De cara a las elecciones futuras presidenciales, es crucial asegurar la gobernabilidad, llevar a cabo las reformas progresistas que el país necesita y continuar la tarea empezada en el presente gobierno. En este marco el fortalecimiento de los partidos progresistas y de izquierda en Colombia se presenta como una tarea urgente y estratégica.
Es fundamental que aquellas expresiones políticas que, por ley, están obligadas a unificarse, trabajen en la construcción de un Partido Único. Al mismo tiempo, quienes consideren que este mecanismo no les proporciona un espacio real y suficiente, o no estén sujetos a dicha obligación legal, deben avanzar hacia mecanismos de acción política unitaria. Esto incluye trabajar conjuntamente con otros sectores políticos, como los liberales o socialdemócratas, para formar, junto con el Partido Único, un gran frente unitario, amplio y democrático.
Este frente debe ser capaz de ampliar y mantener el apoyo popular en las elecciones, así como de garantizar una gobernanza efectiva y una gobernabilidad que favorezca a las mayorías, confluyendo, mediante consulta amplia, en una candidatura presidencial única, capaz de representar un proyecto común que matiza las diferencias y legitima las especificidades políticas de cada agrupación políticos. Este esfuerzo debe ir acompañado de una estrategia coherente que contemple dos o tres listas al Senado y diversas listas a la Cámara.
Este reagrupamiento debe reconocer e incluir el acervo organizativo de los movimientos sociales y comunitarios, garantizando que se construya desde las bases y no se limite únicamente a las decisiones excluyente de la esfera parlamentaria. Como menciona Ernesto Laclau, “la construcción de un pueblo es siempre una operación política; el pueblo no es simplemente un dato social, sino el producto de una articulación política” (Laclau, 2005). Esto implica una verdadera integración para consolidar un proyecto político con vocación de poder.
La idea no se limita únicamente a ganar las elecciones; su propósito es más profundo y más ambicioso a largo plazo. Es urgente establecer una base política sólida que guíe al nuevo presidente o presidenta en los derroteros centrales de un gobierno que rectifique errores, fortalezca el poder ciudadano y continúe el camino del cambio. Se debe superar la improvisación, la corrupción, el sectarismo, el vanguardismo y el clientelismo, problemáticas que afectan a la izquierda contemporánea.
Su accionar debe enfocarse en la formación política de sus integrantes, de modo que estos sean capaces de liderar y participar activamente. La capacidad organizativa y política de la ciudadanía es esencial para garantizar una participación activa e informada que anime una transformación social efectiva. Como afirma Paulo Freire, “la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo” (Freire, 1970).
Un frente amplio debe explorar nuevas pedagogías para vincular a los jóvenes en la construcción de un país próspero, democrático y justo. Se debe desarrollar una nueva cultura política que conecte con las demandas de la juventud, que estipule su participación transformadora. Al menos cuatro objetivos centrales, no excluyentes, deben guiar el accionar de esta coordinación política democrática.
La Construcción de la paz integral entendida de manera amplia, lo que implica rechazar y deslegitimar la violencia armada como herramienta de confrontación política o de enriquecimiento, y trabajar decididamente por el diálogo y la solución pacífica de los conflictos, en busca de una sociedad más justa y equitativa. Como sugiere Johan Galtung, “la paz no es simplemente la ausencia de guerra, sino la presencia de alternativas creativas para responder a los conflictos” (Galtung, 1969).
Erradicar la corrupción, el narcotráfico, el tráfico de especies y la minería ilegal, motores de la desigualdad, la violencia y el despojo en el país. El frente debe comprometerse a la implementación de políticas que modifiquen las estructuras económicas y políticas que permiten su proliferación. Es esencial transformar el sistema de justicia y fortalecer las instituciones para combatir eficazmente estos problemas.
Proteger y recuperar el medio ambiente y la biodiversidad, implementando políticas sostenibles que aseguren un futuro próspero, así como el compromiso con la transición energética y la defensa de los territorios frente a la explotación ilegal. La preservación de los ecosistemas no es solo una cuestión ecológica, sino un tema de justicia social, ya que las comunidades vulnerables suelen ser las más afectadas por la degradación ambiental.
Transformar el modelo económico, para asegurar que el crecimiento económico esté alineado con el desarrollo social y el fortalecimiento estatal, garantizando que los recursos nacionales sean utilizados para el bienestar común. Esto implica desatar un vasto programa de desarrollo agrícola de la mano de la Reforma Rural, continuar el fortalecimiento y las garantías para la pequeña y mediana empresa, y una mayor intervención estatal en sectores estratégicos.
El Acuerdo Nacional comienza en casa. A los diferentes sectores políticos, económicos y sociales, les debe llegar un mensaje claro, una propuesta generosa y realizables, con apego a los derechos humanos, la Constitución y la ley, alrededor de la cual, podamos deliberar, construir pactos, unir voces y corazones para edificar un país en el que quepamos henchidos de dignidad y esperanza.
