La gente vulnerable explota. Poco hay para ella. Lo que hace el gobierno lo siente en su contra por una acumulación de factores: el covid; las medidas a favor de unos pocos y escasas para los demás; préstamo de 370 millones de dólares a Avianca, plata que posiblemente nunca volverá a ver Colombia pues se trata de una empresa quebrada y con un mercado que no se recuperará antes de dos o tres años, pero si se le niega un ingreso básico a nueve millones de familias.

Se masacran jóvenes, líderes sociales, defensores de derechos humanos y del medio ambiente, y excombatientes de la guerrilla desmovilizada mientras el presidente y el ministro de defensa solo dan respuestas indignantes por cínicas; hace el ridículo internacional como mandadero de los Estados Unidos; defensor abierto de Uribe rompiendo con el mandato constitucional de imparcialidad en las decisiones de la justicia; formó un grupo de directores de entidades de control sometida a su dominio, cuyo primer efecto ya se notó con la ausencia de la Defensoría del Pueblo en los hechos del 9S.

Nombra ministros que no dan ni para jefes de protocolo; Ecopetrol en peligro de ser estafado por sus directivos según decisión judicial, sin embargo, él y el ministro de Minas miran a otro lado; pone retrovisor para deformar su limitado compromiso con la paz; gana méritos que no son solo suyos en las obras de infraestructura que está terminando; y el Centro Democrático nunca dijo que los niños asesinados en Cali fueron en los predios de un azucarero que había sido candidato al senado por el uribismo.

Igual que en Estados Unidos, donde un policía blanco asesinó a un ciudadano negro, en Bogotá, en un CAI siete policías golpeaban a un ciudadano indefenso, destrozan su cabeza, y ya inerme lo sacan a la calle y lo rematan con choques eléctricos.

Los vulnerables se enfurecieron y salieron a las calles desesperados – por una impotencia prolongada y sin futuro al frente -, quemaron los CAI y atacaron TM y el SITP, entonces Bogotá parecía una ciudad de fogatas en el sur y en el occidente y una que otra en el norte. Al mismo tiempo los policías mataban civiles y herían a bala a otros.

Bogotá tiene alcaldesa

El gobierno y la policía intentaron deformar la realidad, pero la alcaldesa de Bogotá, oportuna, comprometida con sus gobernados, más inteligente que el gobierno nacional, más demócrata, más humana y con carisma, salió en defensa de sus ciudadanos, sorprendida e indignada porque la Policía no atendió el mandato del artículo 315 de la constitución nacional. La policía de la ciudad obedeció una orden superior que únicamente podía venir del presidente, de los ministros de defensa y del interior y del director de la policía. Si la orden vino del presidente, los otros callan. Si fue de los ministros y/o del director de la policía, Duque debe destituirlos si desde el Ubérrimo lo autorizan.

El problema de la policía excedida con la ciudadanía viene desde cuando la convirtieron en otro brazo de combate en los años de lucha contra los carteles de la droga (Bloque de Búsqueda), contra el secuestro (GAULA) y grupo de operaciones especiales, GOES. Así se convirtió en una fuerza militar y no en una fuerza civil amiga de la ciudadanía. El carácter amable se perdió. Ahora los policías parecen muñecos furiosos con chalecos antibalas y cascos, con chaquetas que les da apariencia de gorilas, y pistola y bolillo al cinto. Desafortunadamente las mujeres policía tienen igual talante.

La alcaldesa fue con tres propuestas a conversar con el Presidente y luego con el Procurador General de la Nación.

Le pidió a Duque hacer una reforma a la policía, y éste se la negó porque le parece innecesaria.

Le dejó un video de noventa minutos con los in-sucesos del 9S para que no solo fueran judicializados los criminales de Javier, sino también los otros policías que mataron e hirieron a otros ciudadanos. Dijo Duque que investigará qué armas dispararon las autoridades y si las balas corresponden a las encontradas en los cuerpos de los asesinados y heridos. Entregará un informe de esas investigaciones. Respondió como director de balística y no como presidente.

Lo invitó a un acto de reconciliación y perdón con Bogotá el domingo 13, y le respondió diciendo que el director encargado de la policía ya había pedido perdón a la familia de Javier.

La respuesta del procurador afortunadamente fue distinta. Asume la Procuraduría el control de las investigaciones, y le dijo que están preparando una reforma a la policía para tramitarla por el Congreso.

Retorna la protesta

El problema real fue la magnitud de la reacción. La protesta volvió con más fuerza. Vendrá más represión, la dirigencia dirá que protesta sí, pero, sin vándalos, guerrilleros, comunistas, sin estudiantes, artistas, profesionales y trabajadores. Es decir, sin nadie. Así neutralizan el derecho a la protesta, compran periodistas y medios, mandan el Esmad y a encapuchados infiltrados como algunos que dispararon la noche del 9S y en las protestas de 2019.

Bogotá está cerca de un estallido social de grandes proporciones y de efectos incalculables, peores que los de la semana del 9 de abril de 1948. Lo que ocurrió el 9S solo lo supera la toma del Palacio de Justicia.

Las fuerzas democráticas y alternativas de la ciudad y del país deben unirse y rodear a la alcaldesa, hacer sentir que es la capital que genera el 55% de los impuestos de la nación, deben salir pacíficamente a las calles y retomar de manera inteligente y creativa la agenda del 2019. La deben revisar y enriquecer porque después del covid Colombia ni Bogotá son las mismas del 21N.

A la gente la están matando y amenazando. Aumentan los informales mientras se cierran negocios. El desempleo es monumental, la depresión de la economía igual, la corrupción y la inseguridad galopan a sus anchas, las cifras de los recursos públicos destinados a la pandemia nunca coinciden y su tamaño depende de las jugadas de Carrasquilla para inducir un IVA del 25% en todos los artículos, vender Ecopetrol y ganarse unas comisiones astronómicas adelgazando aún más el Estado, justificar el fracking de la confianza inversionista, pero no se les ocurre eliminar las exenciones de la ley de financiamiento, que es una ley de desfinanciamiento porque recauda el 4% del PIB que es la mitad del 8% que entrega del PIB.

No se le ocurre pensar un plan de reestructuración de mediano plazo de la economía, con una política productiva articulada a la ciencia, la tecnología, la educación, el emprendimiento y el desarrollo regional, y luego sí pensar las reformas a pensiones, la tributaria y laboral.

¿Puede haber diálogo nacional?

El gobierno y el establecimiento no aguantan o no quieren un diálogo nacional sobre los problemas y las soluciones estructurales del país. Quieren conversar a puerta cerrada con algunos identificados a dedo, como ocurrió con la autollamada “conversación nacional” de áulicos y lagartos en los días del paro nacional.

Un dialogo nacional no puede venir desde Duque porque involucra a Uribe y al Centro Democrático, y con ellos no hay dialogo posible, porque su fanatismo explosivo cierra las puertas a un entendimiento amplio, generoso, inteligente, creativo y democrático. Solo hay fanatismo por la reiteración de su mensaje mentiroso, que destruye y no construye, que aborrece la paz y abraza la guerra, que ataca la justicia y no la respeta.

Es como si en Chile la Concertación Nacional hubiera incluido a Pinochet. Pues no hubiera sucedido el cambio que vino. El diálogo nacional debe ser civilizado, de nuevo tipo, entre los demás partidos, que lleve máximo dos candidatos a las elecciones para derrotar a la ultraderecha, y de antemano acordar una convergencia en caso de una segunda vuelta con el uribismo. Entonces, ya no habrá excusa para el voto en blanco, porque se vota por la tiranía o se vota por la democracia, la paz y el desarrollo.