El escándalo de las Mario-Netas

Por Maylor Caicedo

Los sentimientos de estupor que causa la corrupción en Colombia son constantes y se olvidan rápidamente cuando quedamos absortos por un nuevo robo del erario público. El ultimo que ha causado indignación nacional es el “escándalo de las marionetas”. Apodado así por la Fiscalía para debelar un esquema criminal liderado por el exsenador liberal (fallecido en noviembre del año pasado) Mario Castaño, “las marionetas” lograron corromper la institucionalidad de departamentos como Caldas, Risaralda, Quindío, Cauca, Tolima, Valle del Cauca, Chocó, Cundinamarca, Antioquia, entre otros, por medio de coimas en la adjudicación de contratos.

Este escándalo no sólo enloda al Partido del expresidente César Gaviria, que avaló a Castaño en su paso por la Cámara de Representantes en 2014 y como Senador en las elecciones de 2018 y 2022, también relaciona al Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe Vélez con dos de sus alfiles: el exsenador Ciro Ramírez, preso en la cárcel La Picota, y el excongresista y director del Departamento Administrativo para la Prosperidad Social (DPS) al final del mandato de Iván Duque, Pierre García -actualmente prófugo de la justicia. En las audiencias que ha llevado a cabo la Fiscalía, también se ha mencionado a los senadores conservadores Miguel Ángel Barreto y Samy Merheg, a los congresistas de Cambio Radical Carlos Fernando Motoa y Carlos Abraham Jiménez y al senador del Partido de la U, Juan Felipe Lemos Uribe.       

Los cargos que le formuló en junio de 2023 la Corte Suprema de Justicia, aceptados por el fallecido Mario Castaño, fueron concierto para delinquir agravado, interés indebido en la celebración de contratos, peculado por apropiación agravado consumado y otros en la modalidad de tentativa, estafa agravada y concusión. Pero ¿Cómo era el modus operandi de las “marionetas”? Por un lado, Mario Castaño, Ciro Ramírez y Pierre García coordinaban, por intermedio de terceros y funcionarios públicos, la negociación de contratos con alcaldes locales a cambio de una comisión que oscilaba el 10%. La otra forma se daba por gestión de contratos de prestación de servicios en entidades del Estado y como pago el contratista le daba “una tajada” y el apoyo electoral para los jefes de “las marionetas”. Con estas artimañas, el entramado corrupto logró apropiarse, según el ente investigador, de 43.000 millones de pesos (casi 11 millones de dólares) del dinero público.

La sentencia reprocha que el actuar de Castaño haya involucrado contratos con entidades como el Ministerio de Cultura, el Ministerio del Deporte, el Departamento para la Prosperidad Social, la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, el SENA, el Senado de la República, así como varias alcaldías y gobernaciones. Entre los casos más sonados que beneficiaron a los integrantes de la organización criminal están: la intervención en la viabilidad de los proyectos de “Sacúdete al Parque”, política del presidente Duque para la convivencia ciudadana, a través de la innovación y el talento juvenil; mediación en contratos de diseño de canchas sintéticas en departamentos el Eje Cafetero y el suroccidente colombiano; apropiación de 2.000 millones de pesos por medio del del proyecto de la “Escuela Taller” de Salamina dirigido por el Ministerio de Cultura; exigencias de dinero a ciertas personas a cambio de ubicarlos laboralmente en el SENA y en la Contraloría General de la República; injerencia indebida en la contratación de 13 negocios entre el DPS y la empresa Proyecta Quindío para la construcción de obras en Tolima y Quindío.

El oprobio al país que trae consigo este caso de corrupción puede seguir creciendo. En las investigaciones que adelanta el ente acusador hay mención a varios parlamentarios adicionales a Ciro Ramírez. El cuentico que se introyectó en la mentalidad colombiana de la “corrupción en sus justas proporciones” debe ser extirpado. No es justificable que llegar a ocupar un cargo de elección popular termine siendo sinónimo de apropiación del dinero público. Es trascendental que los entes de control e investigación realicen su labor de forma sincrónica y no, como se presenta actualmente, que nos terminemos enterando de los hechos corruptos en el siguiente gobierno.     

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