En el municipio de Tierralta, Córdoba, hombres armados pertenecientes al ejército nacional se hacen pasar por disidencias de la FARC para intimidar a la población civil, causar zozobra y sabotear el proceso de diálogo; en algunas ciudades, los vecinos recolectan dinero para dotar de motos, armas, radios y uniformes a personal contratado y voluntario para ejercer violencia contra vendedores ambulantes, personas habitantes o en situación de calle, vecinos “ruidosos” o jóvenes que usan los parques a manera de sitio de encuentro.
Al tiempo, en algunas empresas, los guardas de seguridad intimidan a los visitantes que toman fotos en un centro comercial o a quienes buscan una respuesta a sus inquietudes o solicitudes; en la calle algunas personas responden a los requerimientos de las autoridades de tránsito con la reconocida frase “usted no sabe quién soy yo”, pretendiendo intimidar a los funcionarios públicos y evitar una posible sanción; en un hogar, una pareja amedrenta a su cónyuge amenazándola con ser golpeada y alardeando un arma de fuego que porta legalmente en su cintura; en un resguardo indígena una autoridad envía a un piquete de guardias para intimidar y detener, exponiéndolos al sol y al agua por más de 4 horas, a dos jóvenes de ciudad que se “atrevieron” a tomar una foto de un sitio sagrado.
Estos son, algunos de los casos de violencia física o psicológica que ocurren habitualmente en nuestros campos y ciudades, y que amenazan constantemente la convivencia y la posibilidad de reconciliación, y que debe motivar la ocupación de los gobiernos, las entidades del Estado y la llamada sociedad civil organizada; pero, más allá de reseñar los hechos, que son efectivamente delicados, surgen inevitablemente algunas preguntas. ¿Qué origina estos comportamientos? ¿qué podemos hacer como sociedad para superarlos y prevenir que estos lamentables comportamientos sigan ocurriendo?
Con el ánimo de generar alguna reacción en los lectores, me atrevo a señalar que los orígenes de estas situaciones, tienen que ver con los problemas o propuestas políticas que impiden el desarrollo y fortalecimiento de la capacidad del Estado como garante de derechos y responsable de la aplicación efectiva de justicia, a su incapacidad de garantizar, en el marco de la Constitución -entendida esta como el acuerdo máximo que nos mantiene cohesionados como personas con derechos y deberes pertenecientes a una república-, el cumplimiento, sin excepción alguna, de las normas de convivencia generadas a partir del reconocimiento de la universalidad e indivisibilidad de los Derechos Humanos, lo que, finalmente se refleja en la gran dificultad que como sociedad hemos tenido para consolidar la convivencia y el respeto por el otro y la otra, como elementos centrales del desarrollo humano sostenible.
El haber hecho uso constante de la violencia social, política y armada para imponer un punto de vista y alcanzar derechos o hacer visibles algunas reivindicaciones; el incumplimiento constante por parte del Estado y los Gobiernos, de acuerdos o pactos firmados, luego de jornadas de movilización social; el haber naturalizado la dominación y el miedo como elementos sustanciales para el mantenimiento de un supuesto orden social o espiritual, dictado por alguna autoridad superior; la imposición de una cultura patriarcal que obliga comportamientos y niega derechos, especialmente a las mujeres y a la población LGBTIQ+; el desarrollo de modelos de ciudad que colocan lo exclusivo (conjuntos residenciales, edificios, parques, clubes, centros comerciales, etc.) como la meta individual a alcanzar u obtener, para ser reconocidos como personas exitosas, son algunas de las consideraciones que sumadas pueden derivar en la poca legitimidad que hoy tiene el Estado y motivar entre otras, el uso de la llamada “justicia por mano propia” o la negación y el despojo de derechos, a importantes sectores de la población o a individuos en estado de indefensión.
Abordar situaciones problemáticas o conflictivas complejas, como las aquí enunciadas, buscando su transformación, para avanzar hacia una colectividad con mejores niveles de convivencia pacífica, debe contemplar la generación de múltiples niveles de acción ciudadana, de consensos y acuerdos sociales y políticos; de allí la importancia de que, la sociedad en general y cada uno de los habitantes de nuestro territorio, asuman en correspondencia con sus niveles de responsabilidad, liderazgo o posición social, los comportamientos proclives al cambio efectivo de las causas que originan dichos conflictos, comprometiéndose a resarcir o mitigar las consecuencias que estos han generado.
En ese sentido, las transformaciones o reformas que nos conduzcan a la justicia social y ambiental, a la equidad, al goce pleno de los derechos humanos, y a la democracia participativa profunda, que equilibraría la democracia directa con la democracia representativa, los esfuerzos por superar definitivamente el narcotráfico, la corrupción, el lavado de activos, la impunidad y el uso del aparato estatal para beneficio propio, la solución política, pacífica y negociada del conflicto armado interno, el desmonte de la cultura paramilitar y del todo vale, entre otras consideraciones, debe acompañarse de una serie de estrategias de sensibilización, comunicación y acción que nos permitan instalar a corto, mediano y largo plazo, la cultura de paz, convivencia y reconciliación, que necesitamos.
Más allá de los llamados a depurar el aparato estatal, las fuerzas armadas y de policía, a retomar la separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial, y construir una prensa libre y responsable, lejos de las manipulaciones y las llamadas fake news (falsas noticias), deberíamos también asumir como propósito nacional, el fortalecimiento cultural y actitudinal de ciudadanías amorosas, solidarias, sentipensantes, comprometidas con la vida y la dignidad, recurriendo a las nuevas pedagogías, dentro y fuera del currículo oficial, a las comunicaciones populares y oficiales, al arte y la cultura, al poder de la soberanía popular y de la participación ciudadana, con el apoyo y el respaldo real y efectivo del Gobierno Nacional y los gobiernos locales.
La Paz Total exige la generación de una estrategia urgente y sincronizada en cabeza del Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, el Ministerio de Educación, el Ministerio del Interior y la Oficina del Alto Comisionado para la Paz, reconociendo y promoviendo los esfuerzos y elaboraciones de las organizaciones que trabajan por la paz y la noviolencia; una estrategia, que aporte de manera permanente y masiva, a la instalación y apropiación ciudadana de otras formas de transformación de los conflictos que no incluyan el uso de la violencia, el abuso de poder o las violaciones a los derechos fundamentales y que promueva comportamientos asertivos en relación con el reconocimiento de la diferencia, los derechos, los deberes y la construcción de consensos y acuerdos que hagan posible la convivencia y la reconciliación.
