Desde mediados de 2021 se han venido levantando preocupaciones relacionadas al proceso electoral colombiano. Las siete firmas que no clasificaron en el proceso de licitación para la adjudicación del contrato de la Registraduría Nacional del Estado Civil, que tenía por objeto la administración logística y tecnológica de las elecciones durante las vigencias 2021 y 2022, y la Misión de Observación Electoral, MOE, cuestionaron la transparencia del proceso licitatorio. El contrato finalmente fue adjudicado a la Unión Temporal Distribución Procesos Electorales 2021, que está compuesta por 11 firmas asociadas a Thomas Greg & Sons, adjudicatarios del mismo desde hace al menos doce años.
En octubre del mismo año, ante las críticas de políticos de oposición de falta de garantías para las elecciones legislativas y presidenciales, la respuesta del registrador Alexánder Vega disparó las inquietudes: “Él que no sienta garantías, o cree que le van a hacer fraude, no debería presentarse”.
Los cuestionamientos aumentaron en los primeros meses de 2022 con los cambios al proceso de inscripción de cédulas y se materializaron en la semana del 13 de marzo, con las elecciones legislativas y las consultas presidenciales. Las discrepancias enormes entre el preconteo y el escrutinio, las acusaciones de distintos sectores de posible fraude y los cambios de postura del registrador Vega, son el caldo de cultivo de las críticas sobre la legitimidad del proceso electoral.
El Pacto Histórico alertó sobre posible fraude por el hecho insólito de 29.000 mesas sin un solo voto a su favor, ausencia detectada por los testigos electorales y abogados del petrismo y que aparentemente se debía a que cientos de formularios E-14 tenían problemas en su diligenciamiento. La MOE, reconocida plataforma de organizaciones de la sociedad civil, expresó sus reparos ante la anomalía estadística.
El presidente Iván Duque al cierre de las mesas de votación declaró que: “Quienes hablaron de fraude han sido derrotados por la fuerza de las instituciones y por esta gran capacidad para dar la información a nuestro país”. No se imaginó que con esa frase no iba a contradecir a Petro sino a su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, quien invitó al desconocimiento del resultado electoral, algo inédito en Colombia, mientras Petro llamaba a defender la democracia.
Luego vino el reclamo del Centro Democrático, tras perder una curul que se le sumó a la coalición de izquierda que, en la primera fase del escrutinio, recuperó tres curules. El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el fin de semana pasado, tuiteó: “Estas elecciones dejan toda la desconfianza. A las inconsistencias se suma la abrumadora votación del petrismo en zonas de narcotráfico. No se puede aceptar este resultado”.
El presidente Iván Duque, ante las voces de desconcierto e inconformidad del partido de gobierno por la pérdida sufrida en las urnas, anunció el lunes festivo 21 de marzo que convocaría para el día siguiente a la Comisión de Garantías Electorales, “con el propósito de dar confianza a la ciudadanía sobre la transparencia del proceso electoral”. A la vez advirtió que “es recomendable considerar, por parte del Consejo Nacional Electoral, avanzar con un reconteo general en la elección a Senado”.
Ese mismo lunes 21, el registrador Vega, en rueda de prensa, atendiendo de inmediato los reclamos del uribismo y dando eco al presidente, dijo que “Con el fin de llegar a la verdad electoral y de acuerdo con el sinnúmero de inconsistencias en los formularios E-14 de Senado y para tranquilidad del país, solicitaré mañana el recuento de todas las mesas del Senado de la República”.
Ni Duque ni Vega reaccionó cuando Gustavo Petro pidió un reconteo parcial por la pérdida de casi medio millón de votos del Pacto Histórico. Solo cuando Álvaro Uribe y el Centro Democrático hablaron de resultados “sospechosos”, el registrador vio la necesidad de “llegar a la verdad electoral”.
Pero el hecho es que un reconteo completo no tiene sustento constitucional, legal o jurisprudencial. No está contemplado en la Constitución Nacional, ni en el Código Electoral ni en las leyes del país. Según la jurisprudencia del Consejo de Estado, solo puede haber reconteo durante el escrutinio nacional que realiza el Consejo Nacional Electoral, si las organizaciones políticas habrían pedido la apelación del resultado de una o varias mesas específicas. En tal caso, en las mesas no impugnadas, no hay razón de abrir los votos depositados, como tampoco en aquellas mesas en las que las anteriores instancias aceptaron las impugnaciones y se realizaron los reconteos necesarios.
Por eso el anuncio del recuento de Vega subió los ánimos. Petro dijo que lo que está haciendo el registrador “ahora sí se llama fraude”. Tildó el proceso de un “golpe de Estado” y señaló quiebre en la cadena de custodia de los votos.
Ese mismo lunes festivo Asonal Judicial exigió respeto a la justicia en Colombia. Expresó que el Gobierno Nacional en forma recurrente, mientras predica salvaguardar el Estado de Derecho, desconoce los fallos judiciales y deslegitima el poder judicial colombiano, como sucedió con el fallo que despenalizó el aborto, cuando Duque dijo que “5 personas no podían decidir por todo un país”. Dejó claro que el verdadero escrutinio es el realizado con posterioridad por los jueces y notarios como escrutadores y claveros, que revisaron durante toda la semana la labor de conteo final y se procedió a la corrección de los errores y fallas detectadas.
El martes 22 de marzo, fue convocada la Mesa de Garantías Electorales, con la participación de la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral, miembros del gobierno nacional y representantes de 21 partidos políticos. Frente al hecho que la gran mayoría se opuso a un reconteo completo, el registrador Vega cambió de posición y decidió no pedirlo. De repente para él los hechos quedaron claros: hubo una subrepresentación en el preconteo de unos 390.000 votos del Pacto Histórico, que luego en el escrutinio se subsanó. Lamentó que el proceso electoral estuviese “herido de muerte de desconfianza” y reculó con el argumento de que solo estaba buscando conseguir consensos, ya que “cree en los escrutinios por convicción jurídica”.
Así que se evitó lo peor. Ahora todo indica que los partidos tendrán que atenerse a los escrutinios para hacer los reclamos que consideren. Precisamente el miércoles 23 comenzaron en Bogotá los escrutinios nacionales del Senado. Cuando termine el escrutinio, los candidatos y partidos pueden acudir a la justicia contencioso administrativa.
Pero viene otra elección en dos meses y estos hechos han sembrado gran desconfianza en las cabezas de muchos. El único camino para recobrar la confianza perdida en el sistema electoral colombiano es insistir en el respeto y sujeción absoluta a la Constitución Nacional, a las leyes, el acatamiento a las decisiones de los jueces, el respeto al Estado de Derecho y a las reglas de la democracia, por parte del presidente Duque y su partido de gobierno dirigido por su mentor político Álvaro Uribe. Y verificar cada paso que se toma con la observación nacional e internacional.
