementos vitamínicos e infusiones, mientras se desarrollan cultivos alternativos y se disminuye gradualmente el área dedicada a la coca.
La recuperación forestal es un componente central en estos programas, especialmente en el marco de la COP16, que subraya la necesidad de mitigar los efectos del cambio climático mediante la conservación y restauración de los ecosistemas. Aquí, las Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible (CAR) deben jugar un papel protagónico. La deforestación asociada con los cultivos de coca ha sido un problema grave en la región, donde las selvas tropicales han sido destruidas para abrir espacio a estos cultivos ilícitos.
En Costa Rica, el gobierno implementó con relativo éxito programas de pago por servicios ambientales (PSA) que compensan a las comunidades rurales por la protección de los bosques y la reforestación de áreas degradadas. Un enfoque similar en los programas de erradicación de coca permitiría a los agricultores recibir compensaciones por la restauración forestal, generando ingresos sostenibles y contribuyendo a los objetivos climáticos internacionales.
Los cultivos de uso ilícito, la producción de cocaína y su comercialización han sido una fuente de financiamiento para grupos armados ilegales, prolongando la violencia en las zonas rurales. Los acuerdos de paz de 2016 entre el gobierno y las FARC incluyeron un compromiso para la sustitución de cultivos de coca en el marco de un desarrollo rural integral. Lamentablemente, la falta de una implementación efectiva y pertinente ha llevado al resurgimiento de la violencia en algunas regiones.
Los programas de erradicación, sustitución y beneficio deben coordinarse con estrategias de convivencia, reconciliación y seguridad que protejan a las comunidades rurales, evitando que queden atrapadas nuevamente en las violencias. Estos programas se convierten en ejes fundamentales para la emergencia de la Territorialidad para la Paz.
