Mucho revuelo ha causado en algunos líderes políticos, gremios y periodistas, el “atrevimiento” del Gobierno Nacional y de la ministra de agricultura de proponer un decreto para fortalecer la movilización y la organización campesina. Que abominación tan grande, que atrevimiento el de este gobierno al querer organizar a los ninguneados, a los parias, a los excluidos, a los despojados, a los sin tierra, y más aún, pretender reconocerles capacidad política y de movilización, para hacer realidad la tal reforma agraria.
Se multiplicaron las voces estigmatizadoras, se indignaron los despojadores de tierras, se molestaron los acumuladores de millones de hectáreas, se incomodaron los narcotraficantes y lavadores de dólares, se rasgaron los vestidos e “hicieron sonar las joyas”, las señoras y señores feudales. Cómo es posible que la servidumbre vaya a tener nuevamente el acompañamiento de un gobierno que con recursos provenientes de los impuestos de la “gente de bien”, pretende apoyar la organización y la movilización y quién sabe qué más acciones, atentatorias contra el buen nombre y buen transcurrir de la vida en el campo.
Se les olvida o recurren al olvido generalizado, que Colombia es uno de los pocos países en el mundo en donde no ha sido posible la democratización de la tierra, en donde millones de hectáreas de propiedad de todos y todas, bajo el pretexto de “terrenos baldíos”, han sido apropiadas ilegalmente. Miles de metros cuadrados de humedales y ciénagas, en donde tradicionalmente se paseaban las aves, se pescaba o se gozaba de la vida han sido intervenidos o desecados, con el cuento del desarrollo ganadero.
Han sido los y las campesinas, constantemente obligados por fuerza de la violencia, la persecución, el hambre y la pobreza, llevados a romper selvas y bosques, a enfrentarse o buscar refugio en los territorios de los pueblos indígenas y afrodescendientes, a sembrar coca o marihuana, han sido las y los campesinos los utilizados como carne de cañón en una guerra que no les pertenece. ¿Cuántos colegios, cuantas universidades, cuantos hospitales o puestos de salud, cuantos distritos de riego, cuantas viviendas o acueductos han construido los gobiernos de quienes hoy posan para las cámaras con lágrimas en los ojos, para beneficio del campesinado?
En un país medianamente democrático e incluyente, que piense en el desarrollo, la producción y la equidad, se debería estar brincando de alegría, con la noticia de que un gobierno esté pensando en hacer realidad la Reforma Rural y en organizar a las y los campesinos para que, en coordinación con las instituciones, se logre superar el atraso y las violencias en el campo, y romper la dominación violenta que los actores armados imponen en los territorios. No es para menos, teniendo en cuenta que lo que se busca superar o transformar, es el conflicto por la tierra, que dio origen junto con las persecuciones políticas e ideológicas desatadas en los años 50 y 60 del siglo pasado a las violencias políticas que hoy nos afectan profundamente.
Pero, más allá de defender una iniciativa campesina, que es recogida por un gobierno y solo a manera de recordación, para quienes piensan que esta administración es muy generosa con los y las campesinas y que el decreto atenta contra el derecho a la propiedad y que solo quiere polarizar, les hago un pequeño recordatorio de cómo la violencia desatada contra el movimiento campesino en época del tristemente célebre presidente godo Guillermo León Valencia, hoy todavía se manifiesta.
Según los registros de la Unidad Atención y Reparación Integral a las Víctimas- URIV, a primero de junio de 2023, entre los hechos victimizantes que este sector de la población ha sufrido, está el desplazamiento forzado, pues hoy se reportan oficialmente 6.908.681 víctimas de esta afectación. Asimismo, 400.257 personas del campo han soportado amenazas (de un total de 626.915), y 172.453 sufrieron homicidio (de un total de 1.091.430); pero esto, solo son unas cifras, de las muchas que el conflicto violento contra el pueblo ha producido, lo peor, es el grave daño social, político y económico que se ha infringido contra uno de los más importantes sectores, que conforman la sociedad y la cultura colombiana.
Durante más de 60 años, los poderes ocultos y reconocidos, se han ensañado contra los y las lideresas campesinas, buscando exterminar a sus organizaciones, despojándolas de su voz y su capacidad política, aprovechándose de los manejos económicos errados y del poder que el narcotráfico y la corrupción les ha otorgado, para intentar desaparecer la cultura y la vida en el campo. La mayoría de las víctimas de reparación colectiva, reconocidas por el Estado, son de origen campesino y rurales. Organizaciones como la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos- ANUC, la Asociación Nacional de Mujeres Campesinas, Negras e Indígenas de Colombia –ANMUCIC, la ANUC- Unidad y Reconstrucción, entre otras, son ejemplo del daño y dolor que les han causado las campañas de estigmatización, exterminio y despojo.
Si Colombia, realmente quiere un cambio, no debería aplazar más, por ningún motivo, la posibilidad de adelantar una reforma rural integral, que reconozca todas las formas de vivir y gozar la tierra y el territorio, una reforma rural apoyada en las organizaciones campesinas y rurales, no solo para movilizarse por carretas y ciudades, exigiendo o buscando tierras, infraestructura vial, distritos de riego, tecnología, apoyo económico y mercadeo, salud, vivienda y educación, sino también para fortalecer un gran torrente de organizaciones, que basadas en la economía solidaria, popular, cooperativa, familiar o privada, hagan posible vivir y permanecer en el campo, lograr la soberanía alimentaria nacional, aumentar y mejorar la producción agrícola y pecuaria, avanzar hacia la transformación y el mercadeo de los productos, la apropiación técnica y tecnológica, el cuidado y respeto por el ambiente, entre muchas consideraciones.
Si verdaderamente queremos la paz, la justicia social, la equidad, superar las pobrezas, el hambre y la desnutrición, deberíamos acompañar el propósito de la reforma rural, y las y los poseedores de tierras despojadas, las y los tenientes de tierras improductivas, las y los invasores de las rondas de los ríos, ciénagas y humedales, deberían sentirse convocados desde la bondad y la generosidad, desde la justicia y el compromiso, a buscar todos los caminos posibles, para que la Agencia nacional de Tierras, la Unidad de Restitución de Tierras, y el Ministerio del Ambiente, puedan adquirir, recibir y recuperar las propiedades que pueden ser objeto de reforma y las que deben ser recobradas para la lucha contra el cambio climático.
Es el momento de hacer justicia con las y los campesinos, es ahora, es hoy. No podemos pasar a la historia nuevamente, como aquellos que pudimos hacer todo lo que estaba a nuestro alcance para hacer justicia en el campo, y la mezquindad, el egoísmo, la avaricia, la falta de solidaridad, o los dogmas ideológicos y políticos nos impidieron hacerlo.
