Este año son elecciones generales en Guatemala y lo que hace un par de décadas se consideraba una experiencia exitosa desarticulando las redes de corrupción, hoy es un estado al servicio de grupos de élites corruptas que empobrecieron la democracia. En medio de la persecución contra los otrora miembros de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), entre ellos al ministro de defensa colombiano Iván Velázquez, las redes de corrupción volvieron al poder y están adelantando represalias ya no sólo contra las personas que los investigaron, sino que están dispuestos a sacrificar las instituciones democráticas. La ola autoritaria de Alejandro
Guatemala es un espejo de Colombia en varios aspectos, por supuesto guardadas las proporciones. Sin embargo, algunas lecciones del país latinoamericano deberían tenerse en cuenta hoy en el país. Una de las cosas comunes es la existencia de un Estado al servicio de las élites y otra es la alianza más que conocida entre violencia y política, entre corrupción, cadenas de favores, clientelismo, narcotráfico y elecciones.
Sobre la primera, Colombia ha sido altamente tolerante, quizás demasiado con los pactos de élites para distintos propósitos. Incluso en los mejores escenarios de cambio social que hemos tenido a lo largo de la historia, varios grupos políticos han saboteado las reformas desde afuera y desde adentro de los gobiernos. Hoy, valientes colegas de la sociedad civil guatemalteca – que también están siendo brutalmente perseguidos por defender las instituciones democráticas – nos cuentan con dolor que cualquiera con dinero se puede comprar “su propio partido político”. Ojo: con listas cerradas. Tal vez el único asunto público que les puede llegar a importar es el mantenimiento de su estatus político y sobre todo económico, y por esa vía consideran proteger en algo el crecimiento económico. Aunque no siempre. Al final, en el pastel del presupuesto público siempre será sencillo obtener la mayor tajada.
Sobre el asunto narco, su presencia en las elecciones mutó de intermediar en la política mediante la financiación de campañas a querer tener sus propios avales. ¿Nos suena familiar? Con un sistema de partidos volátil y un montón de dinero encareciendo las campañas, realmente el mecanismo de la lista cerrada no fortaleció el partido y no garantizó democratización alguna. Con la salida de la Comisión, los grupos de élites corruptas simplemente volvieron al ruedo, afianzándose entre el 2019 y 2020 y garantizando la impunidad para sí mismos. Tanto, que el fiscal general está en la lista Engel de corruptos de los Estados Unidos junto con otros 15 guatemaltecos. Prácticamente todos los magistrados del Tribunal Supremo Electoral tienen títulos falsos.
Lo que sucede cuando una campaña política se encarece de formas inimaginables es que la política se convierte en un mecanismo excluyente y poroso donde fácilmente pelechan todo tipo de corrupciones e ilegalidades. La primera de las prioridades del grupo político, el clan, la red o el consorcio es mantenerse a sí mismo, pagar los favores y distribuir la ganancia. Lo último que importa es la política en sí misma o incluso la orientación ideológica. Para estos grupos oportunistas el clientelismo es más que una transacción y se convierte en la manera de conservar el poder y manipular el aparato estatal. Se sorprenderían las personas que me leen al conocer cuánto se parece el control del empleo público por parte de los políticos en Colombia y en Guatemala.
El panorama para estas elecciones locales no es bueno. Con la sociedad civil bajo asedio después de la horrible ley anti ONG y con una muy baja libertad de prensa, las probabilidades de que se consolide nuevamente un régimen político excluyente y fundamentado en la corrupción es una alta posibilidad.
Todo nuestro apoyo a la valiente ciudadanía, a nuestras colegas de la sociedad civil y a los y las periodistas que resisten en tan difícil contexto. Por ahora, nosotros también tenemos elecciones y un arrume de trabajo por delante para lograr ampliar la democracia local. Este es el año de la agenda anticorrupción.
Laura Bonilla
