Es hora de que la sociedad colombiana, en su mayoría, tome una decisión firme y colectiva: avanzar hacia la construcción de una paz que no solo ponga fin a la violencia armada, sino que aborde las raíces de las desigualdades y los conflictos cotidianos. Para ello, es crucial superar, entre otros, seis grandes obstáculos: la corrupción, el narcotráfico, la privatización de servicios esenciales, la violencia armada, la minería ilegal y la dependencia económica y tecnológica. Estos males no solo perpetúan la violencia, sino que también minan la posibilidad de un desarrollo justo y equitativo.
La corrupción es quizás el mayor enemigo de cualquier proceso de paz y desarrollo. Ha permeado todos los niveles de la sociedad colombiana, desde las instituciones estatales hasta el sector privado, afectando gravemente la confianza del ciudadano en el Estado. Es necesario implementar una reforma política que ataque la corrupción de raíz, mediante mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y el fortalecimiento efectivo del poder disuasivo y judicial del Estado. Fortalecer la participación ciudadana en la vigilancia de la gestión pública es fundamental para garantizar que los recursos destinados a la paz y al desarrollo no sean desviados ni mal utilizados.
El narcotráfico es otro de los grandes flagelos que ha alimentado la violencia en Colombia e impide el desarrollo económico sostenible. Este fenómeno ha financiado tanto a grupos armados ilegales como a redes de corrupción, creando un círculo vicioso difícil de romper. Es urgente seguir avanzando en una reforma rural integral que ofrezca alternativas económicas viables a las comunidades campesinas que hoy dependen del cultivo de coca, profundizar el desmantelamiento de las mafias dedicadas al lavado de activos, y ejercer un control efectivo sobre los insumos utilizados en la producción de cocaína, como la gasolina, el cemento, la maquinaria y los productos químicos importados.
La privatización de servicios esenciales, como la salud, el agua potable, la energía eléctrica, y el debilitamiento de la educación pública, han exacerbado las desigualdades. La falta de acceso equitativo a estos servicios ha generado un profundo resentimiento en amplios sectores de la población, alimentando el conflicto social. El Estado debe recuperar su papel como garante de estos derechos, asegurando que los recursos públicos se utilicen para beneficiar a toda la población, construyendo verdaderas alianzas con sectores sociales y privados. Estas alianzas deben fomentar la iniciativa de la gente, vinculándola al desarrollo sostenible de forma transparente y justa, en lugar de perseguirla.
La minería ilegal es otra de las problemáticas graves que enfrenta Colombia, no solo por el daño ambiental que causa, sino también porque alimenta la violencia armada y la corrupción. Las regiones ricas en recursos naturales se ven atrapadas en un ciclo de explotación que no beneficia a las comunidades locales. Es necesario continuar fortaleciendo, como se ha venido haciendo, la regulación estatal y la presencia institucional, impidiendo que la minería ilegal siga devastando ecosistemas y perpetuando la violencia. Es esencial promover alternativas económicas sostenibles para las comunidades afectadas, de manera que puedan salir del ciclo de dependencia de la minería ilegal.
Colombia debe promover la diversificación económica que permita a las comunidades rurales y urbanas acceder a fuentes de ingresos legales y sostenibles. Esto incluye el fortalecimiento del sector productivo agrícola, el apoyo a pequeñas y medianas empresas urbanas, y la promoción de proyectos de desarrollo local que sean inclusivos y respetuosos del medio ambiente. De ahí la importancia de modificar la Ley 101 de 1993, que establece un mecanismo de inversión obligatoria en el sector agropecuario. Con las medidas complementarias necesarias para no afectar al ahorrador o al cliente bancario, se deben ampliar los beneficios de esta ley a sectores de la economía popular, cooperativa y solidaria, que hoy requieren créditos blandos y ágiles.
La violencia armada sigue siendo una realidad dolorosa en Colombia. La sociedad en general, con el apoyo del Estado, debe hacer entender, mediante la movilización, la deslegitimación, la construcción de territorialidad, la participación política, la cultura de paz, el diálogo local y nacional, entre otras formas, a los grupos armados con reconocimiento político, a los herederos del paramilitarismo y a las bandas delincuenciales de acción urbana, su firme decisión de avanzar por el camino de la paz para construir la paz. Por su parte, el Estado debe implementar políticas de seguridad que vayan más allá de la militarización y continuar fortaleciendo la justicia, la protección de los derechos humanos y el cumplimiento de los acuerdos de paz. La construcción de la paz no será más lenta mientras el miedo siga siendo una constante en la vida de miles de colombianos y colombianas.
Es el momento de que la sociedad colombiana, una sus voces, tome una decisión valiente y avance hacia la construcción de una paz verdadera y duradera. La historia de Colombia ha demostrado que los cambios significativos solo son posibles cuando existe una voluntad colectiva de transformar la realidad. Hoy, más que nunca, es necesario que esa voluntad se materialice en acciones concretas y sostenibles.
