Pensar en el pago de los servicios públicos y en sí, la energía, que el año pasado estuvo llena de especulación por el fenómeno del niño y la crisis de algunas comercializadoras, junto con el cambio de gobierno y sus políticas públicas, me han llevado a analizar el proceso que nos lleva a generar en muchos casos cobros injustificados y alzas no razonables donde no hay salida justa.

En Colombia, un salario MLMV en una condición social popular esta desglosado en arriendo, alimentación, educación, servicios públicos y transporte. De ahí la importancia en vincular este servicio que, de acuerdo al ministerio de minas, en los últimos cinco años el incremento por kilovatio hora (kWh) es del 15% y que, según la superintendencia de servicios públicos, los hogares colombianos destinan cerca del 20% para cubrir este servicio.

En el año 2007 la Creg generó la resolución 199, donde se pretendía que las tarifas de energía sean asequibles y comprensibles al consumidor, situación que no es tanto cierta y se ha quedado en el papel.

La fórmula utilizada en la tarifa esta manifestada por seis componentes (generación, transmisión, distribución, comercialización, perdidas y restricciones) y de estas un complejísimo método de cálculo con su falta de transparencia, donde se omite la divulgación mensual de costos máximos, restringiendo la participación de los usuarios y generando inconsistencias en los datos presentados. A esto le adicionamos más de 100 fórmulas que van ligadas a los componentes mencionados y al comportamiento del IPC y el IPP.

El índice de precios del productor ha generado un alza desde el año 2021 y de la misma manera los contratos de compra bilateral han incrementado en un 33,2% al finalizar el 2022, generando una variación importante que al compararlos con el año 2018 y 2019 fue del 4,7%, siendo este un factor de impacto en los precios de la energía en todo el territorio nacional.

Tradicionalmente el índice de precios del productor (IPP) debería estar por debajo del índice de precios del consumidor (IPC), en la actualidad se ha desdibujado esa afirmación si observamos la tendencia que ha tomado desde el año 2019, pues al comparar ambos factores, se analiza el aumento más significativo sobre el incremento en los ingresos de las personas en cada año presentado, lo que genera un impacto directo a los bolsillos del consumidor y de tajo la inviabilidad de la formula.

Tomado del Informe de Política Monetaria para enero de 2023, Banco de la Republica.

De ahí vemos con buenos ojos la intervención de la Creg en el mercado de energía para regular precios elevados con el fin de prevenir abusos de posición dominantes, destacando las prácticas de precios elevados de generadoras hídricas y la necesidad de una regulación que refleje los costos reales de generación.

Muchas asociaciones, consultores y compañías saldrán a especular como lo han hecho injustificadamente el año pasado por fenómeno del niño y la condición del mercado. Su bastón será relucir la crisis, buscándole una justificación al fruto de una configuración oligopólica del mercado y las fluctuaciones en la generación hidroeléctrica.