Estos informes del Instituto KROC de la Universidad de Notre Dame, han servido para analizar el procesos de implementación en su integralidad con datos cuantitativos y cualitativos sistematizados en la Matriz de Acuerdos de Paz que analiza 34 Acuerdos de Paz en el mundo. Esto permite un ejercicio de análisis comparativo de avances y retrocesos de nuestro proceso de paz, a 7 años de su firma.
Se resalta la estrategia del KROC de desarrollar barómetros regionales en las subregiones PDET para ahondar en el análisis y seguimiento a la territorialización de la implementación, siendo el primer barómetro Urabá y Chocó (https://peaceaccords.nd.edu/barometer/colombia-reports?lang=es).
A nivel general el informe arroja que los Puntos 3 (Fin del Conflicto) y 6 (Implementación, Verificación y Refrendación) tuvieron mayores niveles de implementación; en contraste, los Puntos 1 (Reforma rural Integral) y 2 (Participación Política) que tuvieron menores niveles de aumento. En lo que se refiere a los Puntos 4 (Solución al Problema de las Drogas Ilícitas) y 5 (Acuerdo sobre Víctimas), se ubicaron dentro del promedio dentro del estado general del proceso de implementación. El informe analiza 578 disposiciones o compromisos y se cruzan don diferentes variables en una matriz.
En lo relacionado con el enfoque étnico, se mantienen rezagos en la dinámica de la implementación general. De las 80 disposiciones con enfoque étnico, no se había iniciado el 13% a noviembre de 2023. Se encontró en estado mínimo el 61%. En estado intermedio se ubicó el 14% y sólo el 13% se había completado.
Se resalta que a la fecha se adjudicaron para licenciamiento 68 emisoras étnicas.
El bajo nivel de implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo Final de Paz (AFP) se evidencia en que de 13 compromisos que los componen, según la metodología del Instituto, dos no habían iniciado, ocho estaban en avance mínimo, dos en estado intermedio y solamente se completó uno. Esta es una tendencia similar en las otras 67 disposiciones del enfoque étnico y durante 2023 no se evidenciaron cambios cuantitativos con relación a 2022.
Así mismo, el Informe señala los hallazgos de la Contraloría General de la República con relación al bajo nivel de asignación de recursos para el enfoque étnico. Señala que entre 2018 a 2022 se destinó el 4,1% del total de recursos del Presupuesto General de la Nación al AFP. El Instituto insiste en “la necesidad de articular los instrumentos de planificación territorial” con el AFP, de manera integral.
Es de resaltar que sigue siendo clave el papel de la comunidad internacional para poder concentrar el respaldo político y financiero de la cooperación internacional en la implementación en acciones que fortalezcan la territorialización del principio de integralidad, mediante la formación de capacidades locales, de modo que la formulación y ejecución de los planes de desarrollo territoriales estén alineados con el Acuerdo Final. Esto es clave para territorializar la implementación en su integralidad, como quedó contemplado en el Acuerdo.
Finalmente, es clave señalar que los 8 conflictos territoriales que el Instituto señala afectan en gran medida a los pueblos étnicos y a la implementación en los territorios. De alguna manera la declaración de estado de cosas inconstitucional frente a la no implementación del Acuerdo le da un impulso a la implementación en estos territorios. Seguiremos luchando por que se cumpla lo pactado.
