El pasado jueves primero de septiembre, siete miembros de la Policía murieron y uno resultó herido en una emboscada en el corregimiento San Luis, del municipio de Palermo, Huila. Este pavoroso hecho hace parte de la activación del llamado “Plan Pistola” por el cual se da la “orden de un grupo al margen de la ley para asesinar sistemáticamente a miembros de la Fuerza Pública” (Alarcón, 2022).
Este año la violencia contra la Policía Nacional ha aumentado significativamente. Solo durante el primer semestre, la Policía Nacional afirma que se han asesinado a 36 policías en servicio, la mayor parte atribuibles al Clan del Golfo. De los 36 policías asesinados, se confirmó que 26 eran patrulleros (23 hombres y 3 mujeres). Se trataba de jóvenes de aproximadamente 25 años que apenas estaban comenzando su carrera en la Policía. Además, con relación a los hechos del pasado primero de septiembre, se confirmó que, de los 7 Policías asesinados, uno era patrullero y 3 eran Auxiliares de Policía.
Sin duda, estos crimines han afectado especialmente a los jóvenes de la Institución. A propósito de los últimos hechos registrados, el Presidente Petro ordenó retirar de las zonas de conflicto a los auxiliares de Policía, en tanto no están preparados para afrontar ese tipo de escenarios. Evidentemente, este tipo de ataques afectan la política de Paz Total que está impulsando el Gobierno Nacional.
Nos enfrentamos, por un lado, a tiempos de cambio que requieren una Policía desde y para la paz, por el otro, a un reacomodamiento de estructuras criminales dedicadas al narcotráfico y la minera ilegal, que a través del control territorial dificultan ese tránsito a la transformación de esta institución.
El reto que enfrenta no solo el Gobierno Nacional sino Bogotá frente a la apropiación territorial por parte de estos grupos se acrecentará si no se toman medidas en torno a la apuesta de seguridad integral que incluya, pero que distinga con precisión el rol de las fuerzas militares y de la Policía Nacional; que entienda cómo funcionan esas organizaciones y que adopte un enfoque territorial.
Ahora, el propósito del Gobierno Nacional de atacar las causas directas de la guerra como la apropiación de la tierra, la desigualdad o el narcotráfico, debe pasar por humanizar el conflicto armado y reconocer a quienes desde la Fuerza Pública y desde la ciudadanía han sido históricamente afectados y desconocidos.
